El factor indígena
El desprecio hacia el pueblo indígena en Bolivia ha sido una constante durante toda su historia. A pesar de representar a casi el 40% de la población total del país, lo cierto es que los indígenas (afrobolivianos, aymaras, etc.) nunca han tenido facilidades a la hora de acceder a puestos de representación relevantes. De hecho, hasta la llegada de Evo Morales en 2006, la inmensa mayoría de presidentes del Estado boliviano habían pertenecido a la llamada “élite blanca” del país. Sin embargo, cuando en 2005 el MAS-IPSP ganó las elecciones con el 54% de los votos, esta tendencia histórica se truncó y tras décadas de silencio hacia los pueblos originarios, un aymara logró la Presidencia con una holgada mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. Durante los mandatos de Evo Morales, Bolivia se convirtió en el Estado Plurinacional de Bolivia a fin de otorgar reconocimiento a todos los pueblos originarios que habían sido silenciados tanto en tiempos de dictadura como de democracia. Además, las nacionalizaciones y las mejoras en materia laboral, salarial y sindical fueron una constante desde 2006 hasta 2019. De hecho, Bolivia se convirtió en el país latinoamericano que más crecimiento anual registró hasta 2018, tanto en PIB como en renta per cápita. Además, la inversión en misiones educativas redujo el nivel de analfabetismo en las comunidades rurales hasta el 4%; a día de hoy, Bolivia es uno de los países latinoamericanos con mayor tasa de alfabetización.
Dado que la mayor parte de las empresas nacionalizadas estaban en manos de capital extranjero y de esa “oligarquía blanca” que anteriormente hemos mencionado, no hace falta exprimirse el seso para inducir que las clases altas bolivianas no estaban demasiado conformes con la gestión de Evo Morales al frente del gobierno. Sin embargo, los problemas que asolan Bolivia comienzan el 21 de febrero de 2016.
El referéndum constitucional
En 2009, Bolivia aprobó una nueva Constitución[1] en la que también se incluía una reforma de la ley electoral. Hasta ese entonces, un presidente podía optar a dos mandatos consecutivos; la nueva ley electoral mantuvo esta cláusula, pero dado que la Constitución recién aprobada no tenía en cuenta la ley electoral anterior, Evo Morales pudo optar a dos mandatos consecutivos más (en total, tres mandatos consecutivos), lo cual despertó la indignación de los grupos opositores. En febrero de 2016 se organizó un referéndum en el que se preguntaba a la ciudadanía si estaba de acuerdo en modificar el artículo 168 de la Constitución –el artículo que estipula los mandatos posibles a los que puede acceder un presidente– para permitir la reelección de Morales una vez más. El referéndum se saldó con un resultado negativo para Evo Morales, quien interpuso un recurso al Tribunal Constitucional que acabó dándole la razón. Esto encendió los ánimos en los partidos contrarios a su gobierno e, incluso, entre las propias filas del MAS-IPSP. Con todo esto, la situación se calmó con el paso de los meses. Hasta este octubre de 2019.
Violencia, exilio y represión
El 20 de octubre de 2019 se celebraron elecciones generales en Bolivia. La jornada fue de total normalidad y tranquilidad hasta que entró la noche. Durante 23 horas fue suspendido el conteo de los votos. Según los datos oficiales, Evo Morales ganaba las elecciones pero no con el suficiente margen para evitar una segunda vuelta de las mismas contra el segundo candidato más votado, Carlos Mesa, quien ya fue presidente de Bolivia entre 2003 y 2005. La explicación que el Gobierno ofreció fue que una caída en la red de internet de las zonas rurales (tradicionalmente favorables al MAS-IPSP) afectó a la publicación de las actas y obligó a paralizar el recuento. Una vez reanudado el conteo, la diferencia entre Morales y Mesa se fue agrandando, beneficiando al primero y perjudicando al segundo. A partir de aquí, la oposición empezó a denunciar fraude electoral y muchos ciudadanos se manifestaron los días posteriores a la publicación de los resultados finales. El domingo 10 de noviembre, la OEA publicó un informe donde se expresaban las dudas sobre el proceso electoral: “En los cuatro apartados revisados (tecnología, cadena de custodia, integridad de las actas y proyecciones estadísticas) se hallaron irregularidades, algunas de ellas graves y otras, indicativas”[2].
