Hospitales y residencias como negocio financiero: más muertes y más gasto innecesario || Juan Torres López

La derecha española se empeña en hablar de ETA en campaña electoral, como si siguiera poniendo bombas, para que no se hable de los auténticos problemas de España. Por ejemplo, de lo que está pasando y va a pasar en los hospitales y las residencias de mayores en los que se está dejando que penetren cada día más los fondos de inversión llamados en inglés «private equity«.

Estos últimos son capitales que adquieren paquetes mayoritarios de empresas para hacerse con su control con el fin de venderlas en un plazo de entre cinco y diez años. Para ello, se recurre casi siempre al mismo procedimiento: se impone una nueva estrategia de dirección orientada a aumentar los ingresos y recortar al máximo los costes; se endeuda a la empresa, muchas veces con el propio fondo y con el solo objetivo de repartir dividendos más elevados; y se venden sus activos (edificios, locales, instalaciones…) incluso también al fondo, el cual cobra luego por alquilarlos a la empresa.

Lo característico de esta inversión es esa forma de gestión orientada a conseguir el máximo beneficio a corto plazo y, sobre todo, que está orientada a venderla en un plazo de tiempo muy corto. Es decir, no se invierte para consolidar una empresa y desarrollar aún más su actividad, sino para «ensillarlas con montañas de deuda y luego exprimirlas como si fueran naranjas”, en palabras de Bill Pascrell, presidente del Subcomité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes sobre Supervisión de Estados Unidos.

En su inicio, esta inversión se realizaba sobre todo tipo de empresas (fue la causante, por ejemplo, de la quiebra de la conocida tienda de juguetes ToysRUs) pero últimamente se están centrando en el sector de la salud y los cuidados, de modo que sus efectos son mucho más relevantes social y personalmente.

Aunque la presencia de estos fondos es relativamente reciente y su actividad es muy opaca, ya se dispone de multitud de investigaciones académicas, parlamentarias o de organizaciones profesionales que proporcionan evidencias abrumadoras sobre las consecuencias que tienen sobre la gestión de las empresas que capturan y, sobre todo, sobre la salud y las condiciones de vida de las personas.

Voy a resumir brevemente lo que sabemos que ha ocurrido en otros países para hacernos una idea de lo que va a pasar en España cuando se consolide la tendencia que ya ha comenzado a darse.

En el caso de las residencias, se puede decir, en general, que las que son propiedad de estos fondos generan peores resultados por «anteponer las ganancias a las personas», tal y como dice una Hoja Informativa de la Presidencia de Estados Unidos.

La American Medical Association descubrió que las personas que están en residencias propiedad de estos fondos tienen más probabilidades de acudir a urgencias o de ser hospitalizas por causas que podrían haber sido evitadas con una mejor atención. Y, sin embargo, que estas residencias salen más caras que el resto. Prácticamente lo mismo descubrió otro estudio de la Universidad de Pensilvania.

Un documento de trabajo de diversos académicos publicado en el National Bureau Of Economic Research en 2021 mostró que la gestión de este tipo de capital aumentó la probabilidad de muerte durante la estancia y los 90 días siguientes en un 10% y la prescripción de medicamentos antipsicóticos en un 50%; disminuyó las horas de personal de enfermería de primera línea y la movilidad de los residentes, y el gasto de los contribuyentes por residente en un 11%.

Otro estudio demostró que la tasa de infección por COVID-19 y la tasa de mortalidad de los hogares de personas mayores en residencias propiedad de estos fondos fue entre un 30 % y un 40 %, respectivamente, más elevada que en el conjunto de las residencias en Estados Unidos.

Un informe del Instituto Veblen ha demostrado que «la toma de control de grupos de residencias de ancianos va acompañada de reorganizaciones y arreglos financieros, que parecen sobre todo destinados a preparar una reventa rápida y no a establecer un modelo económico viable diseñado para el largo plazo»

En relación con la gestión de hospitales completos o de servicios concretos, las evidencias también son abrumadoras:

– La American Medical Association ha demostrado que los pacientes pagaron más cuando los servicios que se proporcionan están controlados por este tipo de capitales o que los médicos atendieron a más pacientes, lo que indica utilización innecesaria de servicios para aumentar los ingresos. Se ha comprobado que esto último ocurre incluso en el caso de la odontología infantil financiarizada, un servicio en el que en Estados Unidos se han detectado prácticas sin anestesia para incrementar beneficios, o que se califica a nacimientos normales como de emergencia para cobrar más.

