Es habitual que en cualquier Debate sobre el Estado de la Nación se anuncien nuevas medidas. En un contexto de inflación desbocada, una guerra en Europa y dos años después del inicio de la pandemia, el presidente del Gobierno ha reconocido que comprende "la angustia, la frustración y el enfado de todos". "También es el mío", ha dicho al inicio de una primera intervención en la que ha ido intercalado diferentes medidas con las que el Ejecutivo pretende contrarrestar la crisis económica y energética.

Algunas, como la tasa a los beneficios extraordinarios de la banca, son nuevas. Otras, como ese impuesto a las eléctricas, ya llevaban semanas sonando. Y otras, como la gratuidad de los abonos de viajes en los servicios de cercanías, rodalíes y media distancia de titularidad pública suponen la ampliación del plan anunciado en junio.

Estas son todas las medidas que ha desgranado Sánchez durante el Debate sobre el Estado de la Nación:

"Este Gobierno no va a permitir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de unos pocos". Sánchez ha anunciado así un impuesto extraordinario sobre los beneficios a las compañías eléctricas que, según los cálculos del Ejecutivo recaudará unos 2.000 millones de euros al año. Este impuesto, que afecta a las grandes empresas eléctricas, gasistas y petroleras tendrá carácter excepcional y temporal y gravará los beneficios obtenidos en 2022 y 2023, que alcanza niveles récord a causa del aumento del precio de la energía. "Los sobrebeneficios" de estas compañías "no caen del cielo", ha dicho, sino que salen "del bolsillo de los consumidores".

Este impuesto ya se estaba discutiendo en el seno del Gobierno de coalición. De hecho, a finales de junio, fuentes del Ejecutivo ya mostraban su confianza en que la medida estuviera aprobada antes de que acabe 2022. La medida era una reivindicación del socio minoritario, Unidas Podemos, que este martes ha aplaudido la medida. "Lo que antes era imposible, ahora es posible", ha asegurado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ha señalado que "faltan las grandes corporaciones cotizadas en Bolsa" pero que irán "poco a poco ensanchando". La líder de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado: "Como pedios desde hace semanas, hoy se empieza a concretar el cambio de rumbo del Gobierno".

En la misma línea que el impuesto a las eléctricas, el presidente del Gobierno ha anunciado una tasa a las entidades bancarias que se están beneficiando con la subida de los tipos de interés. De nuevo, será temporal y tendrá carácter retroactivo. Incluye todo el año 2022 y el 2023 y el Gobierno estima que recaudará por este concepto unos 1.500 millones de euros cada año, 3.000 millones en total.

Este anuncio se ha dejado notar rápidamente en Bolsa, donde los grandes bancos han comenzado a experimentar fuertes pérdidas tras conocerse este nuevo impuesto sobre sus beneficios extraordinarios.

El Ejecutivo ya había anunciado en junio una rebaja del 30% para los transportes públicos que dependen de las comunidades autónomas y los ayuntamientos y dejaba en manos de estas administraciones la ampliación del descuento hasta el 50% o el 60%. Entonces comunicó también una rebaja del 50% en los bonos mensuales de los transportes de titularidad del Estado –Cercanías, Rodalíes y media distancia de Renfe–.

Este martes el Gobierno ha utilizado la intervención inicial de Sánchez en el Debate sobre el Estado de la Nación para ir "un paso más allá" y ampliar esa rebaja al 100%. Es decir, los abonos en esos trenes serán gratuitos desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de este año. Además, el presidente ha pedido al resto de administraciones un esfuerzo similar para ampliar los descuentos en los transportes públicos que dependen de ellas.

"Las becas son un ascensor social y no un mecanismo para perpetuar desigualdades", ha asegurado el presidente del Gobierno, que ha anunciado una ayuda complementaria de 100 euros al mes para todos aquellos estudiantes mayores de 16 años que ya estén recibiendo en este momento una beca para el estudio. Según ha expresado Sánchez, la recibirán cerca de un millón de alumnos, entre los meses de septiembre y diciembre, lo que suma 400 euros por estudiante. "Nadie tiene que dejar sus estudios por problemas económicos en nuestro país", se ha comprometido.

Este anunció llega en medio de la polémica por las becas de la Comunidad de Madrid ha estudiantes de familias que ingresan hasta 35.913 euros por miembro, que la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha llegado a definir como "clase media".

Sánchez ha reclamado también "adoptar medidas de ahorro energético". "Quiero ser claro" y "quiero ser también preciso", ha dicho: "Habrá que impulsar medidas como incrementar el teletrabajo, fomentar el transporte público, bajar un poco la temperatura de nuestra calefacción o subirla en el aire acondicionado", ha enumerado.

"Nada que atente contra nuestro modo de vida, pero sí acciones que nos permitan defender nuestros valores y nuestro modo de vida cuando son atacados", ha dicho el presidente del Gobierno en referencia a las consecuencias de la guerra en Ucrania en el suministro energético de Europa. "España es un país fundamental de la Unión, por eso estamos pidiendo desbloquear las interconexiones energéticas con el resto de Europa para ayudar a paliar las consecuencias de la gran dependencia europea del agresor [Rusia]", ha dicho.

En materia de vivienda, Sánchez ha recordado desde la tribuna de oradores "la primera ley de vivienda de nuestra democracia" y el límite a la subida de los alquileres y ha anunciado que desbloqueará "de inmediato" la Operación Campamento "para la construcción de hasta 12.000 viviendas en la ciudad de Madrid, el 60% de las cuales serán viviendas públicas".

Además de las medidas de carácter económico, Sánchez ha afirmado que "también en materia de democracia y derechos civiles" van "a ir más allá". Tras reivindicar la nueva ley de memoria democrática, que ha salvó la semana pasada la primera votación en el Congreso y enfila su aprobación definitiva, el presidente del Gobierno ha anunciado que "próximamente" se aprobará una ley de protección del informante, "para proteger a quienes denuncien la corrupción", una ley integran contra la trata y explotación de seres humanos, la ley contra la discriminación racial, la de secretos oficiales y una ley para regular la actividad de los lobbies.

Estas leyes ya estaban en la agenda del Ejecutivo. En mayo, tras el 'caso Pegasus', Sánchez ya planteó acelerar cambios en la ley de Secretos Oficiales, que lleva años bloqueada en el Congreso. El presidente dijo entonces que era "impostergable": "La actualización de las Estrategias de Seguridad Nacional y de Ciberseguridad, así como la nueva ley de Secretos Oficiales y la reforma de la ley orgánica reguladora del control judicial del CNI, pondrán al día los procedimientos y acometerán los cambios necesarios para evitar que estas brechas de seguridad vuelvan a producirse", aseguró.

En el caso de la ley de protección del informante, el Consejo de Ministros aprobó a principios de marzo el anteproyecto de Justicia, que supone la transposición de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo.

Unidas Podemos