Las coacciones, las presiones y el acoso al que sometió el edil de Riba-roja Pot a los citados funcionarios, alguno de ellos con categoría de habilitado nacional, ha causado un malestar patente entre los trabajadores del ayuntamiento que se ha solidarizado con sus compañeros y han solicitado que estos graves hechos no se vuelvan a repetir en un futuro. Incluso, las organizaciones sindicales del ayuntamiento se han sumado al rechazo de unos hechos reproblables y lamentables de un representante público.Los sindicatos lamentan las coacciones protagonizadas por el concejal.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria -formado por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida- ha denunciado las presiones y las coacciones a las que el concejal de Riba-roja Pot Andrés Fernández ha sometido en las últimas semanas a diversos funcionarios y trabajadores municipales con el objetivo de amedrentarlos y que los mismos se plieguen a sus peticiones y solicitudes.
El gobierno de Riba-roja considera "fuera de lugar" el comportamiento que el citado concejal del ayuntamiento ha tenido hacia los funcionarios y empleados públicos hasta el punto de amenazarlos con denunciarlos ante la Guardia Civil si no se sometían a sus solicitudes para conseguir sus propósitos "sin importarle para ello emplear un tono irrespetuoso hacia los empleados públicos al irrumpir en los despachos municipales".
La convocatoria de la comisión de investigación que analiza las escuchas ilegales que el portavoz de Riba-roja Pot, Rubén Ferrer, realizó a los ediles de Ciudadanos en las dependencias municipales fue el detonante del último de los episodios protagonizado por el edil Andrés Fernández. Esta comisión, convocada para el 26 de mayo, fue finalmente suspendida por la negativa del grupo Riba-roja Pot a aceptar el voto ponderado en la misma y que, previamente, fue aprobada por el pleno, con el voto incluido Riba-roja Pot.
El gobierno municipal censura los hechos ocurridos a finales del mayo, en los días previos a la celebración de la citada comisión de investigación, cuando el concejal de Podemos se dirigió a diversos empleados públicos "de malas maneras y con absoluta falta de educación y respeto para exigir documentos e informes municipales sin seguir los procedimientos y los cauces oportunos establecidos para ello, con un menoscabo hacia estas personas de forma injusta y desproporcionada". El edil exigía formar parte de la comisión de investigación a pesar de que su grupo votó a favor del voto ponderado, es decir, que en la comisión cada partido político estaría representado por un único edil en aras a conseguir una mayor agilidad y eficacia de la misma.
En algunos momentos de los hechos denunciados, el concejal de Riba-roja Pot llegó a amenazar incluso a algunos funcionarios "a denunciarlos ante la Guardia Civil o la Fiscalía" si los empleados del ayuntamiento no satisfacían las exigencias y las demandas del concejal. El proceder de Andrés Fernández llegó al punto, en algunos pasajes, de grabar su encuentro con los funcionarios a través de un dispositivo móvil.
Las coacciones, las presiones y el acoso al que sometió el edil de Podemos a los citados funcionarios, alguno de ellos con categoría de habilitado nacional, ha causado un malestar patente entre los trabajadores del ayuntamiento que se ha solidarizado con sus compañeros y han solicitado que estos graves hechos no se vuelvan a repetir en un futuro. Incluso, las organizaciones sindicales del ayuntamiento se han sumado al rechazo de unos hechos reproblables y lamentables de un representante público.
El gobierno municipal de Riba-roja de Túria lamenta los episodios "esperpénticos y trasnochados" protagonizados primero por el portavoz de Riba-roja Pot, Rubén Ferrer, con las grabaciones ilegales y, a continuación, por el edil Andrés Fernández con sus amenazas a los funcionarios "cuyos comportamientos nos reafirman en la opinión de que no están capacitados para representar a sus votantes, pues sus maneras no son las adecuadas en una institución tan digna como es el ayuntamiento, sede de la soberanía de nuestro municipio; por ello, es necesario que ambos ediles recapaciten y modifiquen su manera de actuar ya que el respeto y la educación deben ser la carta de presentación de cualquier concejal".
