Este miércoles supimos que la Audiencia de Madrid ha juzgado y ha absuelto a los concejales de la formación de Manuela Carmena, Ahora Madrid -Carlos Sánchez Mato, Celia Mayer y la directiva Ana Varela- que habían sido acusados por el Partido Popular de malversación de fondos públicos y de prevaricación por haber encargado unos informes jurídicos sobre los contratos de la anterior corporación, la de Ana Botella, firmados para el Open Madrid de Tenis. Unos contratos "raros" en los que cada año que pasaba, el Ayuntamiento tenía que pagar más. Parecía desde el principio inadmisible -lo conté en Los fraudes de ley del PP- que el interés de unos servidores públicos por saber si se había firmado algo que perjudicaba a los ciudadanos madrileños fuera investigado como delito y mucho más que ese delito no lo viera la Fiscalía -que no acusaba- sino solamente el Grupo Municipal del PP y Villarejo, que se personó con su artefacto para hacer su guerra jurídica llamado Transparencia y Justicia. Han tenido que pasar cinco años, han tenido que aguantar que les llamen delincuentes en todos los plenos a los que asistieron, que la derecha mediática los machacara, han tenido que sufrir un juicio, para que un tribunal diga ahora que "no se ha probado que los acusados, en el ejercicio de sus competencias y responsabilidades, tuvieran otra intención que salvaguardar los intereses y las arcas municipales". Héteme aquí que por hacer su trabajo les han arrastrado por el lodo de una manera que el tribunal considera "una temeridad" y "mala fe" por parte del PP. 

Me dirán que bien está lo que bien acaba y les diré que el problema es que esta cuestión debería haber concluido mucho antes de que se celebrara un juicio en la Audiencia Provincial. Este caso de lawfare -guerra judicial- saca a la luz los extraños tejemanejes que se producen en algunos juzgados de Instrucción de Madrid para mayor gloria del PP y sus amigos. No hay que quedarse sólo con que Mato y Meyer llevaban razón sino que hay que preguntarse por qué hubo jueces que viendo que la Fiscalía no acusaba, viendo que no había prueba alguna contra ellos, viendo que la única acusación la ejercían sus adversarios políticos y el tal Villarejo no archivaron mucho antes de que la cosa llegara a mayores. La verdadera cuestión es qué le sucede a un juez de instrucción si mantiene vivas instrucciones indebidamente o si comete irregularidades procesales y qué sucede si además es un habitual de tales cuestiones. Qué pasa con los jueces que hacen las guerras del PP una y otra vez sin que ni las quejas al CGPJ ni las recusaciones ni las sentencias, como la que comento, que dejan al descubierto su forma de proceder, tengan ninguna consecuencia para ellos. 

La querella del PP contra los concejales de Manuela Carmena fue admitida a trámite en 2017 y declarada causa de especial complejidad. El caso es que llegó 2019 y los imputados pidieron que se sobreseyera la causa de una vez, a lo que la juez Concepción Jerez contestó con una providencia -un escrito sin argumentación jurídica- "estese a lo acordado". Como quiera que ni argumentaba ni les contestaba, presentaron un recurso ante la Audiencia que fue estimado en abril de 2019, dándose orden de que se dictara resolución motivada sobre la petición de sobreseimiento. Que si quieres arroz, Catalina. No se hizo ni caso a la Audiencia. En julio, su abogada, Isabel Elbal, volvió a pedir que se obedeciera a los superiores y en septiembre aún tuvo que reclamarlo. Se llegó a presentar una queja ante el CGPJ, porque es como poco inaudito que una juez de Instrucción pase de lo que le ordena su Audiencia. Ya se pueden imaginar lo que hizo el Consejo con la queja. Eso sí, surtió un curioso efecto sobre la juez Concepción Jerez, porque fue plantearla y que le entraran las prisas por dictar auto de transformación en Procedimiento Abreviado, el equivalente al procesamiento, eso sí, sin acusación del fiscal, que en el juicio pidió la absolución. 

En contraposición, en 2017 los concejales habían llevado a Anticorrupción los contratos del Open Madrid y los informes de los bufetes que les valieron ese juicio que ahora acaba. En este caso, sí, cuando los fiscales entregaron al juzgado las diligencias, no se admitió a trámite el procedimiento porque el juez Peinado, en el juzgado de Instrucción 41, consideró que a pesar de que los hechos relatados podían tener apariencia de delito "no se ofrecían elementos de prueba sobre ello". Ya ven la paradoja, los justos ajusticiados y ni la más mínima diligencia para ver si el dinero de los contribuyentes había sido mal usado. 

Así que la Audiencia dice ahora lo que Concepción Jerez debió ver muchos años antes. Pero es que Jerez es una juez que por su trayectoria parece que es bizca de un ojo. Así hemos sabido estos días que la Audiencia Provincial la ha obligado a reabrir un caso que había archivado a toda prisa: aquel en el que el cuñado de Esperanza Aguirre la acusaba a ella y a su marido por la venta de un Goya de la familia. Ya ven que a esta magistrada la tienen que corregir mucho, sobre todo cuando anda el PP o sus gentes por medio. En concreto la Audiencia ordena a Jerez desarchivar la causa y tramitar la recusación que Iñigo Ramírez de Haro le planteó por parecer "juez y parte" en el interrogatorio que se practicó al director de ventas de Sotheby´s ya que "no dejaba preguntar a la acusación ni por Esperanza Aguirre ni por Villar Mir". 

Hay muchos ejemplos más. Concepción Jerez tuvo durante 7 años abierta una causa contra la doctora Pinto a instancias de Villarejo y López Madrid, a pesar de que todos sabemos que la Audiencia Nacional lo que ha visto es que hay que juzgar a ambos por el apuñalamiento de esta mujer y que el fiscal les pide 13 años. ¡Hay que ver qué manía con perseguir a los buenos y tener por perseguidores a los equivocados! Sólo les comento que ya es casualidad que sea esta juez la que ha imputado a tres altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez por la compra de mascarillas, a petición de Vox, y justo al estallar el escándalo del hermano de Ayuso. Por el momento está sirviendo a los devotos en cada tertulia para combatir cada dato extraño que fluye contra el hermanísimo o contra Medina y compañía.  

La cuestión me conecta en la mente, vayan a saber por qué, con las revelaciones contenidas en los audios que El País está haciendo públicos estos días y en los que hemos asistido al bochornoso espectáculo del entonces decano de los juzgados de Madrid, José Luis González Armengol, entre Esperanza Aguirre y Villarejo para ver si éste le quitaba la acusación que sostenía por haber aparcado en Gran Vía. Y es que también me dicen que a Carlos Sánchez Mato le llegaron personas de parte del excomisario para decirle que podían retirar la acusación en el caso Open Madrid si Izquierda Unida y Podemos se retiraban de Tándem en la Audiencia Nacional. 

No hay ninguna fórmula de control judicial, a través del CGPJ u otra instancia, que sea capaz de conectar estas trayectorias, estos errores o deficiencias procesales cometidos en diversas ocasiones, corregidos reiteradamente, y que nos pueden hacer pensar o bien en la torpeza jurídica de algunos jueces o bien en su forma de participar en la guerra de togas del PP. Concepción Jerez tiene aspiraciones, por cierto, miembro muy activa de la conservadora APM fue candidata a sustituir a González Armengol, que salió del decanato para convertirse en responsable de Seguridad de El Corte Inglés. 

Napoleón sólo conocía bien a los jueces de instrucción de Francia ¡si levanta cabeza y ve Madrid! 

Izquierda Unida