El municipalismo ante los retos del cambio climático. Artículo de Robert Raga

    Cuando todavía resuenan las reflexiones y los análisis surgidos al albor de la cumbre del Clima COP25 celebrada en Madrid, el ex primer ministro francés, el socialista Laurent Fabius, ha alertado sobre el continuo e incesante deterioro que azota a la naturaleza porque, a su entender, determinados Estados no cumplen los compromisos a los que están obligados en virtud del Acuerdo de París del año 2015 firmado por 180 países. Desde su atalaya como presidente del Consejo Constitucional de Francia, el prestigioso político denuncia la grave responsabilidad que a su entender tienen aquellos presidentes que se empeñan en continuar con las mismas políticas sin tener en cuenta las consecuencias que tales conductas suponen para el medio ambiente. Las cifras y los datos que estos días se han puesto sobre la mesa en la citada cumbre de Madrid son preocupantes para nuestro futuro más inmediato, aunque siempre hay un hilo de optimismo por donde asoma un halo de esperanza para que el mundo que hoy conocemos siga siendo el mejor para las futuras generaciones. Por tanto, en la balanza hay que colocar siempre los aspectos positivos y los negativos para que el resultado final se ajuste, lo mejor posible, a la situación real. Tan importante como proponer las soluciones es descubrir los fallos por los que nos estamos cargado el planeta tal y como lo conocimos en su momento.

    Ciertamente, la toma de conciencia sobre el fenómeno climático que nos azota es uno de los asuntos a tener en cuenta para afrontarlo, pero no es el único. Además del mayor compromiso de Europa frente a las teorías y actuaciones involucionistas de EE UU con Trump al frente, es necesario que los ayuntamientos como administraciones públicas más próximas a los ciudadanos podamos acometer una gestión basada parámetros transversales que tengan en cuenta la sostenibilidad y la ecología en todo momento. Desde cambiar una bombilla en la vía pública que gasta energía en exceso y, por ende, provoca una contaminación lumínica hasta reducir la telefonía móvil o cambiar el sistema de alcantarillado para evitar fugas, todas las actuaciones que realizamos los ayuntamientos tienen una consecuencia directa sobre el medio ambiente. Al margen de campañas de concienciación y de sensibilización ciudadana, es necesario impulsar políticas comunes entre todos los ayuntamientos para que surtan el efecto deseado. Los consistorios son, en esta tesitura, uno de los protagonistas que deben tomar un nuevo impulso para poder amortiguar el grave impacto que el cambio climático produce en nuestro día a día. Los Estados son esenciales en los nuevos compromisos ambientales. Los ayuntamientos se convierten, de esta forma, en el motor ideal para aplicarlos. Todos los cambios, modificaciones o nuevas orientaciones en nuestro proceder cotidiano deben consensuarse y explicitarse de acuerdo a un objetivo común: la conservación del mundo actual, aunque ya todo no volverá a ser igual. La reversión se antoja difícil en muchos aspectos.   

    Quizás algunos recuerden aquella vorágine urbanística de los años 90 y principios del 2000 que modificó por completo nuestro ecosistema. Aquellos que se atrevían a criticar esos planeamientos fueron tildados de agoreros. Ahora podemos pensar incluso que se quedaron cortos, por ello debemos sacar fuerzas para encarar con optimismo los retos del futuro. Es necesario reivindicar el papel de las administraciones locales, sin tapujos. 

   

    Por ello, ahora el denominado Green New Deal –una adaptación actual del famoso New Deal de los años 20 a cargo del presidente Roosvelt para afrontar la Gran Depresión de EE UU- se debe poner en marcha como eje clave para atajar a corto y medio plazo las grietas que asolan nuestro ecosistema. Una disyuntiva en la que tienen mucho que decir los Estados, los ayuntamientos y los ciudadanos, una combinación esencial en los tiempos que corren.