Al guardia civil de Benaguasil presuntamente implicado en tráfico de armas le piden ocho años y medio de cárcel

El juicio que estaba señalado para hoy en el Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia se ha aplazado para finales de mes después de que todos los procesados, salvo el propio guardia civil, hayan mostrado su intención de llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía por el que verían rebajadas las penas que solicita el Ministerio Fiscal para cada uno de los otros ocho acusados, de entre tres años y medio y un año y medio de cárcel, a condenas inferiores a los dos años por los que no tendrían que ingresar en prisión.

No obstante, la vista oral contra el agente del Instituto Armado, de 52 años, se celebrará al seguir manteniendo éste su inocencia, pese a que podía haber cerrado un acuerdo de solo un año de cárcel. El guardia civil acusado confía en demostrar en el juicio que sus acciones en ningún momento fueron constitutivas de delito alguno.

La Fiscalía sostiene que el agente, aprovechando su condición de activo en el Instituto Armado, se dedicaba presuntamente a la transformación, manipulación y venta de armas a terceros a través de otro de los acusados. En el registro de su domicilio, en Llíria, los investigadores intervinieron un total de 18 armas de fuego - entre ellas varias pistolas semiautomáticas, revólveres y escopetas - de las cinco serían ilegales.

Fruto de las investigaciones se interceptaron dos envíos postales en noviembre de 2014. En uno de ellos el agente acusado le enviaba a otro de los procesados un subfusil del calibre 22 con mecanismo de cierre, muelle recuperador y con la boca del cañón roscada para adaptar un silenciador, así como con soporte para mira telescópica. En otro paquete postal se interceptó el silenciador, elemento prohibido para particulares.

Asimismo se le acusa de facilitar información a terceros sobre nueve vehículos, tras consultar en al menos seis ocasiones entre el 1 de julio y el 20 de octubre de 2014 la base de datos de la Dirección general de Tráfico, a través de la aplicación SIGO (Sistema Integral de Gestión Operativa) de la Guardia Civil, sin investigación alguna que lo justifique.

De igual modo, la fiscal también le acusa del delito de omisión del deber de perseguir delitos ya que en agosto de 2014 recibió una información de una víctima de violencia machista, quien le indicó que su pareja tenía dos pistolas ilegales, e incluso le facilitó el lugar donde las guardaba, sin que conste que el guardia civil desplegara actividad policial alguna o reflejara la información en un documento interno.