Tras varios años de debate interno, el pasado mes de diciembre el parlamento Finlandés dio la aprobación final para la realización de uno de los experimentos sociales más importantes de los últimos años: el gobierno de Finlandia seleccionará a dos mil parados al azar, los cuales recibirán una renta básica mensual de 580 euros, durante dos años. Esta renta la recibirán durante ese período de tiempo tanto si encuentran trabajo como si no. Transcurridos estos dos años, y tras la evaluación que se realice del experimento, el país decidirá si implanta una renta básica como parte de su política de protección social.
La puesta en marcha de una renta básica universal es un viejo sueño utópico de muchos reformistas sociales. Su instauración contribuiría a acabar con la pobreza, reducir la desigualdad y favorecer una mayor autonomía de las personas vulnerables. También permitiría simplificar el entramado de ayudas, peticiones, rentas y caracterizaciones de las prestaciones sociales actuales, focalizadas en colectivos específicos, al ofrecer un sistema sencillo y eficaz de ofrecer y mínimo vital. Pero no todo son ventajas: los detractores de la misma argumentan fundamentalmente dos puntos. El primero es su elevado coste: establecer una renta básica universal para todos los adultos de un país podría suponer un coste fiscal demasiado elevado. Y en segundo lugar, el desincentivo que puede suponer para que los desempleados busquen un empleo. Estas fueron las razones por las que Suiza decidió, por referéndum, no establecer esta renta básica.
En realidad, los esquemas que se están implantando en Europa, hasta el momento, difieren del concepto originario al transformar la renta básica universal en una renta mínima, es decir, una renta que perciben sólo aquellos que no tienen otros ingresos. En España la experiencia más comentada es la experiencia vasca, aunque hay experiencias en diferentes comunidades autónomas, con niveles de desarrollo muy desigual. En muchas ocasiones estas rentas están pensadas como rentas de "inserción", esto es, están condicionadas a determinados hitos, y no son, por lo tanto incondicionales. Además sus cuantías suelen ser reducidas por motivos presupuestarios.
Sin embargo, la decisión de Finlandia es sólo un paso dado por delante del resto del continente: la brecha de desigualdad, el incremento de la exclusión social y de la pobreza, y las perspectivas de empleo que adelanta la era de la economía digital, advierten de la necesidad de reconfigurar nuestro estado del bienestar si queremos mantener cierta cohesión social. Según la OCDE, en España, el 25% del gasto social está dirigido a las clases media y alta, mientras que sólo el 10% está dirigido a la población más pobre. Esto significa que nuestro estado social redistribuye mal y que será insuficiente para ayudar a ese 28% de la población que se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social. Un sistema de renta mínima generoso y con mayores cotas de cobertura podría ser una herramienta útil para mantener la cohesión social y disminuir la desigualdad y la pobreza, y su coste podría ser asumible si se hace coordinando los recursos ya existentes y complementándolos con los nuevos recursos necesarios.
En las pasadas elecciones, fueron varios los partidos que llevaban esta medida dentro de su programa electoral, con diferentes grados de desarrollo y ambición. Pero la implementación de una renta mínima garantizada pronto dejará de ser una cuestión vinculada a determinada ideología. El pasado diciembre, el presidente Rajoy declaró está dispuesto a considerar su implementación. Si existe el consenso básico necesario, la veremos más pronto que tarde, y ese será un gran día para la igualdad y la lucha contra la pobreza en España.
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