El ayuntamiento cierra la comisión de investigación y reclama a Ferrer que pida perdón
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha cerrado hoy la comisión municipal que ha investigado durante los últimos meses las escuchas que realizó el concejal de Riba-roja Puede, Rubén Ferrer, al edil de Esquerra Unida, Rafael Gómez, en dependencias públicas a finales de enero de este año y ha concluido que las mismas fueron ilegales y con el único ánimo de coaccionar y perjudicar al citado representante político.
Las conclusiones aprobadas con el voto favorable del equipo de gobierno -formado por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida- y de Ciudadanos, la abstención del Partido Popular y el voto contrario de Riba-roja Puede evidencian que la actitud de Ferrer "es reproblable personal y políticamente, por el uso de la grabación que reconoce haber hecho, para coaccionar a un miembro elegido por las urnas así como menoscabar la credibilidad personal y política tanto de su grupo como de su persona".
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha cerrado hoy la comisión municipal que ha investigado durante los últimos meses las escuchas que realizó el concejal de Riba-roja Puede, Rubén Ferrer, al edil de Esquerra Unida, Rafael Gómez, en dependencias públicas a finales de enero de este año y ha concluido que las mismas fueron ilegales y con el único ánimo de coaccionar y perjudicar al citado representante político.
Las conclusiones aprobadas con el voto favorable del equipo de gobierno -formado por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida- y de Ciudadanos, la abstención del Partido Popular y el voto contrario de Riba-roja Puede evidencian que la actitud de Ferrer "es reproblable personal y políticamente, por el uso de la grabación que reconoce haber hecho, para coaccionar a un miembro elegido por las urnas así como menoscabar la credibilidad personal y política tanto de su grupo como de su persona".
La conclusión final de la comisión constata que el portavoz de Riba-roja
Puede "grabó de forma ilegal parte de la conversación, la
malinterpretó, intentó manipular la opinión de la plataforma y de la
opinión pública contra Rafael Gómez tras su declaración en prensa y su
intervención en el pleno y que toda esta actuación es indigna, injusta y
carece de ética entre miembros de la corporación" y, además, considera
que el citado concejal debe pedir "disculpas públicas de forma clara y
contundente en los ámbitos en los que actuó, en prensa, en la plataforma
y en el pleno municipal".
Los hechos que se han analizado en esta comisión se remontan a finales de enero de 2017 cuando el portavoz de Riba-roja Puede, Rubén Ferrer, interceptó una conversación telefónica entre los ediles de Ciudadanos y el portavoz de Esquerra Unida. Para ello se valió de la cercanía entre su despacho y el del grupo Ciudadanos -contiguos pared con pared- para grabar mediante un dispositivo móvil la conversación que este grupo mantenía con el edil de Esquerra Unida.
El texto aprobado considera que el objetivo de Ferrer era utilizar la grabación en una reunión de la Plataforma Salvem Porxinos para atacar al edil de Esquerra Unida Además, una de las conclusiones asevera que Ferrer "dijo que había mentido sobre la tenencia de dicha grabación para presionar al portavoz de Esquerra Unida y miembro de la plataforma Salvem Porxinos y dejar en evidencia al gobierno municipal en su relación con el grupo Ciudadanos".
"Debemos mencionar también -prosigue el texto- la utilización de la mentira por parte de Rubén Ferrer persiguiendo el mismo fin, menoscabar y coaccionar a rivales políticos en ámbitos y plataformas ciudadanas; su actitud ha sido de constante desprecio a la comisión de investigación".
Por último, recuerdan que en la comisión se debatió sobre un episodio de naturaleza similar en la que el propio Ferrer grabó un vídeo, colgado a posteriori en las redes sociales en el que retransmitía lo que a su juicio era el contenido de una reunión realizada en el mismo despacho contiguo en el que se realizó a la sazón la grabación al concejal de Esquerra Unida.
Los hechos que se han analizado en esta comisión se remontan a finales de enero de 2017 cuando el portavoz de Riba-roja Puede, Rubén Ferrer, interceptó una conversación telefónica entre los ediles de Ciudadanos y el portavoz de Esquerra Unida. Para ello se valió de la cercanía entre su despacho y el del grupo Ciudadanos -contiguos pared con pared- para grabar mediante un dispositivo móvil la conversación que este grupo mantenía con el edil de Esquerra Unida.
El texto aprobado considera que el objetivo de Ferrer era utilizar la grabación en una reunión de la Plataforma Salvem Porxinos para atacar al edil de Esquerra Unida Además, una de las conclusiones asevera que Ferrer "dijo que había mentido sobre la tenencia de dicha grabación para presionar al portavoz de Esquerra Unida y miembro de la plataforma Salvem Porxinos y dejar en evidencia al gobierno municipal en su relación con el grupo Ciudadanos".
"Debemos mencionar también -prosigue el texto- la utilización de la mentira por parte de Rubén Ferrer persiguiendo el mismo fin, menoscabar y coaccionar a rivales políticos en ámbitos y plataformas ciudadanas; su actitud ha sido de constante desprecio a la comisión de investigación".
Por último, recuerdan que en la comisión se debatió sobre un episodio de naturaleza similar en la que el propio Ferrer grabó un vídeo, colgado a posteriori en las redes sociales en el que retransmitía lo que a su juicio era el contenido de una reunión realizada en el mismo despacho contiguo en el que se realizó a la sazón la grabación al concejal de Esquerra Unida.
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| en el centro el concejal de Riba-roja Puede implicado |
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