– Para aumentar beneficios se reduce la oferta de servicios con menos margen y eso ha hecho, en concreto, que los private equity hayan cerrado hospitales rurales en Estados Unidos); se recorta personal; y se sustituyen a profesionales médicos por otros de menor formación, lo cual se ha demostrado que incrementa el gasto y la probabilidad de tener que volver a ser tratados.

– En los hospitales y servicios gestionados por estos fondos hubo mayor escasez de medios como mascarillas, ventiladores en la pandemia.

– Una investigación de la Universidad de Berkeley muestra que estos capitales ni siquiera mejoran la medicina privada suministrada por el mercado puesto que «amplifican y aceleran la concentración y las prácticas anticompetitivas». Y concluye que «este negocio es fundamentalmente incompatible con un sistema de salud estable y competitivo que sirva a los pacientes y promueva la salud y el bienestar de la población».

– En Estados Unidos, las llamadas «facturas sorpresa» que suponen gastos imprevistos y fraudulentos asociadas a los servicios de salud propiedad de estos fondos se han extendido tanto que hasta el presidente Trump dijo que estaba decidido a terminar con ellas.

– En multitud de casos se ha comprobado que estos servicios están asociados a comportamientos fraudulentos. Sólo para hacer frente a reclamaciones por presentación de facturas al gobierno estos fondos han gastado 500 millones de dólares desde 2013.

– Una fuente tan poco sospechosa de radicalismo como la revista Forbes asociaba a estos fondos con «recortes draconianos para apoyar al personal y/o intercambiar médicos por otros profesionales menos costosos como enfermeras», «presionar a los médicos para que brinden más atención médica (a menudo innecesaria)»; o «aumentar los precios sabiendo que las aseguradoras no tendrán más remedio que aceptar».

Es normal que la adquisición de hospitales completos, residencias o servicios concretos por este tipo de capitales tenga efectos como los que acabo de señalar (entre otros que es imposible señalar en un texto limitado como este). Se trata de inversiones que, como he dicho, no se llevan a cabo para consolidar la actividad en la que se invierte, sino para obtener altísimos beneficios al venderlas al poco tiempo y, mientras tanto, utilizando el control de la gestión para extraer todo tipo de rentas de la empresa adquirida. Es un procedimiento destructor de empresas, pues las deja exhaustas, endeudadas y con cargas inasumibles a medio y largo plazo y por ello muchas de ellas terminan quebrando. Pero, lógicamente, todo esto es mucho peor cuando lo que adquieren estos capitales son servicios sanitarios y de cuidados, hospitales o residencias de mayores. Como dice un amplio estudio realizado por Public Citizen también en Estados Unidos sobre su actividad en estos campos, de lo que estamos hablando es de «la diferencia entre la vida y la muerte».

Es un proceso que en España ha comenzado a darse y que va a extenderse cada día más, tal y como han mostrado, entre otros, el libro de Manuel Rico ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias, o los artículos de Juan Pedro Velázquez-Gaztelu, El gran negocio de las residencias, y los aparecidos en Infolibre.

Por eso es muy urgente que se abra en nuestro país un debate amplio y riguroso y que se exija al gobierno central y a los autonómicos que legislen al respecto; al menos, como se ha comprometido a hacer para frenar los efectos que he mencionado, alguien tan poco sospechoso como el presidente Biden en Estados Unidos. Entre otras cosas, porque los inmensos beneficios que obtienen estos fondos a costa de suministrar peores servicios, de obligarnos a gastar más y provocando muertes innecesarias los pueden conseguir gracias a la opacidad de sus operaciones, a los privilegios fiscales de los que gozan y, en resumidas cuentas, porque, para colmo, se les está ayudando a que hagan todo eso con dinero público.

Juan Torres López  es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla || * Creative Commons que republicamos por su interés agradeciéndole al autor que comparta sus opiniones con nuestros lectores