No ha pasado ni un mes desde que el Ayuntamiento de Gandía ejecutó un desahucio que la ONU había pedido suspender dada la situación de vulnerabilidad. Ahora, vuelve a ocurrir. Laura, vecina de un barrio de Valencia (Malilla) desde hace 40 años va a ser desahuciada el próximo martes 17 de mayo, a pesar de que Naciones Unidas ha resuelto que el lanzamiento se debería suspender. Con ella viven su madre y sus dos hijos, una con diversidad funcional.
Laura, con el asesoramiento adecuado, solicitó la aplicación del Pacto Internacional de las Naciones Unidas que vela por el derecho a la vivienda. Se solicitó al Estado español la suspensión cautelar del desahucio mientras se desarrolla el proceso. Y, de esta forma, valorar si España ha vulnerado un derecho fundamental y, por ende, prohibir el desahucio mientras no se proporcione una alternativa habitacional. Sin embargo, el juzgado de Valencia rechazó hacer caso a la petición, lo que supone vulnerar de facto un Tratado internacional y un derecho fundamental como es el de la vivienda, según afirman fuentes de la Unidad de Ayuda Anti desahucios (UAD).
La afectada asegura estar 'muy preocupada', ya que no tiene alternativa habitacional y que, en caso de ejecutarse el desahucio, se quedaría en la calle. Laura insiste que ha luchado mucho, pero que 'ni servicios sociales ni el Ayuntamiento le han facilitado ninguna alternativa habitacional'.
"Es el tercer intento de desahucio que sufre la afectada, por lo que sabemos que no va a ser fácil de paralizar", asegura Luís Rovella, miembro del sindicato Construyendo Malilla que han estado asesorando y acompañando a Laura en todo el proceso. "Frente a la retórica del Gobierno de que, cada vez hay menos desahucios, la realidad es muy diferente. La maquinaria del Estado se lo pone bien fácil a aquellos que quieren especular y hacer negocio con la vivienda. Y, para los que se quedan sin hogar, no dejan alternativa", denuncia Rovella. "Los trámites son muy costosos y duran meses, mientras que, los desahucios se ejecutan en semanas o días, quedando patente al servicio de quién está el Estado.", sentencia el miembro del sindicato.
"Ahora, es el Ayuntamiento de Valencia el que debe ofrecer una alternativa habitacional a Laura y su familia, o solicitar al Evha una adjudicación de urgencia", aseguran miembros de la UAD. "Hay que tener en cuenta que es importante mantener el arraigo con el barrio donde viven y estudian, sobre todo por los menores. Sus intereses son un bien a proteger."
"Ahora que hemos agotado las vías legales, la única opción que nos queda es parar el desahucio usando la resistencia", manifiesta Rovella. "Esperamos que así Laura y su familia puedan ganar tiempo para que se les asigne una alternativa habitacional", concluye el miembro de Construyendo Malilla.
Gonzalo Sánchez elsalto* ho pots llegir perquè la font és Creative Commons
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