Riba-roja Puede lleva a Fiscalía lo que dicen 'podría ser el amaño de contrato de Consultoría Jurídica'. Apuntan a la responsabilidad del Alcalde

Para la presentación de la denuncia han sido acompañados por el Síndic del Grupo Parlamentario y todavía Secretario General de Podemos en la Comunidad Valenciana, Antonio Montiel.

La denuncia ha sido interpuesta en la mañana de hoy en la Ciudad de la Justicia de Valencia por los tres concejales del grupo Riba-roja Puede.

Han aportado un 'dosier de más de 80 páginas' que podría demostrar a su juicio, que en el Ayuntamiento de Riba-roja se podía haber  procedido a simular la contratación para tres años (de 2016 a 2019) de la misma persona que ya había disfrutado de un contrato menor de asesoría jurídica municipal.

La cuantía por las que se contrata para tres años al asesor jurídico  es por 54.000 euros más iva, habiéndo sido adjudicatario de un contrato menor previamente por 19.965 euros y duración de 11 meses. Decidido por el Alcalde, según indican los concejales denunciantes, el 18 de junio de 2015, justo al inicio de esta legislatura..

De acuerdo con la documentación acompañada, el grupo Riba-roja Puede denuncia que terminado el contrato de 11 meses, no siendo posible repetir como contrato menor,  se procedió a realizaarlo por medio de un contrato negociado de Asesoría Jurídica que, podía no cumplir la legalidad vigente ya que aunque utilizan el procedimiento indicado por los técnicos e intervienen varios despachos o abogados que ofrecen sus servicios; aportan indicios de la existencia de numerosas irregularidades.

Por lo tanto lo más destacado de lo  que denuncia el grupo Riba-roja Puede y  que les permite llegar a la conclusión de la posible infracción legal, es que las instancias presentadas por los tres despachos jurídicos o Letrados ofreciendo su participación en el proceso negociado, entraron en el Regisro de Entrada Municipal, con una diferencia en tiempo de apenas 7 minutos acompañados de los sobres necesarios para participar (sobre A y sobre B) y que las letras de uno de los sobres es común y relacionada con uno de los tres despachos, según una pericial caligráfica solicitada por los concejales. Además las instancias presentadas en dos de los casos tienen los mismos errores tipográricos coincidiendo incluso en mayúsculas y minnúsculas.

En la denuncia ante la Fiscalía, los concejales  manifiestan:  ''Todas estas coincidencias nos hicieron pensar que los licitadores pudieron estar concertados para participar en el procedimiento de licitación y presentar su ofertas en el procedimiento, o al menos presuntamente compartir la información para la presentarse a la licitación, de lo que se deduce que presuntamente los tres licitadores se conocían entre ellos e intercambiaron sus propuestas, para dar apariencia de  legalidad al procedimiento viciado desde su inicio. Dado que salvo el letrado que venía prestando el servicio ninguno de ellos representa despachos de abogados conocidos ni tampoco con implantación en el municipio o la comarca"

 En la nota emitida por el grupo municipal se acompañan las manifestaciones hechas por el todavía Secretario General de Podemos de la Comunidad Valenciana, Antonio Montiel, en el sentido de 'señalar la labor de Podemos en las instituciones denunciando la corrupción sea hecha ésta por quién sea, independientemente que se haya firmado antes un pacto con otros partidos, y señalando que este es sólo un caso de los otros que están estudiando los concejales del grupo de Riba-roja Puede'.

Los concejales que firman la denuncia, Concha Noguera, Andrés Fernández y Rubén Ferrer, manifiestan haberla realizado ante el juzgado, 'porque es su deber como cargos públicos y también como ciudadanos el denunciar las presuntas ilegalidades de las que tengan conocimiento tal como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y por esa razón han presentado la denuncia adjuntada de las pruebas necesarias para que se estudie por la Fiscalía.

Finalmente los tres concejales indican: "Llevamos sobre este asunto varios meses, pero no hemos obtenido las pruebas definitivas que nos han hecho dar el paso definitivo hasta hace pocos días, justo el tiempo imprescindible para preparar el escrito denuncia.

Las pruebas que adjuntamos a la denuncia podrían ser incriminatorias de un delito o delitos de carácter público aparejando penas de prisión e inhabilitación a los responsables del amaño del contrato, entre los cuales está el Alcalde.

A partir de este momento, dejaremos actuar a la Justicia, no sin antes pedir el pronunciamiento de los socios de gobierno del alcalde Socialista Robert Raga: Compromís y EU, así como sus fieles aliados Ciudadanos, por si van a seguir apoyando a un Alcalde que está presuntamente implicado en este caso de corrupción.

Es nuestro interés velar por el dinero público, y Podemos está en las instituciones, entre otras cosas, para esto. Es un acto que ejercemos con la responsabilidad que merece la confianza que nuestros votantes depositaron en nosotros en mayo de 2015".