El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado la reprobación del concejal Andrés Fernández de Riba-roja Puede por obviar su obligación de socorrer a un indigente que se hallaba tendido en el suelo de una plaza del casco urbano y en su lugar realizó una fotografía del mismo y la subió a una red social para atacar duramente al actual equipo de gobierno. Fernández no avisó de este suceso ni a la policía local, ni a la Guardia Civil, ni a los Servicios Sociales, ni a Emergencias de la Generalitat.
El texto de la reprobación redactado por el equipo de gobierno -formado por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida- ha contado con el voto a favor de Ciudadanos y el rechazo del Partido Popular y de Riba-roja Puede.
Los hechos que han motivado la reprobación se remontan al pasado 13 de mayo cuando el concejal Andrés Fernández, de Riba-roja Puede, fotografió de noche a una persona que se hallaba tendida en el suelo del parque de la Constitución sin que en ningún momento se pusiese en contacto con la policía local, con los Servicios Sociales, el centro de salud o la Guardia Civil para alertar sobre la salud de esta persona y, por tanto, prestarle la ayuda correspondiente.
Fernández aprovechó la ocasión para atacar con dureza y vehemencia al actual equipo de gobierno con frases como "nuestro alcalde prefiere pactar con Ciudadanos, la realidad es que en la calle la precariedad es galopante, la desigualdad es aberrante y los derechos conseguidos por la lucha de tantas personas en el pasado se van diluyendo gracias a PP, Ciudadanos o PSOE, siento vergüenza al saber que hay gente que necesita ayuda y no se le da".
La moción aprobada por el pleno recalca el protocolo que una autoridad como es el caso de un concejal, en el gobierno o en la oposición, debe cumplir "en situaciones de emergencia con personas en riesgo, si existe riesgo de seguridad de inmediato avisamos a la policía local y a la Guardia Civil, si hay lesiones o riesgo para la salud avisamos a los Servicios Sanitarios, si la persona en cuestión está en situación de desprotección se actúa en función del caso y del grado de desprotección; en todos los casos se acompaña a la persona hasta que es atendida".
El pleno de Riba-roja de Túria alude al artículo 195.1 del actual código penal que dice que "el que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros será castigado con la pena de multa de tres a doce meses" y alerta de que la persona tendida en el suelo "podría haber estado enferma, en un coma etílico o simplemente recibiendo el relente de la noche".
Los grupos firmantes de la moción certifican que el concejal Fernández "vio a esta persona y siendo una autoridad local, no llamó a los Servicios Sociales ni a la policía local para que se le atendiese, tal como consta en el informe aportado por la policía local a petición de la alcaldía; omitió el deber de socorro, solo le interesaba ponerlo en la red en un todo vale que descalifica a quien lo hace".
Por todo ello, se reprueba al edil de Riba-roja Puede por los hechos descritos, que se añaden a otra reprobación que el mismo político recibió en julio del pasado año por parte del pleno municipal por hostigar a algunos funcionarios y trabajadores municipales en dependencias públicas "con un lenguaje poco respetuoso y con unas formas incorrectas al parecer desafiantes". Además, el portavoz municipal de este mismo partido, Rubén Ferrer, recibió otra reprobación en mayo de 2017 por grabar y difundir sin permiso conversaciones privadas de concejales en dependencias del ayuntamiento.
El gobierno municipal concluye que "una vez más Riba-roja Puede utiliza hasta la última de las situaciones dramáticas de una persona para atacar al actual gobierno" y ha destacado "la apuesta por las políticas sociales, con un banco de alimentos propio, comedor social y acuerdos para situaciones de emergencia para que puedan dormir y no estén en la calle, por eso la importancia de que el concejal hubiera avisado a cualquier de los teléfonos de emergencia y solucionar el problema de esta persona".
El texto de la reprobación redactado por el equipo de gobierno -formado por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida- ha contado con el voto a favor de Ciudadanos y el rechazo del Partido Popular y de Riba-roja Puede.
Los hechos que han motivado la reprobación se remontan al pasado 13 de mayo cuando el concejal Andrés Fernández, de Riba-roja Puede, fotografió de noche a una persona que se hallaba tendida en el suelo del parque de la Constitución sin que en ningún momento se pusiese en contacto con la policía local, con los Servicios Sociales, el centro de salud o la Guardia Civil para alertar sobre la salud de esta persona y, por tanto, prestarle la ayuda correspondiente.
