Durante todo el año 2016 -primer año con presupuestos de Ahora Madrid- el Ayuntamiento hizo un gran esfuerzo en inversión social y en inversión en infraestructuras, incrementando la primera en un 31% y la segunda en más de un 150% con respecto al año anterior, y todo ello al mismo tiempo que fue capaz de generar un superávit de 1.022 millones de euros y dejar la deuda un 32% por debajo de la que había con la llegada de Ahora Madrid.
Como este éxito supone una impugnación a la política de austeridad del Partido Popular y demuestra que otras alternativas son posibles, este partido no ha dejado de intentar obstaculizar, a través de diferentes vías, las actuaciones del gobierno de Ahora Madrid. La aspiración del PP es que el Ayuntamiento de Madrid no incremente tanto la inversión en la ciudad para que pueda registrar mayor superávit y devuelva antes la deuda a los bancos (enjuagando por el camino las cuentas de las administraciones públicas para que Montoro apruebe los exámenes fiscales de Bruselas). Pero ese objetivo es una aberración porque no sólo detrae recursos que podrían ser utilizados en mejora de la ciudad sino que es antieconómico por culpa de la penalización que conllevan los tipos de préstamos que los anteriores gobernantes firmaron con las entidades financieras.
Una de esas trabas fue la exigencia que el Ministerio de Economía –incumplidor por cierto de las reglas fiscales que trata de imponer– trasladó al Ayuntamiento de Madrid de inmovilizar 238 millones de euros del presupuesto de 2017 para que no fuesen gastados. Esta exigencia fue satisfecha por el Ayuntamiento de Madrid para evitar problemas legales pero fue al mismo tiempo compensada con el incremento del presupuesto en 302 millones de euros a través de procedimientos absolutamente legales. El resultado final fue que las actuaciones planeadas por el gobierno de Ahora Madrid no se pusieron en riesgo.
No obstante, el Partido Popular ha vuelto a la carga, esta vez a través de la Delegación del Gobierno en Madrid, requiriendo al Ayuntamiento que deshaga ese incremento del presupuesto de 302 millones de euros. De nuevo, otro intento de dinamitar el éxito de la política económica de Ahora Madrid.
Esta exigencia supondría la no realización de más del 50% de las inversiones que está ya ejecutando el gobierno madrileño (algunas de hecho ya han sido finalizadas y ya están en fase avanzada de realización 132 millones de euros de los 303 totales) y que afectan a múltiples ámbitos, desde promoción del transporte (como compra de nuevos autobuses), actuaciones en vías públicas y en patrimonio verde, reformas en edificios municipales (colegios, cementerios, centros de mayores, instalaciones deportivas, escuelas infantiles y de música…), etc.
No aceptaremos por tanto el requerimiento de Delegación del Gobierno porque, además de no tratarse de una interpretación legal que tenga el mínimo rigor, sería una absoluta irresponsabilidad política no llevar a cabo los proyectos que están detrás de esta nueva estratagema del Gobierno.
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