Los partidos de ultraderecha (categoría que engloba a partidos de extrema derecha y de derecha radical) llevan décadas cosechando éxitos electorales en varios países de Europa occidental. Por ello, y ante la irrupción de Vox en 2018, muchos se preguntan cómo reaccionar.
Los resultados de las elecciones autonómicas de Castilla y León del pasado 13 de febrero generaron un amplio interés académico y mediático en torno a las estrategias a seguir ante Vox.
¿Debe aplicarse un cordón sanitario a los partidos extremistas en aras a proteger el sistema democrático? La respuesta a esta pregunta depende en parte de concepciones valorativas sobre los peligros que estas formaciones representan para la democracia; esto, a su vez, remite a la manera en que se las define.
Cuestiones terminológicas aparte, parece claro que, para algunos sectores de la sociedad, Vox representa una grave amenaza. Otros, especialmente los votantes del Partido Popular, lo consideran un partido más.
Así, una encuesta reciente de 40db señala que la entrada de Vox en el Gobierno preocupa a 6 de cada 10 españoles y que casi la mitad de las personas encuestadas apoyan algún tipo de cordón sanitario contra esta formación. Esto evidencia la falta de consenso en la opinión pública sobre esta cuestión; por eso podemos intentar responder a la pregunta sobre las bondades del cordón sanitario preguntándonos por los objetivos que se persiguen con él.
Distintos tipos de cordón sanitario
Hay distintos tipos de cordón, aplicados por diferentes actores del sistema político con mayor o menor consistencia, y durante más o menos tiempo. En todas sus versiones se trata, en esencia, de negarse a la colaboración o acción conjunta con los partidos extremistas.
El rechazo puede alcanzar diferentes niveles: si el cordón se aplica estrictamente, se rechazarán sus votos, incluso si resultan necesarios para aprobar medidas o proyectos políticos concretos; el cordón es menos rígido cuando se rechazan las propuestas realizadas por estos partidos, pero no su apoyo a las planteadas por otros actores; en el marco de la negociación para la formación de los ejecutivos, pueden, por ejemplo, aceptarse los votos de los extremistas para la investidura, pero excluirles del reparto de poder; el cordón no se aplica cuando se acepta su apoyo continuado para toda la legislatura, como en Holanda, aunque éste se preste desde fuera del ejecutivo; menos aún, en Castilla y León, donde la extrema derecha no sólo ha permitido la formación del Gobierno, sino que ha pasado a formar parte del mismo, siendo así normalizada por el Partido Popular.
Impedir a los representantes de estas formaciones ocupar cargos ejecutivos implica negarles el acceso a los recursos asociados a ellos y a la posibilidad de diseñar/ implementar políticas públicas; es decir, se limita su influencia directa.
Si la estrategia del aislamiento se aplica, no solo en la esfera del gobierno, sino en la arena legislativa, el efecto previsible es el de disminuir su potencial influencia sobre la formación de la agenda, amén de restarles visibilidad y notoriedad. Eventualmente, esto reducirá también su impacto indirecto en las políticas públicas.
La estrategia del aislamiento
Ahora bien, si lo que se persigue con el establecimiento del cordón es debilitar a la ultraderecha y, en última instancia, reducir sus apoyos entre el electorado, no está claro que ésta sea la estrategia idónea.
En países como Bélgica, el aislamiento político al Vlaams Blok/ Belang durante décadas pareció restarle atractivo entre amplios sectores de votantes, cansados de ver que el partido no conseguía acceder al poder. Por su parte, en Alemania retrasó significativamente la aparición de una fuerza como AfD hasta 2015. En ambos casos el nivel de apoyo a la ultraderecha es moderado, en comparación con otros casos europeos.
Pero no puede decirse lo mismo del caso de Francia: a pesar del cordón sanitario impuesto al Frente Nacional (y a Rassemblement National), que ha impedido sistemáticamente su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones, el partido de (los) Le Pen dista mucho de ser un ejemplo de fracaso electoral.
¿Es este un argumento para desechar la aplicación de esta estrategia? Se ha dicho con frecuencia que cuando los partidos ultras son aislados por todos los demás pueden sacar ventaja de la situación adoptando el papel de "víctimas". Más aún, se defiende a veces que dejar a los partidos extremistas que entren en las instituciones y asuman tareas de gobierno puede contribuir a "domesticarles" y moderar sus posicionamientos más radicales.
Pero algunos estudios han cuestionado esta creencia (piénsese en la actuación de Salvini al frente del Ministerio del Interior italiano). Al contrario, existe cierta evidencia a favor del "efecto contagio" en otros actores del sistema, y de los dudosos beneficios que obtienen los partidos establecidos cuando adoptan estrategias acomodaticias hacia la extrema derecha (y compartir posiciones de gobierno conlleva esta acomodación).
El poder de los partidos democráticos y de los medios
Los efectos de la aplicación de estas estrategias, en general, y del cordón sanitario, en particular, aún deben ser estudiados. Parece claro que el aislamiento de la ultraderecha consigue limitar su acceso a las esferas de poder y la difusión de sus discursos, si bien los ejemplos de otros países no permiten confirmar su impacto en la trayectoria electoral de la ultraderecha, pues ésta depende de muchos otros factores. Entre ellos, de cuándo, quién, y cómo aplique el cordón.
Para que la estrategia del cordón sea exitosa, no solo deben ponerla en práctica todos los partidos del sistema político, y hacerlo en estadios tempranos del desarrollo de la nueva formación, sino que deben incorporarse a ella los medios de comunicación. Además, la unión de los representantes políticos y el rechazo a los partidos extremistas, o a algunos de sus postulados, pueden lanzar un potente mensaje a los electorados en relación precisamente a los límites de lo (in)aceptable en democracia.
En última instancia, la decisión sobre si aplicar o no el cordón contra la extrema derecha, y cómo hacerlo, puede resultar menos decisiva para la salud del sistema democrático que la apuesta decidida por afianzar el consenso social y político sobre los valores que lo sustentan, pues esta estrategia no es sino reflejo, justamente, de ese consenso que a veces -y sólo a veces- la antecede.
Beatriz Acha Ugarte no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
Beatriz Acha Ugarte, Profesora asociada de Sociología, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea * Creative Commons
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