El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto que establece nuevas medidas para el control del bienestar de los animales, mediante la instalación de cámaras y sistemas de videovigilancia en todos los mataderos, incluidos los móviles, independientemente de su tamaño. España se convierte así en el primer país de la Unión Europea que pone en marcha esta exigencia, que hasta ahora era de carácter voluntario, que incluye un tiempo de adaptación, de uno o dos años, en función de si se trata de un matadero grande o pequeño.

"Los sistemas de videovigilancia son una demanda de las personas consumidoras, que quieren tener certeza de que el producto ha sido sacrificado según unos estándares de bienestar animal", argumenta Rafael Escudero, secretario general de Consumo, quien recuerda que ya existen otros tipos de controles, como llevados a cabo por veterinarios, pero que se trata de buscar "una mayor certeza" para garantizar el buen trato a los animales. 

El Real Decreto ha sido impulsado por el Ministerio de Consumo y tiene como coproponentes a los ministerios de Agricultura, Sanidad y Derechos Sociales y Agenda 2030. Escudero explica que esta medida es "una repetida demanda de las asociaciones de consumidores, para tener mayor confianza, que dé garantías del bienestar animal; y de la propia industria cárnica, que también reclamaba este sistema de control". Por ello, añade, es una medida que cuenta con el respaldo de los diferentes actores.

El objetivo de instalar estos sistemas de videovigilancia pasa por garantizar el "bienestar animal durante la descarga, el traslado, la estabulación y el aturdimiento de los animales, y mejorar las garantías de seguridad alimentaria para los consumidores", explican fuentes del Ministerio de Consumo.

Esas cámaras deberán abarcar, como mínimo, las instalaciones en las que se encuentren animales vivos, incluyendo las zonas de descarga, los pasillos de conducción y las zonas donde se proceda a las actividades de aturdimiento y sangrado. En el caso de aves y porcinos, la instalación de las cámaras deberá permitir la grabación del escaldado para poder comprobar que no se someten a esta operación animales que presenten signos de vida, añaden las citadas fuentes.

"Se trata de una norma que sitúa a España a la cabeza de Europa en esta materia y que, además de garantizar el bienestar de los animales durante su permanencia en los mataderos, mejora también las garantías de seguridad alimentaria para los consumidores", valora el ministro de Consumo, Alberto Garzón, a través de un comunicado.

A partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de este Real Decreto, los mataderos grandes tendrán un año para instalar las cámaras de videovigilancia y los pequeños, dos años. Se calcula que en España existen actualmente cerca de 700 mataderos, la mitad de ellos, pequeños. ¿Qué determina la diferencia de tamaño? El número de animales que se sacrifican.

"Uno pequeño no supera las 40 vacas, bueyes o toros sacrificados a la semana. Unos 2.000 al año", argumenta Rafael Escudero. En cambio, en uno grande pueden alcanzarse los 200 cerdos o las 400 ovejas a la semana. El cálculo de Consumo es que cada matadero tendrá que destinar alrededor de 6.000 euros a la instalación de estos sistemas de videovigilancia, por lo que se entiende necesario dar un tiempo de ajuste para diluir el impacto económico. 

La obligatoriedad de contar con cámaras de videovigilancia se convierte así en una herramienta más para mejorar las labores de supervisión y de control de este tipo de instalaciones, que recae en las Comunidades Autónomas, y que no prevé sanciones adicionales. Si llega el plazo, de 12 o 24 meses, en el que los mataderos deben contar con cámaras, y no cumplen, los gobiernos regionales podrán instar a la empresa dueña de la instalación a colocar la videovigilancia o incluso cerrar el matadero.

Si las grabaciones detectan irregularidades, además de las sanciones que ya se contemplan en la legislación actual, se podrá retirar el certificado de bienestar animal a las empresas. 

Los últimos datos del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria (PNCOCA) 2016-2020, señalan que en ese último año se produjo un aumento del 24% en la cifra global de incumplimientos en los controles oficiales específicos sobre bienestar realizados por las Comunidades. De estos incumplimientos, el 64% estaban relacionados con el manejo inadecuado en la descarga, el traslado o la estabulación de animales, las condiciones del aturdimiento y sangrado o la formación de los operarios que realizan el sacrificio.

El ministerio de Consumo indica que los responsables de los mataderos deberán guardar las imágenes grabadas para posibles comprobaciones a posteriori. En concreto, "de acuerdo con la legislación de protección de datos, tendrán que guardarlas un mes o más tiempo, en caso de que se abra un expediente". Asimismo, las empresas tienen que contar con un delegado de protección de datos, que será la persona responsable de las grabaciones.

Los mataderos también tendrán que asegurar la reproducción, la copia o la transmisión de las mismas a otros dispositivos con igual calidad que la grabación original, indica Consumo.

Alberto Garzón