Mientras tanto prorroga el servicio actual por un año, El fallo judicial alerta de que se ejecutaron obras sin el proyecto técnico
El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado una prórroga del servicio público de agua potable tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano que anula la adjudicación de julio de 2012 a través del cual se concedía un contrato de agua y saneamiento de 20 años a la empresa Hidraqua. La propuesta salió adelante con los votos del equipo de gobierno -formado por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida-, de Riba-roja Pot y de Ciudadanos y la abstención del Partido Popular.
La prórroga del servicio del agua potable en Riba-roja de Túria permitirá al mismo tiempo la elaboración de un estudio para determinar la mejor de las opciones existentes actualmente para el abastecimiento a la población: gestión directa por parte del ayuntamiento a través de una remunicipalización del servicio, la adjudicación pública o una gestión público-privada.
La resolución plenaria se toma tras la sentencia de noviembre de 2016 de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia valenciano que anulaba el acuerdo de julio de 2012 por el que el entonces equipo de gobierno, del Partido Popular, adjudicó el servicio de gestión del agua potable y el saneamiento municipal a Hidraqua por un periodo de 25 años. La empresa Aguas de Valencia, concurrente en el proceso de adjudicación, denunció el concurso en primera instancia en el mismo tribunal que lo desestimó aunque un fallo posterior ha dictaminado la anulación.
El fallo de los magistrados estima la apelación de la mercantil en contra de la decisión del entonces equipo de gobierno de Riba-roja, encabezado por el ex alcalde Francisco Tarazona, del Partido Popular, de adjudicar el servicio de agua a la empresa Hidraqua, anula los pliegos de condiciones y obliga al consistorio a volver a sacar a concurso público el servicio de gestión del agua de fecha 30 de julio del año 2012.
El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja ha dado cuenta ahora de la firmeza de la sentencia, ha aprobado una prórroga del servicio de agua hasta finales del año 2017 y ha iniciado un estudio que permitirá conocer la mejor de las opciones para llevar a cabo el servicio de abastecimiento de agua potable.
La decisión del TSJ de anular el proceso de adjudicación se basa en la falta de redacción y aprobación de los proyectos y anteproyectos para la ejecución de las obras que se han llevado a cabo tras la adjudicación del contrato entre las que destacaba la instalación de hidrantes contra incendios en la red de distribución de agua, la adecuación a la red de saneamiento separativa del polígono industrial l'Oliveral y el abastecimiento de agua potable al polígono industrial de la zona sur y, por último, la conexión de depósitos del Calvario con la hinca existente en la variante de Riba-roja.
La parte recurrente considera que en el pliego de condiciones se incluyen tres anteproyectos que debían ajustarse a la ley de contratos públicos, es decir, era necesaria la redacción de los correspondientes proyectos de obra conforme al artículo 129 del texto refundido de la ley de contratos, una aprobación que, en modo alguno, se llevó a cabo, además de recordar el incumplimiento de plazos para la presentación de ofertas y una inconcreción sobre la extensión de terrenos afectada por el contrato.
La sentencia del TSJ concluye que en los contratos que contengan ejecución de obras "la tramitación irá precedida de la elaboración y aprobación administrativa del anteproyecto de explotación y del correspondiente a las obras precisas". Y detalla, además, que el anteproyecto debía contener una memoria, los planos de situación, un presupuesto, un estudio relativo al régimen de utilización y explotación de la obra y someterla a información pública y, por último, en el pliego los licitadores podrán introducir las variantes o mejoras que estimen oportunas.
El equipo de gobierno ha expresado "el máximo respeto" a la sentencia judicial y enmarca la misma "en la concatenación de chapuzas y desastres heredados por la mala gestión del Partido Popular durante 20 años al frente del ayuntamiento del ex alcalde Tarazona y que ahora debemos resolver sin que los responsables que entonces lo aprobaron y que ahora continúan en el pleno como la portavoz del PP María José Ruiz haya asumido ninguna responsabilidad política; esta sentencia se suma a otra como Porxinos, la subida ilegal de sueldos o las expropiaciones". El ejecutivo local ha añadido que el ayuntamiento "adoptará la opción más beneficiosa para los intereses de los ciudadanos de Riba-roja a través de un estudio técnico municipal al respecto".
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