Fernández aprovechó la ocasión para atacar con dureza y vehemencia al actual equipo de gobierno con frases como "nuestro alcalde prefiere pactar con Ciudadanos, la realidad es que en la calle la precariedad es galopante, la desigualdad es aberrante y los derechos conseguidos por la lucha de tantas personas en el pasado se van diluyendo gracias a PP, Ciudadanos o PSOE, siento vergüenza al saber que hay gente que necesita ayuda y no se le da".
La moción aprobada por el pleno recalca el protocolo que una autoridad como es el caso de un concejal, en el gobierno o en la oposición, debe cumplir "en situaciones de emergencia con personas en riesgo, si existe riesgo de seguridad de inmediato avisamos a la policía local y a la Guardia Civil, si hay lesiones o riesgo para la salud avisamos a los Servicios Sanitarios, si la persona en cuestión está en situación de desprotección se actúa en función del caso y del grado de desprotección; en todos los casos se acompaña a la persona hasta que es atendida".
El pleno de Riba-roja de Túria alude al artículo 195.1 del actual código penal que dice que "el que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros será castigado con la pena de multa de tres a doce meses" y alerta de que la persona tendida en el suelo "podría haber estado enferma, en un coma etílico o simplemente recibiendo el relente de la noche".
Los grupos firmantes de la moción certifican que el concejal Fernández "vio a esta persona y siendo una autoridad local, no llamó a los Servicios Sociales ni a la policía local para que se le atendiese, tal como consta en el informe aportado por la policía local a petición de la alcaldía; omitió el deber de socorro, solo le interesaba ponerlo en la red en un todo vale que descalifica a quien lo hace".
Por todo ello, se reprueba al edil de Riba-roja Puede por los hechos descritos, que se añaden a otra reprobación que el mismo político recibió en julio del pasado año por parte del pleno municipal por hostigar a algunos funcionarios y trabajadores municipales en dependencias públicas "con un lenguaje poco respetuoso y con unas formas incorrectas al parecer desafiantes". Además, el portavoz municipal de este mismo partido, Rubén Ferrer, recibió otra reprobación en mayo de 2017 por grabar y difundir sin permiso conversaciones privadas de concejales en dependencias del ayuntamiento.
El gobierno municipal concluye que "una vez más Riba-roja Puede utiliza hasta la última de las situaciones dramáticas de una persona para atacar al actual gobierno" y ha destacado "la apuesta por las políticas sociales, con un banco de alimentos propio, comedor social y acuerdos para situaciones de emergencia para que puedan dormir y no estén en la calle, por eso la importancia de que el concejal hubiera avisado a cualquier de los teléfonos de emergencia y solucionar el problema de esta persona".
Riba-roja Puede en una nota emitida antes de recibir la comunicación de lo ocurrido en el Pleno, se defiende y niega los hechos:
Desde este grupo político manifestamos
que “el Alcalde debería ocuparse de preparar su próxima
declaración ante la Justicia de los hechos que hizo con el presunto
amaño de contrato y no dedicarse a intentar embarrar el terreno a
los demás concejales que están haciendo una perfecta labor de
fiscalización de su labor de gobierno. La propia denuncia de la
falsificación es la mejor prueba de ello”. Manifestó Rubén Ferrer
portavoz del grupo político de Riba-roja Puede. Por otro lado también
“queremos denunciar la coacción de nuestra libertad de expresión
al reprobar en el Pleno una publicación de contenido político,
hecha por uno de nuestros concejales en las redes sociales, de que
hay gente que duerme en la calle mientras el equipo de gobierno
recorta en atención a personas desahuciadas. El equipo de gobierno
debe saber que no va a haber reprobación alguna que consiga acallar
nuestro compromiso con las personas que más están sufriendo por la
crisis, y por lo tanto vamos a seguir denunciando estos hechos
mientras se sigan produciendo en cualquier lugar del país, más y
cuando se producen en nuestro pueblo, Riba-roja.”
Si tan concienciados con los “sin
techo” están como dicen estarlo, desde Podemos Riba-roja queremos
pedirle al equipo de gobierno que busquen una solución habitacional
inmediata para las personas que están viviendo en situación de
precariedad en casetas de huerta y en chabolas de nuestro municipio,
ya que según datos de los propios Servicios Sociales hay más de 40
familias que están en situación de lista de espera de para
conseguir una vivienda, y que no se intente criminalizar a los que
denunciamos esta situación de extrema pobreza."
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