Días más tarde, el Centro para la Investigación Económica y Política publicó otro informe[3] donde ponía en tela de juicio las conclusiones de la OEA y determinó que la tendencia del voto en las áreas rurales sí que hacían creíbles los resultados oficiales publicados por la Corte Electoral boliviana. Aunque Evo Morales aceptó la convocatoria de unas nuevas elecciones días después de la publicación del informe de la OEA, la oposición derechista le expulsó del Gobierno dejándole sin protección oficial en unos momentos en los que su integridad física (como la de sus ministros y vicepresidente, amenazadas por las milicias ultraderechistas) estaba en peligro. El 13 de noviembre, Evo Morales, Álvaro García Linera y la ministra de Salud, Gabriela Montaño, llegaron a México, país que a día de hoy les ofrece asilo político.
Sea como fuere, los partidos opositores encontraron en el informe de la OEA la justificación para iniciar un golpe de Estado contra Evo Morales y el gobierno del MAS-IPSP. Y sí, hablamos de golpe de Estado porque el mandato de Evo Morales, aunque hubiese perdido las elecciones, acababa el 22 de enero de 2020. Porque la actual presidenta del país, Jeanine Áñez, no ha pasado por las urnas. Porque las Fuerzas Armadas se han sublevado y están actuando en coordinación con grupos ultraderechistas, sin someterse a ningún tipo de control civil ni consensuar sus acciones con el propio Gobierno boliviano.
¿Quiénes son los opositores?
De todo lo ocurrido en Bolivia durante las últimas semanas no podemos pasar por alto un detalle crucial para entender en su totalidad cuáles han sido las motivaciones para derrocar a Morales del poder: ¿quiénes son los artífices del golpe de Estado? Entre los instigadores pueden destacarse Luis Fernando Camacho, nacido en Santa Cruz (la región más rica de Bolivia), exintegrante de la Unión Juvenil Cruceñista, una organización de extrema derecha. Su familia poseía empresas dedicadas a la extracción de hidrocarburos y a los servicios. Con el plan de nacionalizaciones de Evo Morales, la familia Camacho perdió gran parte de sus negocios relacionados con el gas, por lo que no es de extrañar que Luis Fernando Camacho sea parte activa del golpe de Estado. Camacho, además, apareció en los “papeles de Panamá” como intermediario que lavaba dinero a grandes empresarios bolivianos. Por si fuera poco, es miembro activo de la logia Los Caballeros de Oriente[4], relacionada con grupos de poder anti-izquierdistas de Bolivia. Ultracatólico y anticomunista convencido, entró en la Asamblea Legislativa con la Biblia en la mano, prometiendo “devolver las instituciones bolivianas a Dios”.
Otro de los instigadores es Williams Kalimán Romero, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas que lideró las revueltas dentro del propio Ejército boliviano. Kalimán siempre se mantuvo neutral políticamente hasta noviembre de este año, cuando sugirió a Evo Morales que presentase su renuncia para evitar sublevaciones dentro de las Fuerzas Armadas. Al no acceder éste a su petición, dio carta blanca a los militares opositores para organizarse en milicias independientes de cualquier control del Estado.
Aunque la influencia de Carlos Mesa se vio considerablemente reducida a medida que avanzaba el curso de los acontecimientos, también ha jugado un papel muy importante en el derrocamiento del gobierno de Morales. Carlos Mesa fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada durante las grandes movilizaciones obreras de octubre de 2003. La represión policial desatada a raíz de dichas protestas acabaron con la vida de 68 personas y dejó heridas a más de 400. Militante desde 2018 del Frente Revolucionario de Izquierda (que, en la actualidad, es un partido liberal) y candidato de la plataforma Comunidad Ciudadana, es el principal beneficiado de la salida de Morales de la presidencia, pues ello le convierte en el candidato más votado del país y en el principal líder político opositor al MAS-IPSP.
Jeanine Áñez, actual Presidenta de Bolivia, es diputada desde 2006 por el Movimiento Demócrata Social, partido que cuenta con cuatro diputados nacionales y un solo senador (de un total de 130 y 36 escaños, respectivamente). Su autoproclamación como Presidenta del país se llevó a cabo el pasado 12 de noviembre en una sesión en la que no hubo quorum para investirla. De hecho, los diputados del MAS-IPSP (que son mayoría en la Asamblea con 67 diputados) decidieron no participar en la votación en la que solo los partidos de centro y de derecha participaron (Comunidad Ciudadana, el Partido Demócrata Cristiano y el MDC). Desde entonces, su gestión se ha centrado en posibilitar la convocatoria de unos nuevos comicios, consensuando la fecha con todo el espectro político parlamentario, y en promover cambios en la cúpula militar de las Fuerzas Armadas a fin de hacerles partícipes activos de la situación política que vive el país.
