No llames golpistas a los golpistas, es de mala educación. Nunca los curtidos oídos de las derechas españolas –implantadas en los centros esenciales de decisión- habían oído tamañas increpaciones en el Congreso y fuera de él. En las paredes del hemiciclo ya no resuenan los graves insultos contra diputados de izquierda, solo la insinuación de que ahora los golpes de Estado se dan con togas. Y más allá, con la ayuda de manipulaciones mediáticas. En este escandaloso momento en el que hemos visto cómo se ha intentado “bloquear el Parlamento y una votación, algo que no había ocurrido en los 40 años de democracia”, como dijo el presidente Sánchez, y tras mantener secuestrado el Poder Judicial desde hace cuatro años, lo asombroso es que hayan conseguido dar la vuelta a la realidad.
Es alucinante en fondo y forma. Imaginen un secuestro con rehenes (en este caso, toda la sociedad española), que se prolonga durante años con consecuencias visibles (nombramientos y sentencias de las ramas del Poder Judicial) y que el intentar ponerle fin por medios absolutamente legales convierta la liberación en un ataque a los pobres raptores. Las declaraciones de las derechas servidas por periodistas a su servicio han creado una auténtica alarma social. La siembra de confusión es atroz, como en los peores momentos de la historia.
Las instituciones están en peligro, dicen. Desde luego, más: están quebradas por la decisión del PP y sus cómplices de negarse a perder el poder que ostentan en ellas. Ilegítimo. Desde hace cuatro años el Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional, a partir de negarse a los nombramientos preceptivos de jueces no propuestos por los conservadores.
Se ha tomado aire, momentáneo al menos. Magistrados progresistas se negaron a secundar la maniobra del PP y de los miembros del Tribunal Constitucional, nombrados por el PP. Aunque sus escribas lo cuentan al revés. O se apuntan a que un Tribunal en rebeldía antidemocrática frene al Gobierno legítimo de España.
Un ya angustioso viacrucis en el que se observan fallos elementales en conceptos y deducciones lógicas. Sigue habiendo mucha gente que no entiende que el Gobierno nace de la voluntad popular expresada en las urnas. Y que su función es gobernar. Que el poder legislativo reside en el Parlamento, fruto de esa misma elección popular. Y que el poder judicial ha de interpretar las leyes promulgadas. Esos son los tres pilares del Estado de Derecho. Y ninguno ha de guiarse por lo que le guste o no le guste a alguien fuera de esos cauces. No puede el líder del PP, Núñez Feijóo, negarse a renovar el Poder Judicial “para protegerlo” del Gobierno de Sánchez, como ha declarado. Ni puede bloquear votaciones en el Congreso el Tribunal Constitucional.
Para lograr el PP seguir corrompiendo instituciones (según se traduce de sus declaraciones y hechos) ha de ganar las elecciones y para ello cuenta con los medios que le sirven. Si los oyentes y televidentes les practicaran un análisis crítico, verían el chirrido de algunos argumentos. La falsa equidistancia conlleva gruesas trampas que cualquier ciudadano puede apreciar. No puedes decir, entre mil circunloquios, que es ilegítimo el secuestro del Poder Judicial y la maniobra del Constitucional –que lo son- para repartir la culpabilidad en ambos contendientes y aconsejar elecciones anticipadas que decidan. ¿Para decidir si se da el poder a los golpistas, a los tramposos, con la colaboración de los medios?
Leí hace poco una reflexión muy acertada: “Ser neutral es encontrar un equilibrio entre criticar a la izquierda y ser tolerante con la derecha”. Y este colega, periodista griego, Kostas Vaxevanis, se define en su perfil de Twitter con esta idea que también comparto: “La responsabilidad del periodista es ser veraz, no neutral. Cuando se sabe quién agravia y a quién se agravia, la neutralidad es complicidad en el delito”. Precisamente vienen al caso. Tampoco se puede encender a la audiencia con “el bochorno de ayer en el Congreso”, cuando el bochorno lleva instalado ahí desde la llegada de la ultraderecha y de la derecha que usa el mismo procedimiento. Se puede calificar de golpistas a los golpistas, ponerlo en entredicho es ser cómplice de su actuación al lavarla. Si prefieren llamarles 'sus señorías golpistas', no hay objeción. Señorías presentes y ausentes. Menos miedo a la realidad.
Corriendo por la banda (derecha, naturalmente) llega la ex portavoz del PP Cayetana Álvarez de Toledo, buscando un lugar de poder en el barullo. Le da risa oír a Sánchez Castejón. Le escandaliza que insulte a venerables golpistas. Ella, que es un modelo de cortesía y respeto a las verdades que se inventa. Es constante. Álvarez de Toledo critica hoy que alguien tan competente y honesto como el Magistrado Martín Pallín mencione al Rey en un texto publicado en El País. Y lo califica de “sucia amenaza al rey”. Para nada es así, pero mueve más discordia. El prestigioso jurista expresa su temor de persistir el atrincheramiento del TC: “podría llevarnos a un conflicto institucional, en el que se puede comprometer a la persona del Rey, ya que, según el artículo 56 de la Constitución, se le concede la función de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones del Estado”.
Eso es, por el contrario, lo que se echa de menos, que el jefe del Estado cumpla con su obligación y se pronuncie al menos sobre esta terrible deriva de las Instituciones. No vaya a inducir a pensar que tampoco la que él regenta funciona como debiera.
Es un momento muy complicado. Las derechas no quieren soltar el Poder Judicial que nombraron y que, vez tras vez, consiguen mantener fraudulentamente aunque no se corresponda con las mayorías electorales. Algunos altos magistrados parecen participar del empeño. El Cuarto Poder –llamado así para ser la voz de la sociedad- hace aguas cuando se convierte en cómplice de estos sucios manejos.
No sé si como dice Pedro Sánchez “la democracia prevalecerá, y la Constitución prevalecerá”, pero sí que el único camino para que sea así pasa por la firmeza y atajar los raptos institucionales. Con la alarma social, se extiende de nuevo el descrédito de la política. Han aprendido de sus instructores mediáticos: todos son iguales, los que construyen y los que destruyen. Y en el río revuelto ya saben que… algunos se marean y no distinguen.
Rosa María Artal Periodista y escritora. Con una extensa carrera en RTVE, como presentadora de informativos y reportera de Informe Semanal. Corresponsal de El País en Aragón. Coordinó los libros Reacciona (2011) o Derribar los muros (2019), y es autora también de La energía liberada y La Bolsa o la vida, sobre la crisis del coronavirus.
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