El pleno aprueba de forma definitiva la revocación del PAI resolviéndolo por los incumplimientos
El pleno municipal de Riba-roja de Túria ha revocado, definitivamente, el convenio urbanístico que unía al ayuntamiento de la localidad con una promotora privada para la realización de un programa de actuación integrada (PAI) en la zona del Pacadar por los incumplimientos continuados y flagrantes en la realización de las obras de ejecución por parte de este agente urbanizador.
El acuerdo de resolución del equipo de gobierno del PSPV ha contado con el respaldo de Ciudadanos, Esquerra Unida, Vox y Compromís y la abstención del Partido Popular y de Podemos Riba-roja Podem.
Los hechos objeto de la revocación del acuerdo bilateral se remonta al año 2005 cuando el entonces equipo de gobierno del Partido Popular firmó un acuerdo para trasladar la fábrica de vigas existente a una zona diferente a cambio de una recalificación de los terrenos sobre los que estaba asentada –pasaban de industriales a residenciales- para construir alrededor de 555 viviendas.
La plasmación de este programa urbanístico supondría para el Ayuntamiento de Riba-roja la recepción de una planta baja de 2.000 metros cuadrados de superficie, la cesión de 27.455 metros de terrenos en la zona y un donativo de 1’4 millones de euros. Sin embargo, después de diez años del convenio no se ha concluido ni la urbanización de los terrenos, ni se ha recibido la parcela edificable urbanizada ni la planta baja prevista.
Con la construcción de las citadas 555 viviendas, la empresa promotora se generaría unos cuantiosos beneficios económicos cifrados en más de 71’5 millones de euros a razón de 130.000 euros la venta de cada vivienda. Sin embargo, el PAI no llegó a desarrollarse nunca y la empresa incumplió sus obligaciones. Además, la fábrica de vigas tampoco se trasladó a otra ubicación dentro del término municipal de Riba-roja de Túria ya que, finalmente, terminó trasladándose hasta Buño.
El pleno municipal de Riba-roja de Túria alertó a la mercantil en diversas ocasiones, la primera de ellas en el año 2015, sobre el vencimiento estipulado en los plazos de ejecución por el incumplimiento de los plazos de ejecución. Además, se le exigía una serie de indemnizaciones, penalizaciones y garantías económicas por un valor superior a los 800.000 euros que, actualmente, todavía no ha efectuado.
Las penalizaciones fijadas por los técnicos municipales alcanzan los 172.000 euros, las indemnizaciones otros 368.000 euro y, por último, una garantía sobre las obras totales de 337.000 euros, hasta los 800.000 euros en total.
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria recuperará los 60.000 metros cuadrados de extensión de los que consta el PAI y que se destinarán en un futuro a uso municipal al asumir la gestión directa del programa urbanístico con el aval del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana que ratifica, punto por punto, todas y cada una de las decisiones del equipo de gobierno local.
Cabe recordar que las obras de este PAI debían estar acabadas desde el año 2012 pero que, finalmente, no han llegado a iniciarse y, por tanto, la empresa promotora de las mismas ha incumplido los plazos fijados en el convenio bilateral que unía al Ayuntamiento de Riba-roja con la citada mercantil, además de rechazar las alegaciones en el pleno en las que justificaba los incumplimientos.
El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmado que con esta última decisión del pleno municipal “el ayuntamiento recupera para todos sus vecinos unos terrenos emblemáticos de hasta 60.000 metros cuadrados de extensión en los que a través de la participación de todos se podrá decidir el uso futuro de los mismos con un proyecto serio y viable, en lugar de los despropósitos que se han llevado a cabo en el Pacadar desde un inicio”.
El pleno municipal de Riba-roja de Túria ha revocado, definitivamente, el convenio urbanístico que unía al ayuntamiento de la localidad con una promotora privada para la realización de un programa de actuación integrada (PAI) en la zona del Pacadar por los incumplimientos continuados y flagrantes en la realización de las obras de ejecución por parte de este agente urbanizador.
El acuerdo de resolución del equipo de gobierno del PSPV ha contado con el respaldo de Ciudadanos, Esquerra Unida, Vox y Compromís y la abstención del Partido Popular y de Podemos Riba-roja Podem.
Los hechos objeto de la revocación del acuerdo bilateral se remonta al año 2005 cuando el entonces equipo de gobierno del Partido Popular firmó un acuerdo para trasladar la fábrica de vigas existente a una zona diferente a cambio de una recalificación de los terrenos sobre los que estaba asentada –pasaban de industriales a residenciales- para construir alrededor de 555 viviendas.
La plasmación de este programa urbanístico supondría para el Ayuntamiento de Riba-roja la recepción de una planta baja de 2.000 metros cuadrados de superficie, la cesión de 27.455 metros de terrenos en la zona y un donativo de 1’4 millones de euros. Sin embargo, después de diez años del convenio no se ha concluido ni la urbanización de los terrenos, ni se ha recibido la parcela edificable urbanizada ni la planta baja prevista.
Con la construcción de las citadas 555 viviendas, la empresa promotora se generaría unos cuantiosos beneficios económicos cifrados en más de 71’5 millones de euros a razón de 130.000 euros la venta de cada vivienda. Sin embargo, el PAI no llegó a desarrollarse nunca y la empresa incumplió sus obligaciones. Además, la fábrica de vigas tampoco se trasladó a otra ubicación dentro del término municipal de Riba-roja de Túria ya que, finalmente, terminó trasladándose hasta Buño.
El pleno municipal de Riba-roja de Túria alertó a la mercantil en diversas ocasiones, la primera de ellas en el año 2015, sobre el vencimiento estipulado en los plazos de ejecución por el incumplimiento de los plazos de ejecución. Además, se le exigía una serie de indemnizaciones, penalizaciones y garantías económicas por un valor superior a los 800.000 euros que, actualmente, todavía no ha efectuado.
Las penalizaciones fijadas por los técnicos municipales alcanzan los 172.000 euros, las indemnizaciones otros 368.000 euro y, por último, una garantía sobre las obras totales de 337.000 euros, hasta los 800.000 euros en total.
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria recuperará los 60.000 metros cuadrados de extensión de los que consta el PAI y que se destinarán en un futuro a uso municipal al asumir la gestión directa del programa urbanístico con el aval del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana que ratifica, punto por punto, todas y cada una de las decisiones del equipo de gobierno local.
Cabe recordar que las obras de este PAI debían estar acabadas desde el año 2012 pero que, finalmente, no han llegado a iniciarse y, por tanto, la empresa promotora de las mismas ha incumplido los plazos fijados en el convenio bilateral que unía al Ayuntamiento de Riba-roja con la citada mercantil, además de rechazar las alegaciones en el pleno en las que justificaba los incumplimientos.
El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmado que con esta última decisión del pleno municipal “el ayuntamiento recupera para todos sus vecinos unos terrenos emblemáticos de hasta 60.000 metros cuadrados de extensión en los que a través de la participación de todos se podrá decidir el uso futuro de los mismos con un proyecto serio y viable, en lugar de los despropósitos que se han llevado a cabo en el Pacadar desde un inicio”.
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