Litoral del Este exige 25 millones, además, como indemnización por Porxinos
El PSPV de Riba-roja de Túria ha denunciado que el ayuntamiento acumula a estas alturas de la legislatura el pago de hasta 11'1 millones de euros en materia de los fallos judiciales y por las deudas derivadas de la gestión del anterior equipo de gobierno del Partido Popular. A esta cantidad hay que sumar los 25 millones de euros que reclama la mercantil Litoral del Este por la anulación del programa de actuación integrada (PAI) de Porxinos, auspiciado por el Valencia para la construcción de una ciudad deportiva, viviendas y un campo de golf.
Las arcas municipales han tenido que hacer frente al goteo incesante de sentencias y fallos judiciales derivados por los litigios civiles iniciados por personas particulares o empresas privadas que buscan un resarcimiento económico por diversas causas, especialmente los problemas urbanísticos que se remontan a las legislaturas anteriores bajo gobiernos del Partido Popular.
Entre los citados 11'1 millones de euros acumulados hasta ahora cabe destacar los 2'3 millones de euros que el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria abonó al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para cancelar el préstamo de 3'8 millones solicitado para el pago de proveedores y que permitió a las arcas municipales ser las únicas del Camp de Túria con una deuda pública a cero.
A esta suma cabe añadir los 3'4 millones de euros que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia -recurrida en casación en el Tribunal Supremo- por la ocupación de una parcela en los años 70 para destinarlos a zona verde en la urbanización de Montealcedo sobre una superficie de 58.000 metros cuadrados. De momento, ya se han abonado 800.000 euros hasta que la sentencia sea considerada firme.
Sin embargo, el equipo de gobierno de Riba-roja de Túria también ha tenido que afrontar deudas antiguas del anterior ejecutivo del Partido Popular como los 575.865 euros que hubo que abonar a la Diputación de Valencia correspondientes a los ingresos que el ejecutivo encabezado por el ex alcalde Francisco Tarazona no realizó a cuenta del organismo provincial en concepto del impuesto de actividades económicas (IAE) entre los años 1999 y 2014, ambos inclusive.
La acumulación de obligaciones financieras derivadas de litigios judiciales se completa con otras cuestiones como la ocupación de unos terrenos en el Barranc de les Monges valorada en 2'2 millones más otros 500.000 euros como intereses cuyo conflicto se remonta al año 2005 cuando el ayuntamiento se interesó por ese suelo para construir un anfiteatro y para cuya puesta en marcha llegó a un acuerdo con los propietarios para que su compra se realizase a través de una futura permuta urbana en una zona por determinar del término municipal y que nunca se materializó. La familia nunca llegó a recibir ni los terrenos permutados ni dinero como compensación.
Otra indemnización de 2'2 millones de euros a raíz de la falta de ejecución de un programa de actuación integrada (PAI) es la causa de un nuevo problema judicial con una conocida empresa inmobiliaria valenciana por el posible daño y perjuicios causados en el transcurso del proceso administrativo. Una nueva mercantil se añade a la lista con otros 506.000 euros al considerar "contrario a ley la decisión de ayuntamiento de rescindir un contrato por prestación de un servicio municipal".
Finalmente, al margen de los citados 11'1 millones cabe reseñar el litigio que mantiene el ayuntamiento con Litoral del Este, mercantil creada por el Valencia para levantar una ciudad deportiva en Porxinos, que exige 25 millones de euros como indemnización por los reveses judiciales que en su momento anularon el citado plan por la falta de suficientes recursos hídricos y falta de publicidad en la adjudicación del proyecto.
El PSPV de Riba-roja ha lamentado "la herencia que recibimos en 2015 cuando accedimos al gobierno y que ha lastrado la gestión de esta legislatura aunque a pesar de todo hemos impulsado una ciudad moderna, sostenible con el medio ambiente y con una gran capacidad para llevar a cabo proyectos importantes en infraestructuras educativas, comunicaciones, sanitarias y prestaciones sociales".
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