Servicios Sociales recibió el 85% de las notificaciones en la fase final
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria intervino en un total de 22 expedientes de desahucio desde el pasado año con el objetivo de defender y proteger a las familias afectadas por este procedimiento judicial. El consistorio gestionó ayudas económicas para acceder a una alternativa habitacional y gestionó la posibilidad de viviendas sociales a las familias afectadas por los desahucios.
Entre los años 2020 y 2021, el área de Servicios Sociales de Riba-roja de Túria ha recibido un total de 22 expedientes inmersos en diversos desahucios de hogar y de ellos hasta un 85% de las notificaciones se encontraban en la fase final del proceso judicial que puede desembocar en la pérdida de la vivienda, precisamente, por esa situación final en la que se hallan los procedimientos.
El departamento de Servicios Sociales de Riba-roja de Túria se encarga, por ello, de llevar a cabo actuaciones preventivas que impidan desahucios y, por tanto, supone, además, un ahorro económico para la administración y, al mismo tiempo, evita una angustia para las familias. La prontitud en la actuación del ayuntamiento activa desde un primer momento todas las ayudas previstas por la ley que evitan el impago de la vivienda y facilita la entrega del piso.
Las funciones de mediación del consistorio pasan por un asesoramiento y una orientación jurídica, una mediación familiar, una mediación hipotecaria entre el cliente y las entidades financieras o bancarias y, por último, una mediación en materia de arrendamientos entre el propietario e inquilino para evitar o paliar, en mayor medida, las consecuencias derivadas de un posible desahucio.
Del total de los 22 casos de desahucios intervenidos a lo largo del citado periodo temporal, hay un 90% de casos que son informados por el propio juzgado mientras que en el restante 10% son los propios afectados los que acuden a los servicios municipales de Riba-roja de Túria a la búsqueda de una respuesta positiva o intervención que ayuden a paliar los efectos del procedimiento judicial.
Las intervenciones del área de Servicios Sociales se inician con la recepción de información por parte del juzgado sobre la persona o la familia que sufre el proceso de desahucio, a continuación, se entrevistan con la parte afectada para conocer con mayor detalle la situación personal, en especial, la posible detección de vulnerabilidad, tanto la parte social como la económica. En la mayoría de los casos, un 80% de los mismos apuntan rasgos de ambas, la económica y la social.
Los informes de vulnerabilidad elaborados por el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria tienen como objetivo principal un aplazamiento del procedimiento de forma que, al mismo tiempo, se puedan buscar alternativas habitacionales u otro tipo de ayuda para las personas afectadas. Además, se ofrecen ayudas económicas para la búsqueda de una vivienda alternativa o se negocia con las inmobiliarias para facilitar un hogar a las familias.
El área de Servicios Sociales concede ayudas económicas a las personas afectadas que han llegado hasta un máximo de 1.500 euros en el periodo citado, si bien la media se sitúa en 1.000 euros en total. Al margen de esta situación, se ejerce una mediación con las entidades bancarias, desde la consecución de un alquiler social más adecuado a su realidad económica al pago de una parte de la deuda contraída por la unidad familiar.
El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha destacado “la ingente labor que desarrolla el departamento de Servicios Sociales a la hora de actuar en los casos desagradables de desahucios de hogares que afectan a las personas o a las familias con mayor vulnerabilidad social o económica, por ello su tarea es esencial para minimizar sus efectos negativos y, al mismo tiempo, complementar las medidas y las ayudas correspondientes alternativas a la pérdida de la vivienda”.
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