El pleno aprueba la liquidación del contrato que transcurrió entre 2003 y 2019
El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado la liquidación económica de la anterior empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria en la que le reclama un total de 171.854 euros por las campañas de comunicación y diverso material de trabajo que no ha llevado a cabo. La decisión plenaria contó con los votos a favor del equipo de gobierno –impulsor de la reclamación- y de Compromís, Esquerra Unida y Podemos y la abstención del resto: el Partido Popular, Ciudadanos y Vox.
La reclamación del pleno de Riba-roja de Túria se sustenta en un informe del técnico de Medio Ambiente del pasado 20 de diciembre en el que constata una serie de deficiencias halladas para elaborar la liquidación del contrato y la puesta en marcha de la nueva concesionaria. En el mismo subraya las reparaciones del material que debería ser revertido al ayuntamiento para efectuar la limpieza viaria.
El informe se centra en la reparación de la barredera mecánica por un valor de 6.417 euros, un camión volquete con una caja abierta de 3.500 kilogramos en total por otros 11.950 euros, un quad Adli con otro coste adicional de 1.500 euros y, por último, el transporte para la gestión de los residuos depositados en una parcela de propiedad municipal por otros 300 euros.
Además, a estos conceptos cabe añadir los 151.687 euros correspondientes a las campañas de comunicación que la empresa concesionaria debería haber llevado a cabo anualmente a lo largo del periodo en el que transcurrió el periodo de prestación del servicio de limpieza viaria, a razón de 9.480 euros por cada año durante los 16 años valorados, entre el año 2003 y 2019. En total, el pleno del ayuntamiento reclama a la mercantil el pago de 171.854 euros.
La relación entre el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria y la empresa denunciada se inició en el año 2003 cuando el por aquel entonces gobierno municipal del Partido Popular adjudicó el servicio de limpieza viaria a la empresa por una duración de ocho años, prorrogable por sendos periodos de cuatro años cada uno siempre que alguna de las dos partes no lo denuncie con una previsión de seis meses.
De esta forma, ni en 2011 ni en 2015 el ayuntamiento no denunció la rescisión del contrato que unía a ambas partes y, por tanto, la relación contractual continuó hasta el pasado año 2019. En octubre pasado se efectuó el acta de recepción del servicio tras la finalización del contrato original a pesar de que la empresa concesionaria se negó a la firma oficial del mismo.
El técnico municipal de Riba-roja de Túria elaboró el correspondiente informe de liquidación en el que señalaba las deficiencias halladas anteriormente e instaba al cobro de los conceptos referidos que no se habían llevado a cabo durante el periodo de ejecución del servicio municipal de limpieza viaria. Además, se rechazaban todas las alegaciones presentadas por la empresa concesionaria en las que se negaba al pago de cantidad alguna por la amortización del material o las campañas de comunicación.
El equipo de gobierno ha desvelado que el anterior ejecutivo del Partido Popular consintió a la empresa que no cumpliese con su obligación de dedicar un 3% del coste económico del servicio, cifrado en 9.480 euros anuales, a campañas de concienciación ciudadana. El montante global que a día de hoy se debería haber invertido en este tipo de campañas asciende a un total de 151.687 euros.
El concejal de Hacienda, José Ángel Hernández, ha señalado la importancia de "defender los intereses de nuestro ayuntamiento y por ello hemos actuado de acuerdo al informe de los técnicos en los que se señalan una serie de incumplimientos por parte de una empresa privada, ante lo que somos inflexibles para recuperar el dinero que le corresponden a las arcas municipales".
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