No ha llegado la sangre al río, pero a punto ha estado de quedarse en el camino la ley del 'solo sí es sí'. Dos años después de que el Consejo de Ministros diera luz verde por primera vez, una de las medidas estrella del Gobierno ha sufrido para salir adelante en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, donde este miércoles se debatía el dictamen del texto, el paso previo a su aprobación en el Pleno que se celebrará la semana que viene. La aprobación de la norma que lleva el nombre del grito contra las 'manadas' que se escuchó en manifestaciones feministas en todo el país ha provocado una enconada negociación durante meses, que se ha prolongado hasta el último segundo en una dura jornada parlamentaria marcada por el cruce de acusaciones. Tras un periodo de tregua, al menos en público, la política de igualdad ha reabierto la grieta entre PSOE y Unidas Podemos, pero también ha evidenciado el malestar con los socialistas de los grupos que apoyan al Ejecutivo. 

Ha sido la prostitución, en concreto los artículos referidos a la tercería locativa y al proxenetismo no coactivo, los que han desatado la tormenta esta vez. Solo ha llegado la calma tras la retirada de la enmienda que el PSOE había propuesto para endurecer ambos preceptos y que no gustaban ni a Unidas Podemos ni al resto de aliados parlamentarios. La tercería locativa es una figura recuperada del Código Penal de 1973 (derogado en 1995) para castigar a los dueños de locales que "de manera habitual" favorezcan en ellos "la explotación de la prostitución de otra persona" aunque exista consentimiento.

La propuesta de la ley que salió del Gobierno fue recuperar este artículo, pero una vez pasó al Congreso, los socialistas evidenciaron que no les parecía suficiente. Lo que reclaman es eliminar la condición de que haya explotación de la prostitución ajena para perseguir a los dueños de locales y que baste con que estos "promuevan, favorezcan o faciliten" el ejercicio de la misma. Un extremo que los socios parlamentarios del Gobierno rechazaban de pleno al considerar que puede penalizar a las propias mujeres que ejerzan en sus propias viviendas o locales y condenarlas a la clandestinidad. Por eso estos grupos desde el principio reclamaron al Ministerio de Igualdad que retirara los artículos de la norma, que es lo que ha acabado pasando en la Comisión de Igualdad este miércoles.

La abolición de la prostitución es un compromiso de Pedro Sánchez, cuyo grupo registrará este mismo jueves una proposición de ley para intentar que su propuesta entre en el Código Penal, en la que además incluirá la sanción de los hombres que recurran a la prostitución. En su insistencia hasta último momento en mantener esa enmienda, los socialistas calificaron de "irresponsabilidad del resto de grupos de la Cámara" el hecho de que decidieran no apoyar la ley si se mantenía la enmienda.

El PSOE pretendía sacar la enmienda con el apoyo del PP. Pero la negativa de los de Alberto Núñez Feijóo a apoyar la norma en su conjunto, cuando vieron que el texto entero podría peligrar, sumada al rechazo anunciado por los aliados parlamentarios de la coalición han obligado a los de Sánchez a recular para salvar in extremis la norma. "Nosotros siempre hemos asegurado que esa ley iba a salir. Han sido otros grupos los que han usado los vetos cruzados", ha justificado la vicesecretaria general, Adriana Lastra, en una rueda de prensa convocada al acabar el debate de una ley que considera incompleta. 

El malestar de la dirección del PSOE con el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero ha ido creciendo a lo largo de la jornada. "Irene Montero sabe desde el principio que nosotros íbamos con esta enmienda. Tiene los 120 votos del PSOE, que consiga los que faltan", reprochaban en la cúpula socialista reivindicando el peso del socio mayoritario de la coalición. La jugada se truncó con el viraje del PP, pero en las filas socialistas sostienen que los grupos tendrán que explicar por qué rechazan la persecución del proxenetismo. "O estás a favor o estás en contra de la prostitución, o estás a favor o estás en contra de defender a las mujeres que están siendo víctimas de explotación sexual", ha expresado Lastra, quien ha señalado directamente a Unidas Podemos por la discusión interna que mantienen sobre este asunto. 

En el Ministerio de Igualdad ha sido palpable el malestar durante las negociaciones de los últimos meses con el PSOE, al no entender que no se abriera a modificar su postura en un asunto que podía hacer caer la ley frente a la veintena de propuestas alternativas de redacción que pusieron las de Irene Montero encima de la mesa. Pero al término de la comisión, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, se ha limitado ante los periodistas a agradecer a los grupos, y "especialmente" al socio mayoritario de la coalición "la generosidad que ha tenido para facilitar la aprobación del dictamen". "Lo que hemos visto es altura política del más alto nivel y política feminista", ha añadido después de elogiar los cambios que traerá la norma, que establece un marco integral de atención a víctimas de violencia sexual al estilo de lo que ya se aprobó en 2004 para las de violencia de género.

"No quieren abolir la prostitución porque quieren regularla básicamente, pero ese no es mi problema. Unidas Podemos sabe que nosotros somos un partido abolicionista, (...) sabe, porque así se ha anunciado incluso por parte del Gobierno, que vamos en esta legislatura a por la abolición de la prostitución. Tendrán que dirimir qué posición tendrán ellos respecto a esta proposición de ley", ha sentenciado por su parte Adriana Lastra, que ha lamentado que "el lobby proxeneta es muy poderoso y tiene muchos tentáculos".

