El gobierno local afirma que la finalidad de la denuncia de Riba-roja Pot "es de acoso y derribo de la alcaldía tras la querella de Ciudadanos por grabación ilegal"
El equipo de gobierno de Riba-roja de Túria -formado por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida- ha mostrado el "respeto absoluto" al acuse de recibo de la fiscalía de Valencia tras la denuncia presentada por el grupo Riba-roja Pot en relación al proceso de contratación pública de una asesoría jurídica municipal. Este paso procedimental "es un trámite que se sigue en todas las denuncias que se presentan".
El gobierno municipal se ha mostrado "tranquilo ante esta nueva ofensiva que el grupo Podemos ha vuelto a realizar contra este equipo de gobierno con el único ánimo de atacar e intentar destruir la labor que estamos realizando en este ayuntamiento tras más de 20 años de gestión del Partido Popular; su único ánimo es conseguir la alcaldía a cualquier precio y para ello no dudan en aliarse en todos los plenos con el Partido Popular para poner palos en las ruedas del ayuntamiento".
El ejecutivo local de Riba-roja de Túria ha insistido en que el proceso judicial "pondrá a cada uno en su sitio y, finalmente, se demostrará que el alcalde y los funcionarios municipales, habilitados nacionales ellos, realizaron una labor intachable en el procedimiento para adjudicar el servicio de asesoría jurídica en temas de derecho público y administrativo así como la defensa en juicio del orden civil y mercantil".
Para ello, dos informes de los departamentos de Secretaría e Intervención del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria avalaron plenamente el proceso seguido para la citada adjudicación pública de un contrato menor -menos de 60.000 euros- mediante un negociado sin publicidad recogido en el texto refundido de la ley de contratos del sector público. De las tres ofertas presentadas, finalmente se adjudicó por un importe de 53.640 euros para un periodo total de tres años, a razón de 21.780 euros anuales.
La ley actual del sector público atribuye a la alcaldía la competencia para adjudicar contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales y los contratos privados "cuando su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni en cualquier caso la cuantía de seis millones de euros, incluidos los plurianuales cuando su duración no sea superior a cuatro años", requisitos todos ellos que cumple el contrato de asesoría jurídica.
Finalmente, la contratación de la asesoría jurídica se aprobó mediante una resolución de alcaldía con fecha 8 de agosto de 2016 tras los informes favorables del secretario sobre los pliegos de condiciones para rubricar el contrato y de la interventora municipal del 18 de junio respecto de la fiscalización del expediente. El órgano de contratación procedió a la apertura de las plicas, examinó la documentación aportada y se clasificaron las mismas de forma que la más ventajosa económicamente fue la adjudicataria, fijada en 53.640 euros.
El gobierno de Riba-roja ha finalizado con el convencimiento de que "esta denuncia política que persigue únicamente el desgaste del actual equipo de gobierno y el acoso y derribo constante de la alcaldía se archivará ya que la gestión del ayuntamiento ha sido encomiable; se trata de una estrategia estudiada de Podemos tras la denuncia de Ciudadanos por grabación ilegal de una conversación privada en los despachos del ayuntamiento para su posterior difusión pública, lo que le valió a su portavoz municipal, Rubén Ferrer, su reprobación por el pleno por primera vez en la historia de Riba-roja por su conducta deleznable".
El equipo de gobierno de Riba-roja de Túria -formado por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida- ha mostrado el "respeto absoluto" al acuse de recibo de la fiscalía de Valencia tras la denuncia presentada por el grupo Riba-roja Pot en relación al proceso de contratación pública de una asesoría jurídica municipal. Este paso procedimental "es un trámite que se sigue en todas las denuncias que se presentan".
El gobierno municipal se ha mostrado "tranquilo ante esta nueva ofensiva que el grupo Podemos ha vuelto a realizar contra este equipo de gobierno con el único ánimo de atacar e intentar destruir la labor que estamos realizando en este ayuntamiento tras más de 20 años de gestión del Partido Popular; su único ánimo es conseguir la alcaldía a cualquier precio y para ello no dudan en aliarse en todos los plenos con el Partido Popular para poner palos en las ruedas del ayuntamiento".
El ejecutivo local de Riba-roja de Túria ha insistido en que el proceso judicial "pondrá a cada uno en su sitio y, finalmente, se demostrará que el alcalde y los funcionarios municipales, habilitados nacionales ellos, realizaron una labor intachable en el procedimiento para adjudicar el servicio de asesoría jurídica en temas de derecho público y administrativo así como la defensa en juicio del orden civil y mercantil".
Para ello, dos informes de los departamentos de Secretaría e Intervención del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria avalaron plenamente el proceso seguido para la citada adjudicación pública de un contrato menor -menos de 60.000 euros- mediante un negociado sin publicidad recogido en el texto refundido de la ley de contratos del sector público. De las tres ofertas presentadas, finalmente se adjudicó por un importe de 53.640 euros para un periodo total de tres años, a razón de 21.780 euros anuales.
La ley actual del sector público atribuye a la alcaldía la competencia para adjudicar contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales y los contratos privados "cuando su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni en cualquier caso la cuantía de seis millones de euros, incluidos los plurianuales cuando su duración no sea superior a cuatro años", requisitos todos ellos que cumple el contrato de asesoría jurídica.
Finalmente, la contratación de la asesoría jurídica se aprobó mediante una resolución de alcaldía con fecha 8 de agosto de 2016 tras los informes favorables del secretario sobre los pliegos de condiciones para rubricar el contrato y de la interventora municipal del 18 de junio respecto de la fiscalización del expediente. El órgano de contratación procedió a la apertura de las plicas, examinó la documentación aportada y se clasificaron las mismas de forma que la más ventajosa económicamente fue la adjudicataria, fijada en 53.640 euros.
El gobierno de Riba-roja ha finalizado con el convencimiento de que "esta denuncia política que persigue únicamente el desgaste del actual equipo de gobierno y el acoso y derribo constante de la alcaldía se archivará ya que la gestión del ayuntamiento ha sido encomiable; se trata de una estrategia estudiada de Podemos tras la denuncia de Ciudadanos por grabación ilegal de una conversación privada en los despachos del ayuntamiento para su posterior difusión pública, lo que le valió a su portavoz municipal, Rubén Ferrer, su reprobación por el pleno por primera vez en la historia de Riba-roja por su conducta deleznable".
Cap comentari :