Según se desprende del documento publicado por eldiario.es y cuya fuente es el Consejo de Ministros en un documento enviado al Congreso y en el que figuran hasta 34.961 inmuebles en todo el estado y un millar en la Comunidad Valenciana, de ellas 13 en 8 municipios de Camp de Túria.
El listado recoge desde inmuebles urbanos, caso de Náquera que además tiene el récord de inmuebles inscritos, un solar en Bétera - además de un templo- y otros tantos templos en los municipios de Benaguasil, Riba-roja de Túria, Vilamarxant, L'Eliana, Olocau , Pedralba y La Pobla de Vallbona.
El caso de Náquera además de templos se trata de la Casa Abadía - un terreno urbano de uso habitacional- y otro terreno también urbano sobre el que se instala el Calvario y la ermita.
Los diferentes inmuebles se encuentran en los Registros de la Propiedad que corresponden a cada municipio, por eso Náquera se encuentra en el registro de Massamagrell y el de Riba-roja en el de Benaguasil, así como los de Bétera en el de Moncada y los de L'Eliana, Olocau y Pedralba en el de Llíria.
La mayoría de los inmuebles han sido inscritos en los registros de la propiedad a nombre de las alguna de las parroquias de cada uno de ellos. La facilidad de la inscripción se basaba en que un simple certificado emitido por la autoridad eclesiástica el inmueble quedaba inscrito en el Registro de la Propiedad lo que le da desde ese momento una preeminencia y una garantía que no ha sido objeto de contradicción alguna. Teniendo en cuenta que la autoridad eclesiástica no tiene control público y a todos los efectos es sujeto privado que maneja sus intereses de acuerdo a sus normas internas. Además, a diferencia de las Instituciones y autoridades públicas, como las entidades locales, sus bienes son privados y pueden ser hipotecados, vendidos y alquilados sin que tengan que estar sometidos a legislación especial y sin el control público que si tienen las entidades locales.
La Ley Aznar de 1.998 fue una modificación "ad-hoc" de la ley Hipotecaria de 1946. Esta modificación fue rectificada en 2015. En este periodo de casi 20 años, entre 1998 y 2015, la autoridad eclesiástica inscribió estos bienes a su nombre. La mayoría de ellos pertenecían al estado desde 1931, incluso con anterioridad.
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