La sombra más oscura de la pobreza por ,Gorka Castillo

La ciudad de los pobres no figura en los mapas pero tiene sus habitantes. En España son casi 13 millones, 29 de cada 100 ciudadanos, una cifra que pone en cuestión el grado de cumplimiento con el plan europeo contra la pobreza que el Gobierno firmó hace 5 años. Si el objetivo fijado para 2020 era recuperar a 1,4 millones de personas que entonces vivían en situación de exclusión, los últimos datos aportados por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN-ES) demuestran que aquella meta fue el resultado de unos cálculos equivocados. La cruda realidad es que la penuria ha seguido en la línea de ascenso que inauguró la crisis en 2008. Y así ha continuado, incluso durante el esperanzador ejercicio del pasado año cuando los responsables económicos echaron las campanas al vuelo por el crecimiento de más del 3% experimentado por el PIB, dígitos que parecían cantar el final de la recesión. Sin embargo, nada ha cambiado y más de tres millones de personas continúan subsistiendo con menos de 300 euros netos al mes, un millón más de los que había en 2012.

Estas cifras colocan a España en el furgón de cola, sólo superado por Chipre y algo mejor que Lituania, de todas las estadísticas sobre exclusión, desempleo y desigualdad que elabora la Unión Europea periódicamente. Y lo más preocupante, en opinión de la gran mayoría de los expertos, es que siembra de dudas el porvenir de miles de personas. El de los jóvenes, por ejemplo.

Según destaca el último informe sobre juventud y pobreza elaborado por el Observatorio Social de la Fundación La Caixa, el 79% de los españoles entre 19 y 30 años, un porcentaje estratosférico en comparación con el 58% de la media europea, está convencido de que el sistema ya les ha excluido de la vida económica y social para los próximos años. Un jarro de agua fría para los redoblados esfuerzos del ejecutivo por propagar la vieja consigna aznarista de que España va bien. "La impresión general de que la pobreza crece en las recesiones y se corrige en las expansiones no funciona en España como sucede en otros estados de la OCDE. Esto sucede porque el sistema fiscal redistribuye menos que en otros países del entorno y porque el gasto social, que ya era bajo antes de la crisis, se ha deteriorado aún más. Si además añadimos la debilidad de la estructura productiva nacional, el resultado es que el problema de desigualdad español va más allá del ciclo financiero", afirma el economista Luis Ayala, autor de varias investigaciones sobre la exclusión en España para la Fundación Alternativas.

María está sentada en uno de los bancos que hay en la céntrica plaza de Tirso de Molina de Madrid. Es de baja estatura y muy delgada. Mira con ojos consternados mientras extiende la mano sin ninguna confianza en la caridad pública y mucho menos en la revolución de los pobres de la Tierra. Envuelta en un chaleco ajado trata de cubrir su rostro, arrugado como una nuez. Dice con voz ronca que nació en Fuenlabrada y que es tan vieja que ya no recuerda ni su edad. "Duermo en una caja de cartón, donde puedo. Tengo dos hijos, pero no sé dónde andan. Estuve trabajando en la limpieza de portales y haciendo camas. Toda la vida. En Madrid, en Munich...", explica con aflicción. Tampoco sabe cuándo durmió en la calle por primera vez. "Hace tiempo, no me acuerdo, pero es duro estar así. La calle trae enfermedades pero eso de ir a los albergues, que están en el quinto coño, o a las camas abiertas, donde el horario es estricto y como te pases ya no entras. ¿Para qué? Para nada. Gastas en el metro lo que vale algo de comida en el super y allí no te dejan tranquila. Estoy mejor aquí", afirma con una leve sonrisa que acentúa sus pómulos hundidos, labrados por surcos profundos como raíces.

Algunos estudios calculan que en España hay 40.000 personas en situación de extrema vulnerabilidad como María. Otras fuentes aseguran que esa cifra se queda corta porque hay 10.000 más. Nadie lo ha comprobado. No se puede. La crudeza de vivir en la calle es una magnitud tan fluctuante que es imposible de determinar. En la Plaza de Tirso de Molina, la asociación Casa Solidaria mitiga la desventura de muchos de ellos. En concreto de 150, cada día. Un joven de origen rumano guarda cola con un número en la mano, como el resto que espera recoger su ración de comida antes de buscar un lugar protegido donde dormir: un bocadillo, un bollo, un plato caliente, algo de fruta y un zumo procedente de la despensa generosa de los vecinos. "Lo que creo es que los pobres no tenemos nacionalidad. Citan el origen por una cuestión de estadística, para justificar que la pobreza llega de fuera", dice enojado el joven. Los que esperan su turno para recibir alimentos parecen extraviados aunque lo que les sucede no sólo les concierne a ellos. "Hay muchos dramas humanos aunque yo no pregunto. Por ejemplo, el de dos jóvenes árabes que son gais y que, probablemente, hayan llegado aquí marginados por los de su propia cultura", confiesa María, voluntaria de Casa Solidaria desde hace dos años, que manifiesta su certeza de que esta iniciativa, además del hambre, combate la soledad y el desaliento. Pero no basta, nunca es bastante. "Mientras existan personas viviendo en la calle, ninguna ayuda es suficiente", concluye.

