El Congreso ha reactivado la tramitación de la nueva Ley de Memoria Democrática con la convocatoria este miércoles de la ponencia que debe empezar a debatir las enmiendas que los distintos grupos registraron el pasado mes de noviembre. Entonces, el PSOE decidió dejar congelada la ley al no contar con apoyos suficientes para sacarla adelante pero ahora se ve en condiciones de hacerlo y ha optado por retomar el asunto.

El Consejo de Ministros aprobó el proyecto a finales del pasado mes de julio y el texto superó las enmiendas de totalidad que registraron el PP, Vox y ERC el pasado 14 de octubre. Los republicanos, que ya votaron en contra de la vigente Ley de Memoria en 2007 y consideran muy insuficiente la ley del Gobierno, llegaron a registrar un texto alternativo que también fue rechazado.

Según han informado a Europa Press fuentes republicanas, ERC mantiene su negativa a apoyar la norma, pero el PSOE confía en que las negociaciones que ha venido manteniendo también con otros socios como el PNV, Bildu y otras formaciones minoritarias fructifiquen y la ley salga adelante.

El texto cuenta con el rechazo frontal del PP y Vox. Aunque no presentó enmienda de totalidad, este martes el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha explicado en rueda de prensa que a su formación le parece suficiente la ley vigente y ve innecesaria la reforma, sobre todo, ha dicho, tras la enmienda pactada por el PSOE y Unidas Podemos que, a su juicio supone "la derogación de la Ley de Aministía".

Los dos partidos que integran el gobierno de coalición acordaron un paquete de enmiendas conjuntas para mejorar la ley y dar cabida a algunas de las reclamaciones de Unidas Podemos, que siempre ha defendido la necesidad de garantizar que los crímenes del franquismo puedan ser juzgados en España, lo que hasta ahora ha sido imposible por la Ley de Amnistía de 1977.

En este contexto, pactaron una enmienda para recalcar que aquella norma, clave en la Transición, se debe interpretar y aplicar conforme al Derecho internacional en particular, el humanitario, según el cual "los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables".

Desde Unidas Podemos se aseguró que esa redacción abría la puerta a juzgar por ejemplo a torturadores franquistas, pero el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, llegó a reconocer que no tendría en realidad efectos prácticos porque no deroga la ley del 77 sino que, al contrario, ratifica su vigencia y reafirma que se tiene que interpretar conforme a los tratados internacionales.

Todo ello soliviantó a ERC, cuyo portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, acusó al Gobierno de haber intentado "vender humo" con esas modificaciones y dejó claro que las víctimas no encontraran respuestas a sus demandas en la Justicia española mientras no se toque la Ley de Amnistía.

La principal demanda de ERC en esta materia es la ilegalización del régimen franquista. También solicita, entre otras cosas, que las víctimas puedan reclamar los patrimonios "robados" por la dictadura. Rufián también se mostró muy crítico otra la enmienda pactada por PSOE y Podemos, a los que acusó de intentar "engañar a la gente" por decir que con ella se permitiría a las víctimas o sus descendientes recibir reparaciones económicas y patrimoniales.

La cesión a la Generalitat de la sede de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, sita en la Vía Laietana de Barcelona, es otra de las peticiones de ERC, que quiere convertir el edificio en un centro de la memoria que recuerde a las personas que fueron torturadas allí cuando albergaba a la Brigada Político Social franquista.

Unidas Podemos