¿Sigue siendo el Estado del bienestar un instrumento para un crecimiento económico más inclusivo? Carlos Ochando Claramunt (La Paradoja de Kaldor)

Existe ya bastante evidencia teórica y empírica sobre los efectos positivos del gasto social sobre la eficiencia y el crecimiento económico. Citemos algunos.

En primer lugar, las políticas públicas corrigen fallos del mercado e internalizan efectos externos (positivos y negativos) que el intercambio libre del mercado no considera, lo que resulta muy positivo para la toma de decisiones económicas de los agentes privados.Por ejemplo, la intervención pública permite la corrección de las imperfecciones en el mercado de capitales. En presencia de mercados de capitales imperfectos, una mayor desigualdad impide o limita la inversión en capital humano (especialmente, en salud y educación) de quienes no superan un determinado umbral de ingresos, disminuyendo el capital humano agregado y con él la tasa de crecimiento económico y la productividad. La mayor equidad distributiva puede facilitar un mejor acceso al crédito y a la información de los hogares pobres, aumentando las oportunidades para que hagan inversiones productivas (Galor y Zeira, 1993).

Por otro lado, existen externalidades positivas del gasto público en bienes sociales o preferentes sobre la productividad y la movilidad de la fuerza de trabajo y esto es fundamental para incrementar la competitividad en los mercados internacionales e impulsar el desarrollo económico y el cambio tecnológico. Así mismo, la reducción de la pobreza y un mayor nivel de desarrollo humano (en términos de educación, salud y nutrición) eleva la productividad de la fuerza de trabajo y estimula el proceso de innovación en la economía.

No obstante, creemos que los actuales Estados del bienestar pueden contribuir a un crecimiento económico más inclusivo mediante la consecución de dos objetivos claves: la reducción de la desigualdad y la mayor creación de empleo en el sector de los servicios sociales públicos.

Estado del bienestar y desigualdad

Numerosos estudios teóricos y empíricos llegan a la conclusión de que la desigualdad en la distribución de la renta está negativamente correlacionada con la eficiencia económica y el crecimiento económico a largo plazo o, lo que es lo mismo, que una mejora en la distribución de la renta contribuye a favorecer positivamente la eficiencia económica y el crecimiento económico a largo plazo. Hasta el propio FMI ha llegado a aceptar que la desigualdad económica y el crecimiento insostenible son las caras de una misma moneda y que una reducción de la desigualdad tiene efectos positivos sobre el crecimiento económico (Berg y Ostry, 2011; Ostry, Berg y Tsangarides, 2014).En resumen, el Estado del bienestar no se mostraría tan disfuncional con el crecimiento económico como algunas corrientes de pensamiento económico liberal pretenden plantear. Y ¿por qué?

El argumento fundamental es que el Estado del bienestar puede generar efectos positivos sobre los incentivos económicos y el crecimiento económico (Bandrés, 2014). Explicaremos algunos argumentos que refuerzan esta tesis:

– Una mayor desigualdad aumenta la probabilidad de inestabilidad política y conflicto social, ampliando la incertidumbre sobre la garantía de los derechos de propiedad y la calidad de las instituciones, con los consiguientes efectos negativos sobre la inversión y el crecimiento económico. Por tanto, una mayor equidad permite una mayor estabilidad política y social del sistema democrático, condición previa para el crecimiento económico.

– Una mayor desigualdad genera una mayor demanda de políticas redistributivas que reducen la inversión y la tasa de crecimiento (“tesis de la redistribución endógena”). Una extrema desigualdad puede sesgar la política tributaria, o bien hacia planteamientos más populistas con lo que introduciría distorsiones y desincentivos que mermen el crecimiento económico (Alesina y Rodrik, 1994; Persson y Tabellini, 1994) o bien hacia los intereses de los grupos de mayor nivel de renta, lo cual también puede provocar un menor crecimiento económico.

– La reducción de la desigualdad aumenta la confianza y/o el capital social, aspectos nucleares del desarrollo y crecimiento económico. Autores como Sanz y Corrochano (2010) proponen la necesidad de incentivar la formación en capital social para potenciar los efectos económicos y sociales del Estado del bienestar. Apuntan que “el Estado de Bienestar tiene efectos dinamizadores positivos sobre el crecimiento económico cuando existe una fuerte presencia de capital social que, teóricamente, reduce el abuso de las prestaciones y permite sinergias que facilitan la reincorporación de los ciudadanos a la actividad social y económica productiva” (Sanz y Corrochano, 2010: 102).

¿Sigue siendo el Estado del bienestar un instrumento eficaz contra la desigualdad? Los Gráficos 1 y 2 parecen validar esta tesis. Los países con mayor gasto social obtienen mejores resultados en términos de reducción de la desigualdad y de tasa de pobreza.

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat.

A diferencia de autores liberales, pensamos que el Estado del bienestar no es la causa de las crisis económicas, sino que favorece -y no dificulta- las salidas sostenibles y sólidas a las mismas.

No es cierto que aquellos países que han desarrollado más extensamente el Estado del bienestar muestren peores resultados en términos económicos. Todo lo contrario. Los países con fuertes Estados del bienestar obtienen mejores resultados en términos de desempleo, crecimiento económico, inflación, productividad y competitividad. Lo cual no quiere decir que no tengan necesidad de reformar de forma periódica, dinámica e innovadora sus políticas sociales.

El Estado del bienestar puede ser un instrumento eficaz en la lucha contra el desempleo. Varios argumentos nos ayudan a comprender esta afirmación. El gasto social ayuda a mantener alto y estable el consumo y la demanda agregada interna, en la medida en que las prestaciones van dirigidas a grupos con alta propensión al gasto, lo que hace innegable el carácter anticíclico de las prestaciones sociales y sus consecuencias estabilizadoras sobre el ciclo económico. Por tanto, la expansión del gasto público y, en concreto, del gasto público social tiene un impacto positivo (directo e indirecto) en la creación de empleo (público y privado).

Por otro lado, el Estado del bienestar impulsa sectores y actividades económicas potencialmente creadoras de empleo (público y privado). Los servicios sociales y de atención personalizada (personas mayores, dependientes, menores, etc.) son sectores con un crecimiento potencial del empleo muy importante en los próximos años, sobre todo, en países como España, donde estos servicios sociales están claramente infradesarrollados. La potenciación de estos servicios sociales públicos, pilares centrales del Estado del bienestar, tendría un efecto claramente dinamizador sobre la economía y tendría dos efectos importantes sobre el empleo: a) directo, ya que representan un porcentaje importante del empleo creado en el sector de servicios y b) indirecto, ya que permiten aumentar la participación activa de las mujeres en el mercado de trabajo.

En cierta medida, el buen comportamiento del empleo que tienen otros países desarrollados de nuestro entorno se debe a una mayor extensión y cobertura de sus regímenes públicos de bienestar social, como se puede comprobar en el Gráfico 3.