La fusión entre Bankia y Caixa. Una gran noticia, pero, ¿para quién? Carlos Sánchez Mato

En la noche del 3 de septiembre saltó a los medios de comunicación que los consejos de administración de Bankia y CaixaBank se habían reunido para aprobar el inicio de las negociaciones para llevar a cabo una operación corporativa, que daría lugar a la primera entidad bancaria de España.

Los mismos que aplaudieron hasta desgastarse las manos hace 10 años cuando Bankia salió a bolsa y Rodrigo Rato tocaba la campanilla exultante en la Plaza de la Lealtad, han sido los que han aplaudido esta fusión. Aquello también fue tildado de "histórico" y de un gran paso que iba a fortalecer el sistema financiero patrio. Todos sabemos cómo acabó. Hoy, de nuevo, inundan la prensa económica mensajes grandilocuentes aplaudiendo "la gran noticia". Pero, ¿para quién es una gran noticia? Empecemos por contar para quienes no lo es.

Porque la entidad resultante va a convertirse en un "monstruo" difícilmente manejable ya que sumaría activos por 665.000 millones de euros, con más de 350.000 millones en crédito a la clientela, del que el 55% (200.000 millones) serían préstamos a hogares, y otros 147.000 millones, a empresas. En su pasivo, los recursos de clientes en balance sumarían 363.000 millones de euros. Estas descomunales cifran dejan clara la magnitud del proceso de concentración que hace aún más oligopólico el mercado de productos bancarios. Después de la fusión/absorción, las tres entidades más grandes del país que son Santander, BBVA y Caixa+Bankia, acumularían casi el 61% de los activos del sector. Una cantidad desorbitada. Si incluimos a las dos siguientes, Sabadell y Bankinter, las cinco entidades más grandes pasarían a acumular ahora el 71% del mercado frente al ya elevado 67,7%.

Por cierto, si ya por separado ambas entidades eran demasiado grandes para dejarlas caer, la fusión hace inmanejable el banco resultante para nuestro país e incluso para la Unión Europea. Tendrá depósitos de clientes superiores a los 360.000 millones de euros, y dado que el Fondo de Garantía de Depósitos y el Fondo Único de Resolución europeo son las entidades que tienen que proteger los depósitos de hasta 100.000 euros por titular, es oportuno ver cómo podrían hacer frente a una crisis del nuevo banco. El Fondo español tiene 100 veces menos cantidad que los depósitos que estaría asegurando y el Fondo Único de resolución (FUR) europeo tendrá en 2023 una quinta parte de los depósitos que asegura de la nueva entidad. Es evidente que "al monstruo" habría que rescatarlo siempre y haga lo que haga porque, ante un problema, los fondos de garantía no tienen ni para empezar...

Eso es exactamente lo que aplauden los palmeros, lo de que sea muy grande, pero es precisamente lo que generará muchos más problemas a la ciudadanía que busca acceder a los servicios financieros porque los oligopolios se crean para controlar el mercado mucho mejor y aprovechan esa situación para subir los precios de los productos. No es casual que en España, siempre con un elevado control por parte de pocas entidades, los precios de los préstamos son superiores a los que existen en la media de la Unión Europea. Por ejemplo, con el actual diferencial que ya existe en los créditos hipotecarios, uno de 200.000 euros a 30 años, le costará a una persona de nuestro país unos 18.000 euros más en todo el periodo que lo que le supondría de media en otro país europeo. El proceso de oligopolización incrementará la brecha que ya existe y que eso sea realizado con el concurso y la ayuda del Estado, no deja de ser una vergüenza.

Pero no se queda ahí la cosa en relación a lo que puede suponer en la exclusión financiera que ya está siendo muy acusada. Porque la fusión se hace con la intención de reducir los costes de la entidad resultante y por lo tanto, se cerrarán oficinas. En 2007 había algo más de 45.000 oficinas bancarias en el sector bancario de todo el país. En 2019, 21.000 menos, casi la mitad. En eso ha consistido, entre otras cosas, el proceso de reestructuración. Si bien es cierto que había zonas de mucha masificación, el cierre masivo ha provocado graves problemas en las zonas rurales sobre todo. Los pueblos, sobre todo los más pequeños, no se vacían "de golpe". Después del cierre de la oficina bancaria, se van las pequeñas y medianas empresas que buscarán sitios en los que existan servicios financieros. Y detrás emigra la gente en edad de trabajar. La absorción de Bankia por Caixa continuará ese camino y golpeará sin duda a la España vaciada.

