Ha hecho falta más de un año de negociación, pero hay acuerdo social sobre la reforma para que los autónomos coticen según sus "ingresos reales". El Ministerio de la Seguridad Social que dirige José Luis Escrivá ha logrado cerrar el consenso con los agentes sociales y las principales organizaciones de autónomos para el despliegue de esta reforma de calado, entre 2023 y 2025. Con el nuevo Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), los trabajadores por cuenta propia pasarán a cotizar en función de lo que ganan, como los asalariados, y no lo que elijan, lo que hace que casi nueve de cada diez pague lo mínimo posible. Tras mucho baile de cifras, se establecen 15 tramos de ingresos con cuotas entre los 200 euros y 590 euros al mes a partir de 2025, a las que se llegará progresivamente en los próximos dos años. 

Para cerrar el acuerdo final, el ministro José Luis Escrivá puso sobre la mesa otra oferta más el pasado viernes: los autónomos con rendimientos netos por debajo de 670 euros cotizarán 230 euros mensuales en 2023, que se reducirá a 225 en 2024 y se quedará en 200 euros en 2025. Para los trabajadores cuyos rendimientos netos estén por encima de 6000 euros, el último tramo, pagarían a la Seguridad Social 500 euros en 2023, para subir a 530 euros en 2024 y quedarse en 590 euros a partir de 2025.

La última propuesta del Ministerio que ha facilitado el acuerdo está muy lejos de los planteamientos previos del ministro. La negativa de ATA, la asociación de autónomos que pertenece a la CEOE, de aceptar las cotizaciones más altas y las posiciones contrarias de UATAE, vinculada a CCOO, y UPTA, relacionada con UGT, de dar vía libre a un acuerdo hasta que se rebajaran las cotizaciones para los rendimientos más bajos y que se quedara la puerta abierta más allá de 2025 para que se siguieran subiendo las cotizaciones de los autónomos de mayores ingresos han dilatado un acuerdo que parecía cerrado desde el 1 de junio.

Para tener una idea de cómo Escrivá ha tenido que ir modulando su posición, en enero de 2022 la propuesta que estaba sobre la mesa contaba con 13 tramos y los autónomos con rendimientos netos por debajo de los 600 euros iban a cotizar con 282 euros mensuales en 2023, con un sistema que anualmente fuera rebajando la cuantía a pagar hasta 2031, que se quedaría en 184 euros mensuales. En el caso de los autónomos con ingresos más altos, la barrera estaba colocada en 4.050 euros, y seguía una progresión ascendente que iba de una cotización de 352 euros en 2023 a 1.267 euros mensuales en 2031.

La organización cercana a la CEOE fue la que puso más problemas al acuerdo final. Aunque ATA se posicionó a favor de la cuantía de las cuotas y los tramos, no había unanimidad en la organización para aprobar los puntos de las prestaciones por cese de actividad, con lo que la aprobación definitiva se traslado a una discusión que se terminó en la madrugada del miércoles en el seno del Comité Ejecutivo de la patronal.

La reforma que se va a probar finalmente supone una reducción de la cotización de los trabajadores que menos ganan, ya que a día de hoy la cuota mínima es de 294 euros al mes (o 377 euros para los autónomos societarios). En cambio, supondrá un aumento de lo que pagan los autónomos con ganancias más elevadas, que poco a poco irán ajustando su aportación a sus rendimientos netos. Hay que tener en cuenta que de los más de tres millones de autónomos el mayor número, cerca de 1,3 millones de trabajadores, están en el tramo más bajo con menos de 670 euros al mes.

El sistema se ha diseñado para que sea flexible, de manera que los autónomos podrán cambiar de tramo según sus ingresos. En el acuerdo se prevé que la Seguridad Social admita cambios de la base de cotización cada dos meses. Ahora bien, el organismo público seguirá la evolución de las cotizaciones de los autónomos y sus ingresos y podrá exigir el pago de la diferencia en caso de que el trabajador tuviera rendimientos netos superiores al tramo por el que estaba cotizando.

El acuerdo social también incluye una mejora de la protección social, principalmente en el llamado paro de los autónomos o cese de actividad. Los sindicatos y organizaciones progresistas insistían en que, de la mano de una cotización más justa en función de los ingresos, la Seguridad Social también tenía que mejorar algunas prestaciones como esta.

En este sentido se ha acordado que para el cese de actividad basta con el 60% de reducción a la totalidad de la plantilla o bien la suspensión de los contratos del 60% de la plantilla, frente al 75% que se pedía con anterioridad. Se elimina el requisito de haber cotizado los doce meses anteriores de forma ininterrumpida para acceder al cese de actividad, ahora exigen haber cotizado al menos 12 meses en los últimos 24 meses y se elimina el requisito de no tener cumplida la edad ordinaria de jubilación en el caso del cese de actividad temporal o parcial.  

Además, se mantiene la tarifa plana reducida (70 euros al mes) para los trabajadores que inician su actividad en los dos primeros años. El Gobierno propuso restringirla solo a las personas de ingresos bajos, pero finalmente se amplió a todos los nuevos autónomos. Esta era una de las principales reclamaciones de ATA. 

Otro de los aspectos que más problemas ha provocado para llegar a un acuerdo ha sido atar en la ley que al final del periodo de transición de la reforma se cumplirá la cotización según los rendimientos netos. Según UATAE se ha conseguido "la garantía de consolidación del sistema y por tanto la continuación de mayores reducciones a partir de 2025, junto con las mejoras en materia de cese de actividad y el compromiso de continuar negociando futuras mejoras del sistema".

La secretaria general de UATAE, María José Landaburu, ha declarado que se ha "avanzado para que en 2025 la cuota se quede en 200 euros para el tramo de menos ingresos y en 220 euros en el siguiente tramo, lo que nos permite transitar hacia el definitivo modelo de cotización por ingresos reales de una forma más justa". 

Reforma demandada desde hace años

El acuerdo se plasmará en una ley con la que el Gobierno cumplirá con un compromiso de legislatura de la coalición de PSOE y Unidas Podemos, pero también con una recomendación de la mayoría política en el Pacto de Toledo para asegurar el futuro de la Seguridad Social y el sistema público de pensiones. 

Que los autónomos pudieran decidir por cuánto cotizar genera varias disfunciones, como una protección social mínima (pensiones, bajas, permisos por nacimiento de hijo), pero también una anormalidad por la que los trabajadores de escasos ingresos y los que ganan miles de euros al mes pagan lo mismo mes tras mes. Porque el 86% de los autónomos cotiza lo mínimo posible. 

Además, esta situación ha generado un importante déficit en el régimen de autónomos de la Seguridad Social (RETA), mucho mayor que en los asalariados. Según los últimos datos del Ministerio, el agujero alcanza alrededor de 10.000 millones de euros y supone que el sistema gasta en prestaciones el doble de lo que ingresa en cotizaciones. 

Este cambio de sistema de autónomos está encuadrado por ello en la reforma de pensiones para hacer más sostenible el sistema de la Seguridad Social. A partir de ahora, el ministro José Luis Escrivá y su nuevo 'número dos', Borja Suárez, deberán iniciar la negociación de lo que resta del segundo bloque de medidas para cumplir con los cambios comprometidos. Todo antes de que termine el año y bajo la atenta mirada de Bruselas.

Unidas Podemos