El papel de Estados Unidos
Como un fantasma en la sombra, Estados Unidos también ha tomado partido en favor de los golpistas en el conflicto boliviano. A mediados de noviembre se filtraron audios donde se hacía mención a varios congresistas estadounidenses que ayudarían a difundir bulos sobre el proceso electoral a fin de deslegitimar internacionalmente a Evo Morales. Estos congresistas mencionados eran Marco Rubio y Ted Cruz, ambos del ala radical del Partido Republicano, quienes, en la teoría, ayudarían a los partidos opositores a alegar fraude electoral ante organismos internacionales para que no se reconociera la victoria de Morales en las elecciones. Por lo que se puede saber, dichas grabaciones fueron realizadas en la embajada de Estados Unidos en Bolivia y en ellas no solo se hace mención a los congresistas estadounidenses anteriormente citados, sino también a personajes de la política boliviana y opositores al gobierno del MAS, como Waldo Albarracín, presidente del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, o Jorge Quiroga, ex-subjefe nacional de Acción Democrática Nacionalista (partido ultraconservador sin representación parlamentaria actualmente) y expresidente de Bolivia desde agosto de 2001 hasta agosto del año siguiente.
Elecciones en período de excepción
Bolivia se encamina a unas nuevas elecciones. No está claro si Evo Morales y los cargos del Gobierno exiliados en México podrán volver a pisar suelo boliviano. De cualquier forma, está por ver si la convocatoria de unos segundos comicios benefician o perjudican a las fuerzas opositoras del MAS-IPSP. En las anteriores ocasiones en las que Evo Morales obtuvo tanto mayoría parlamentaria como los votos suficientes para alcanzar la Presidencia, fueron las comunidades indígenas y las zonas rurales las que finalmente le dieron el poder. Estas comunidades indígenas han sido duramente reprimidas durante las protestas contra el golpe de Estado, por lo que no sería de extrañar que otras elecciones no solucionaran el problema político existente en Bolivia.
De lo que no cabe ninguna duda es que si Evo Morales o algún candidato alternativo del MAS-IPSP llega a la Presidencia la tarea de reconstrucción nacional es harto compleja. En primer lugar, por el papel que ha jugado el Ejército durante el proceso, siendo un actor nuclear del golpe. En segundo lugar, por las heridas identitarias que han salido a flote durante todas estas semanas, evidenciando el racismo y el anti-indigenismo encubierto en las Fuerzas Armadas y en amplios sectores de la sociedad boliviana (especialmente en la ciudad de Santa Cruz, donde se acumula mayor porcentaje de voto derechista). Y, en tercer lugar, por la desafección creada entre un gran número de comunidades agrícolas y campesinas y el MAS-IPSP; desafección causada por las políticas extractivistas de la última legislaturas de Morales que ya levantaron ampollas en las regiones rurales que, mayoritariamente, le han votado en las sucesivas elecciones.
Bolivia se enfrenta a sí misma mientras la represión crece en las calles y el número de heridos por violencia policial y militar aumenta protesta tras protesta.
Raúl Conde García (@raulconde97) es estudiante de Filosofía en la Universidad de Sevilla y militante del PCE.
Notas
[1] Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE) de Bolivia vigente desde el 7 de febrero de 2009. Recuperado de: https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Bolivia.pdf.
[2] Organización de Estados Americanos. Análisis de integridad electoral. Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia. 20 de noviembre de 2019. Recuperado de: https://www.oas.org/documents/spa/press/Informe-Auditoria-Bolivia-2019.pdf.
[3] Center for Economy and Policy Research. What happened in Bolivia’s 2019 vote count? The role of the OAS electoral observation mission. Recuperado de: http://cepr.net/images/stories/reports/bolivia-elections-2019-11.pdf
[4] García Rawlins, Carlos. (11 de noviembre de 2019). “¿Quién es Luis Fernando Camacho, el hombre que encabezó el golpe de Estado en Bolivia y que promete que ‘Dios volverá al Palacio’? RT. Recuperado de: https://actualidad.rt.com/actualidad/333279-perfil-luis-camacho-golpe-estado-bolivia.
Fotografía (cc) Joel Álvarez
Fuente Creative Commons La_U
Cap comentari :