En España se denuncia, de media, una violación cada cinco horas. Cada año tienen lugar hasta 400.000 incidentes de violencia sexual contra 350.000 víctimas, la inmensa mayoría mujeres y niñas. Dentro de esa magnitud, fue una violación la que prendió la mecha de un movimiento de rabia y reivindicación que puso la violencia sexual en el centro de la agenda. Sucedió en 2016, en la primera noche de las fiestas de San Fermín, en Pamplona. Seis veranos después, ola feminista y cambio de Gobierno mediante, el Congreso ha aprobado este jueves definitivamente la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual.

La norma ya estuvo a punto de aprobarse definitivamente en julio. Entonces, el día 19, el pleno del Senado acogió un debate de más de cuatro horas tras el que se daba por hecho la aprobación. Sin embargo, un inesperado embrollo con una enmienda que ya había sido aprobada previamente en el Congreso pero que por error volvió al Senado, retrasó su aprobación. La enmienda, de Junts, que solo implicaba añadir una letra a una palabra, tuvo el apoyo de varios grupos aunque fue el PP el que, sorpresivamente, le dio el espaldarazo definitivo. Inmediatamente, el senador Javier Maroto celebraba en Twitter que la ley tuviera que ser revisada de nuevo en el Congreso.

Durante el debate parlamentario de este jueves, ha habido varias alusiones a ese retraso. Como el que ha hecho la diputada de Unidas Podemos Sofía Castañón, que aseguraba que esta ley "crucial para la vida y la libertad de las mujeres" ya se había debatido en profundidad y "debería estar ejecutándose ya". También la diputada de Ciudadanos Sara Giménez criticaba la maniobra para dilatar la aprobación basándose en "una sola palabra". Giménez celebraba el texto, que, ha dicho, ofrece herramientas para que la judicatura dé "una respuesta proporcionada y justa" y adapta las recomendaciones del Convenio de Estambul, referente en la materia.

También la representante del PSOE Laura Berja hablaba de una ley "completamente necesaria" para cumplir con los "derechos civiles de la mayoría de la población" y los acuerdos internacionales. Tanto Berja como Castañón hicieron alusión en sus intervenciones al movimiento feminista, al que le agradecieron su empuje y su labor. Más crítica se mostraba Mireia Vehí, de la CUP, que lamentaba la falta de oportunidad de mejorar ciertos aspectos de la norma. "Lo deja todo en manos del Código Penal", decía, una afirmación que rebatió después Castañón, que hacía alusión a las medidas que abordan la salud, los protocolos de actuación o la educación. Vehí mencionaba el fenómeno de los pinchazos a mujeres y el terror sexual que trata de infundirse: "Urge tratar la masculinidad desde una perspectiva feminista".

Las críticas más fuertes procedieron de las derechas. La diputada del PP Marta González aseguraba que la ley genera inseguridad mientras criticaba que no serviría para que la investigación de si hubo o no consentimiento no recaiga en la víctima. No obstante, no puso objeción al sistema de protección y reparación por ser similar al que ya contemplaba la Ley de Violencia de Género de 2004. Desde Vox, Carla Toscano tiraba de racismo y de ataques al feminismo para criticar la ley. "A ver si lo feminista es que hay que cerrar la puerta en la cara a las personas que vengan a España a agredir a las mujeres", decía Toscano, que ha llegado a afirmar que la norma del 'solo sí es sí' "criminaliza a una raza, la blanca". Sus comentarios racistas han hecho que la diputada de ERC María Carvalho Dantas haya solicitado a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, su retirada.

Las derechas ya intentaron tumbar la norma: cuando arrancó su trámite en el Congreso, PP y Vox presentaron enmiendas a la totalidad, que no salieron adelante por falta de apoyos.

La nueva ley despliega un entramado de medidas con las que pretende poner en marcha un modelo de atención similar al que comenzó con la Ley Integral de Violencia de Género en 2004 pero, en este caso, para las víctimas de violencias sexuales. Por un lado, la norma implica un cambio en el Código Penal para que el consentimiento esté en el centro de la tipificación de los delitos de violencia sexual: desaparece el abuso y, por tanto, la necesidad de probar que ha habido violencia o intimidación para calificar el delito como agresión sexual. Ahora, todo acto sin consentimiento será considerado agresión sexual. Tendrá que haber, además, juzgados especializados.

Por otro, despliega también todo un itinerario de atención y reparación para quienes sufran violencia sexual. Establece, por ejemplo, la creación de una red de centros de atención abiertos 24 horas todos los días del año. El objetivo es que haya al menos uno por provincia en 2023, aunque actualmente solo existen en Madrid y Asturias. El Gobierno ya ha transferido dos líneas de crédito a las comunidades para que los pongan en marcha, un dinero que procede de los fondos europeos de recuperación.

Tal como ya sucede en el caso de la violencia de género, denunciar no será indispensable para poder acceder a los derechos y ayudas que contempla la ley, ni para ser acreditada como víctima. Servirá con un informe de Servicios Sociales, sanitarios o centros especializados.

Horas antes del debate, la ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguraba en el patio del Congreso que este jueves era un "día de victoria": "Por fin nuestro país reconoce que el consentimiento es lo que tiene que estar en el centro de todas las relaciones sexuales. Ninguna mujer tendrá que demostrar que ha habido intimidación o violencia para que se reconozca su agresión". Montero ha destacado también la puesta en marcha de itinerarios integrales de atención y reparación para las mujeres que sufran violencia sexual. "El grito del 'solo si es sí' y del 'hermana, yo sí te creo' se hace ley. Quiero agradecer a todo el movimiento feminista y a todas las víctimas de violencias sexuales que han dado la batalla para que el Gobierno pueda dar este paso y podamos decir que 'solo sí es sí' también en nuestras leyes", ha remarcado.

Unidas Podemos