Rodríguez ha recordado que el texto incorpora a las mujeres que sufren trata o explotación sexual como víctimas de violencia sexual, por lo que se verán beneficiadas de los derechos que contempla la norma, y ha recordado que el Ministerio de Igualdad tiene redactado un borrador de una ley de trata "desde hace muchos meses". Sin embargo, ese es un nuevo choque en el Gobierno porque el PSOE defiende que al tratarse de una ley integral debe pilotarla el departamento de Justicia, que ha iniciado unos trabajos al margen de los de Irene Montero. 

Sobre el endurecimiento de la tercería locativa y el proxenetismo, la secretaría de Estado ha puesto el foco en que se trata de una materia "muy compleja" y que para combatir estas formas de violencia "no solo es necesario el Código Penal". "Estamos hablando de cómo perseguir a la industria proxeneta y esto tiene que ser compatible con la garantía de los derechos de las mujeres. No podemos a costa de perseguir a la industria, criminalizar a las mujeres que ejercen la prostitución. No es asumible bajo ninguna óptica, tampoco desde el abolicionismo", ha añadido.

La tensión de PSOE y Unidas Podemos en una cartera sensible para las fuerzas de izquierdas ha quedado también evidenciada en la nueva etapa que se abrió con la salida de Carmen Calvo, a pesar de la mayor sintonía con las responsables de Igualdad, Andrea Fernández, en el partido, y Laura Berja, en el Congreso, mandatadas por Lastra. No obstante, la número dos del PSOE ha asegurado que lo ocurrido con la ley del 'solo sí es sí' "no es una quiebra en la confianza ni en la fortaleza del Gobierno". "Esta es una discrepancia de fondo de dos partidos políticos", ha expresado. No obstante, la tensión entre ambas formaciones se ha elevado. 

"Hoy el PSOE ha hecho lo mismo que lleva años haciendo en los movimientos feministas: utilizar la prostitución para romper consensos. Pero hoy no les ha salido bien", ha reprochado a través de Twitter la diputada de Unidas Podemos Aina Vidal. "El PSOE ha defendido su compromiso con la abolición de la prostitución. Lo hemos hecho sin amenazar ni coaccionar y, efectivamente, hemos primado la aprobación de la ley que quedará lamentablemente descafeinada. Seguiremos pese a vuestro miedo a este debate", le ha respondido la secretaria de Igualdad socialista en la misma red social.

Pero el cruce de acusaciones no solo se ha producido en el seno de la coalición, también los socios parlamentarios han evidenciado su malestar con el PSOE. Hace meses que habían advertido al Gobierno de que los artículos relativos a la prostitución podrían convertirse en un problema para sacar adelante la ley. De hecho, tanto Ciudadanos como ERC, JxCAT, Bildu, la CUP, PNV y En Comú Podem registraron enmiendas para reclamar que se sacaran del texto. Es finalmente lo que ha acabado pasando, pero in extremis. Los grupos han apoyado una enmienda transaccional, solo con la abstención de Vox y el voto en contra del PP, para retirarlos. 

Aunque tras terminar el debate han agradecido a los socialistas el cambio, los socios de la investidura han acusado en un primer momento al PSOE de inflexibilidad por no moverse de su postura inicial hasta el último minuto. Muy dura ha sido la portavoz de ERC, Pilar Vallugera, que ha hablado directamente de "boicot" del PSOE al "proyecto del Ministerio de Igualdad": "Han tratado de una manera indigna al resto del Gobierno y a los que hemos sido sus aliados en la investidura. No somos socios de Gobierno, les dimos los votos, pero le hemos advertido desde el minuto uno que no íbamos a votar la tercería locativa como estaba redactada, y aún menos, como ustedes proponían. Y no se lo han creído". Vallugera recordó después a los de Sánchez que "no tienen mayoría absoluta".

Tanto ERC, como PNV y Ciudadanos han hecho hincapié en que, durante la negociación, casi todas las formaciones flexibilizaron sus posiciones iniciales, a excepción del PSOE. "Nos hemos movido de nuestras posiciones legítimas en aras del consenso, incluso a ser capaces de aceptar que la tercería locativa se quedara en la ley en ciertos términos, pero no ha sido posible", ha enunciado Joseba Agirretxea, del PNV. El Ministerio de Igualdad llegó a proponer una veintena de redacciones alternativas para intentar llegar al "acuerdo amplio" que defendía la ministra Irene Montero y una de ellas contó con los apoyos de PNV, ERC, Bildu, Ciudadanos, PdCat y Junts, pero no del PSOE, aseguran fuentes de la negociación.

De "intransigencia" ha acusado a los socialistas la portavoz de Bildu, Bel Pozueta, que ha culpado a este partido de "no tener en cuenta la búsqueda de consensos realizada por otros grupos" y plantearse un pacto con el Partido Popular. Un grupo, ha continuado la diputada vasca, "que está poniendo en duda que exista la violencia machista". Los populares, que se habían mostrado favorables a apoyar la enmienda del grupo parlamentario socialista, han confirmado durante el debate que no votarían a favor de un dictamen que consideran "fallido", en palabras de la diputada Marta González Vázquez.

Unidas Podemos