Pero tampoco será buena noticia esta operación para las trabajadoras y trabajadores que perderán su empleo. Las informaciones publicadas apuntan a que podrían ser 15.000, el 30% de las 51.000 personas que forman la plantilla de ambas entidades. Este mal llamado "ajuste" se añadirá a los 95.000 despidos que han llevado las plantillas de 271.000 en 2008 a 176.000 en 2019. Seguramente hay quien dirá que las reducciones de personal en la banca no generan grandes conflictos sociales porque suelen pagar importantes indemnizaciones y fórmulas para facilitar el acceso a prejubilaciones. Pero no olvidemos que todo ello supone un enorme coste para el erario público ya que las provisiones para pensiones y gastos por los expedientes de regulación de empleo se traducirán en menor pago aún si cabe de impuesto de sociedades de la entidad resultante.

Y eso se añade a una paradoja realmente tremenda. Al mismo tiempo que Escrivá anuncia que quiere retrasar la edad de jubilación incentivando la prolongación de la vida laboral, Calviño bendice una fusión que llevará adosada miles de prejubilaciones. Eso sí, de los trabajadores que ganan más pasta que la media. Supongo que la jubilación más tardía está pensada para quienes ganan el salario mínimo. Poco coherente el mensaje.

Aun siendo todo lo anteriormente reseñado importante, palidece al lado de olvidar la puesta en marcha en nuestro país de una banca pública. Un gigantesco rescate bancario del que se ha beneficiado todo el sector y que ha demostrado claramente que ninguna entidad, especialmente las más grandes, son incapaces de sobrevivir un solo día sin ayudas públicas. Y después de todo lo ocurrido, Bankia que nos costó a todas y todos hasta ahora 24.069 millones de euros y por la que el Banco de España estimaba recuperar 9.530 millones de euros, va a ser valorada a un precio claramente inferior.

Somos los dueños del 61,8% de Bankia. A cierre bursatil del viernes 11 de septiembre, Bankia valía 4.200 millones y el porcentaje que es propiedad estatal 2.600 millones. Casi 7.000 millones de pérdidas adicionales a las ya registradas. Ese déficit público no parece inquietar nada en absoluto a los fanáticos de la estabilidad presupuestaria que sí que se escandalizan ante la aprobación de un imprescindible escudo social que cuenta con un Ingreso Mínimo Vital que tendrá un coste que no llegará a la mitad de este nuevo agujero. En cualquier caso, el FROB está muy tranquilo con esta desviación de las cuentas públicas porque el déficit originado por el rescate bancario, frente al originado por ayudas sociales, no computa a efectos de las reglas fiscales europeas. Algún malpensado podría decir que el Banco de España aprovecha la pandemia y el efecto de la misma en las cuentas públicas de 2020 para aprovechar la ocasión y reconocer esas pérdidas.

Pero ese quebranto para el accionista mayoritario de Bankia, que somos todas y todos, no lo va a ser para Caixa. Porque el intercambio accionarial con el que finalmente se hará la operación será fijado con toda seguridad en relación al valor bursátil, 4.200 millones, pero el valor patrimonial que se adjudicará Caixa es muy superior, ya que el patrimonio neto de Bankia es de 12.800 millones de euros. Es decir, se apuntará activos por valor de unos 8.600 millones de euros más de lo que va a pagar por ellos. Negocio redondo… para ellos.

Hasta ahora solo nos salen muchos perdedores, y unos pocos que van a salir ganando con esta operación. Pero la cosa no tendría por qué acabar así, con un gran expolio realizado por parte de las élites a costa de la mayoría social. A esa mesa no puede estar invitado Unidas Podemos porque ni somos de ellos, ni queremos serlo. Si nos escuchasen, Bankia se convertiría en una banca pública gestionada eficazmente para impulsar la transición ecológica, las inversiones generadoras de puestos de trabajo, la economía social y solidaria, el cooperativismo, el desarrollo regional, los proyectos intensivos en formación e investigación y, en general, hacia proyectos de interés social. Esta "locura" que algunas y algunos defendemos la hacen bancos públicos en países de nuestro entorno como, por ejemplo, Alemania que está utilizando como ariete en la reconstrucción a su entidad KfW para apoyar al sector empresarial y proteger el empleo.

Y eso es lo que no quieren permitir. Llevan años de destrozo y expolio en las que, si algo ha quedado en evidencia es que, sus estrategias fallidas acaban pagándolas las familias trabajadoras. ¿Y si, por una vez, probamos algo diferente y nos dejan demostrar que nuestras alternativas, sí funcionan? Esa sí que sería una gran noticia.

Carlos Sánchez Mato es responsable de Políticas Económicas de Izquierda Unida