El ejecutivo local ha concluido con un llamamiento para que el grupo municipal de Riba-roja Pot "sea consciente de que en un ayuntamiento los trabajadores son esenciales para el correcto funcionamiento de todo el engranaje administrativo" y les ha invocado a diferenciar "el fragor político habitual en un organismo público como es el ayuntamiento del trabajo que llevan a cabo los funcionarios y empleados públicos, por ello, la oposición debe dedicarse a fiscalizar la labor del gobierno y dejar a los trabajadores que hagan su labor con la máxima independencia y rigor como en ellos es habitual".
El gobierno de Riba-roja considera "fuera de lugar" el comportamiento que el citado concejal del ayuntamiento ha tenido hacia los funcionarios y empleados públicos hasta el punto de amenazarlos con denunciarlos ante la Guardia Civil si no se sometían a sus solicitudes para conseguir sus propósitos "sin importarle para ello emplear un tono irrespetuoso hacia los empleados públicos al irrumpir en los despachos municipales".
La convocatoria de la comisión de investigación que analiza las escuchas ilegales que el portavoz de Riba-roja Pot, Rubén Ferrer, realizó a los ediles de Ciudadanos en las dependencias municipales fue el detonante del último de los episodios protagonizado por el edil Andrés Fernández. Esta comisión, convocada para el 26 de mayo, fue finalmente suspendida por la negativa del grupo Riba-roja Pot a aceptar el voto ponderado en la misma y que, previamente, fue aprobada por el pleno, con el voto incluido Riba-roja Pot.
El gobierno municipal censura los hechos ocurridos a finales del mayo, en los días previos a la celebración de la citada comisión de investigación, cuando el concejal de Podemos se dirigió a diversos empleados públicos "de malas maneras y con absoluta falta de educación y respeto para exigir documentos e informes municipales sin seguir los procedimientos y los cauces oportunos establecidos para ello, con un menoscabo hacia estas personas de forma injusta y desproporcionada". El edil exigía formar parte de la comisión de investigación a pesar de que su grupo votó a favor del voto ponderado, es decir, que en la comisión cada partido político estaría representado por un único edil en aras a conseguir una mayor agilidad y eficacia de la misma.
En algunos momentos de los hechos denunciados, el concejal de Riba-roja Pot llegó a amenazar incluso a algunos funcionarios "a denunciarlos ante la Guardia Civil o la Fiscalía" si los empleados del ayuntamiento no satisfacían las exigencias y las demandas del concejal. El proceder de Andrés Fernández llegó al punto, en algunos pasajes, de grabar su encuentro con los funcionarios a través de un dispositivo móvil.
Las coacciones, las presiones y el acoso al que sometió el edil de Podemos a los citados funcionarios, alguno de ellos con categoría de habilitado nacional, ha causado un malestar patente entre los trabajadores del ayuntamiento que se ha solidarizado con sus compañeros y han solicitado que estos graves hechos no se vuelvan a repetir en un futuro. Incluso, las organizaciones sindicales del ayuntamiento se han sumado al rechazo de unos hechos reproblables y lamentables de un representante público.
El gobierno municipal de Riba-roja de Túria lamenta los episodios "esperpénticos y trasnochados" protagonizados primero por el portavoz de Riba-roja Pot, Rubén Ferrer, con las grabaciones ilegales y, a continuación, por el edil Andrés Fernández con sus amenazas a los funcionarios "cuyos comportamientos nos reafirman en la opinión de que no están capacitados para representar a sus votantes, pues sus maneras no son las adecuadas en una institución tan digna como es el ayuntamiento, sede de la soberanía de nuestro municipio; por ello, es necesario que ambos ediles recapaciten y modifiquen su manera de actuar ya que el respeto y la educación deben ser la carta de presentación de cualquier concejal".
El ejecutivo local ha concluido con un llamamiento para que el grupo municipal de Riba-roja Pot "sea consciente de que en un ayuntamiento los trabajadores son esenciales para el correcto funcionamiento de todo el engranaje administrativo" y les ha invocado a diferenciar "el fragor político habitual en un organismo público como es el ayuntamiento del trabajo que llevan a cabo los funcionarios y empleados públicos, por ello, la oposición debe dedicarse a fiscalizar la labor del gobierno y dejar a los trabajadores que hagan su labor con la máxima independencia y rigor como en ellos es habitual".
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