En conclusión, el legítimo derecho de los pensionistas a no ver fuertemente rebajado el nivel adquisitivo de su pensión y no soportar ningún nuevo recorte, es un derecho económico constituido por sus cotizaciones, además de pura justicia social reconocida, que ya sería razón suficiente.
El debate sobre la sostenibilidad de las pensiones y el agotamiento del Fondo de Reserva se ha intensificado últimamente a raíz de la decisión del gobierno de acudir a un préstamo para el abono de la paga extra de junio, por las previsiones efectuadas en el dictamen de la Autoridad Fiscal (AIREF), así como por la publicación de las recomendaciones efectuadas por el FMI.
La conclusión de estos informes es que el actual agotamiento de la denominada hucha de las pensiones y la evolución prevista de déficit de las pensiones durante los próximos años, exigirá limitar, por efecto de la Reforma de 2013, el incremento anual de las pensiones al 0,25%, sensiblemente por debajo de la inflación esperada y, según la AIREF, provocará una pérdida de su poder adquisitivo del 7% hasta 2022.
Adicionalmente, la entrada en vigor del factor de sostenibilidad a partir de 2019, que ligará la pensión inicial a la esperanza de vida, ampliará esta pérdida de poder adquisitivo.
El FMI, por si esto fuera poco, propugna “trabajar más tiempo y fomentar el ahorro complementario” (fondo de pensiones privados).
En todo caso, todos (Gobierno, AIREF y FMI) anticipan que es difícil establecer estimaciones más allá de 2022 y se sugiere que pueden ser necesarias medidas adicionales de recorte.
El argumento que se esgrime es que, agotada la hucha de las pensiones y previéndose un déficit de larga duración del sistema, no es posible financiarlo, dado que ha de atenderse con sus propios recursos y estos no tienen capacidad para hacerlo.
Pero lo cierto es que las pensiones son derechos subjetivos de los ciudadanos y su consideración es el de gasto obligatorio, constitucionalmente reconocido y, por tanto, deben ser atendidas en su integridad y, además, esos derechos subjetivos, no son solo obligaciones básicas del Estado, sino que están respaldados por las cotizaciones efectuadas por estas generaciones, que han acumulado un fuerte superávit durante su vida activa, que permite y obliga a satisfacer sus pensiones, utilizando, para el fin para el que se creó, el fondo económico que han generado.
En efecto, si analizamos las Cuentas Oficiales de la Seguridad Social desde 1977, año que finaliza la denominada generación del baby-boom(1958-1977), de nacimientos en niveles máximos y sus primeros contingentes ya incorporándose al mercado, hasta 2016 (último cerrado), podemos observar que los ingresos por cuotas para contingencias comunes, frente a las prestaciones contributivas pagadas a los cotizantes, tienen un fuerte superávit en todos los años hasta 2010, donde aparecen los primeros déficits por efecto de la crisis económica.
Esta circunstancia es totalmente lógica, al encontrarnos en los inicios de un sistema de pensiones integrado (R. D. Ley 36/1978), con gran aportación de efectivos y con mucha vida activa pendiente (hasta los años 2022 al 2042) y relativamente pocos compromisos derivados de los regímenes anteriores.
El fondo acumulado de este periodo, capitalizado con el rendimiento medio de la deuda pública asciende, nada menos, que a 595.917 millones de euros [ver Cuadro 1: Fondo de pensiones real].
Este extraordinario flujo a lo largo de 40 años ha sido utilizado para financiar, desde la sanidad (hasta 2003), a prestaciones asistenciales y, en general, a formar parte de la financiación del Presupuesto General del Estado, sin que hasta el año 2000 se crease formalmente el Fondo de Garantía de las Pensiones (hucha de las pensiones), aunque con aportaciones muy inferiores a los superávits del sistema y que, junto a sus ingresos financieros, llegó a alcanzar un importe de 66.815 millones de euros. Un 11,2% del fondo realmente generado por los superávits del sistema de pensiones.
Evidentemente el “mantra” de que se ha agotado la hucha de las pensiones no responde en absoluto a la realidad.
Una cosa es que el fondo no esté “en caja” y otra bien distinta es que no exista. Existe como derechos de crédito del sistema de pensiones frente al Presupuesto que, lógicamente, ha usado esos fondos para financiarse temporalmente, evitando incrementar la deuda pública. De forma similar que cualquier banco, que no tiene “en caja” los depósitos de sus clientes, sino prestados a terceros, sin que esto límite el derecho de recuperarlos cuando se necesite.
El importe de estos 595.917MM€, capitalizados a un modesto tipo real del 2% y detrayendo cada año el déficit previsto del sistema, partiendo del de 2016 y teniendo en cuenta el crecimiento del número de las pensiones, según los datos reales del INE, por los que van entrando en la edad de jubilación, manteniendo los importes en términos reales y sin incluir el factor de sostenibilidad, es decir, excluyendo los graves recortes de la Reforma de 2013, permiten estimar un saldo positivo más allá de 2042, concretamente hasta 2045 [ver Cuadro 2: Duración del fondo].
A partir de estos años el gasto en pensiones se reduce rápidamente, por el fin de las jubilaciones del baby-boom y la llegada de generaciones de la más baja natalidad de la historia.
En conclusión, el legítimo derecho de los pensionistas a no ver fuertemente rebajado el nivel adquisitivo de su pensión y no soportar ningún nuevo recorte, es un derecho económico constituido por sus cotizaciones, además de pura justicia social reconocida, que ya sería razón suficiente.
No es pues de extrañar que cuando de forma tergiversada se cuestiona el derecho a sus pensiones a los pensionistas, actuales y futuros, estos puedan razonablemente replicar “y que hay de lo mío”.
Fernando De Miguel es economista
Originariamente publicado en blogs público
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