Los casos extremos de pobreza, como el de María o la del joven rumano, han intentado ser contrarrestados con ordenanzas municipales destinadas a convertirlos en 'invisible'. El argumento siempre ha sido el mismo: los problemas de convivencia suscitado entre pobres, vecinos y comerciantes de las zonas más concurridas de las ciudades. La pregunta que ahora se hacen algunas organizaciones es si las administraciones públicas hacen lo suficiente por combatir con eficacia la mendicidad en España. Hay quien piensa que no. "Los recursos cumplen su función pero está claro que se necesitan otras medidas complementarias si se quiere combatir una situación que suele estar motivada y que no sería tan compleja de minimizar si hubiera voluntad", comenta Roberto Bernad, director de la unidad de desarrollo estratégico de la Fundación Rais, un patronato volcado en evitar que nadie viva en la calle a través de programas integrales que superen la gestión asistencial ordinaria de la exclusión. Bajo el nombre de Housing First, Rais propone la integración de estas personas que se encuentran en peor situación en viviendas accesibles de forma permanente y el resultado está siendo exitoso. No sólo en España, sino también en otros países como Holanda, Canadá, EEUU o Francia donde desarrollan planes similares. "Las primeras 38 viviendas se pusieron en marcha en 2014 en Málaga, Barcelona y Madrid con una respuesta tan positiva que decidimos ampliar el programa a Avilés, Córdoba, Sevilla y Zaragoza. Hoy contamos en total con 117 viviendas en España", explica Bernad.

Este modelo empieza a servir de referente a aquellos que piden una solución colectiva a las personas sin hogar (PSH) que incluya el derecho a una vivienda digna. Su punto de partida es el convencimiento de que no existe un trasfondo económico para corregir la mendicidad. O, al menos, que no es el más importante. Más bien se trata de un problema político. De voluntad. Todos los informes realizados sobre las personas sin hogar detectan coincidencias en sus comportamientos. Son los mismos desheredados de un sistema insostenible en el que la fortuna de las tres personas más ricas equivale a los ingresos de 14 millones de personas, como sucede en España. Y las personas que viven en la calle ocupan el último escalón. Son los que comen en las aceras, mendigan agresivamente, se apiñan en las bocas de metro y duermen bajo los puentes. En gran parte inadaptados y psicológicamente desordenados, sólo son abordables cuando su situación se encara como un problema social y como el fracaso mismo del economicismo imperante. Un drama sobre el drama. Aunque el 66,9% de ellos dispone de tarjeta sanitaria, según los datos oficiales en España, el 15,6% declara superar sus dolencias en la calle. El 29% tiene una enfermedad grave o crónica y el 10% asegura tener problemas de alcoholismo o drogodependencias.

En 2003, se realizó en EE. UU. uno de los estudios más completos realizados sobre el gasto que supone para la administración pública una persona sin hogar. "Cuando se hace una admisión médica a estas personas, lo más probable es que presente cuadros realmente complejos", escribió James Dunford, director de unidad de la emergencia del hospital de San Diego y autor del estudio publicado en la revista The New Yorker. "Muchos son bebedores y desarrollan un absceso pulmonar al aspirar restos del vómito. O presentan cuadros de hipotermia derivados de vivir en la calle bajo la lluvia y el frío. Al final, muchos acaban en la unidad de vigilancia intensiva con infecciones médicas muy complicadas. A menudo, también pueden tener trastornos neuroquirúrgicos graves, por golpes en la cabeza que pueden derivar en hematomas cerebrales que, si no son drenados, les pueden matar. Además, el alcoholismo provoca afecciones hepáticas devastadoras que les incapacitan para luchar contra las infecciones. Y todo lo que hacemos con ellos es recuperarlos para volverlos a mandar a la calle", explicaba. El estudio de Dunford se basó en el seguimiento a 15 personas sin hogar alcohólicas. Y descubrió que en los 18 meses posteriores habían sido tratados 417 veces en urgencias del hospital, con dolencias complicadas y tratamientos muy caros. "Probablemente hubiera sido más económico ponerles una enfermera a jornada completa y un apartamento propio", concluye.

El resultado es trasladable a España. Como en EE.UU., la solución de los albergues no convence a los expertos. Ni siquiera entre los servicios sociales encargados de vigilar su situación. Muchos creen que estos centros tienen utilidad si la mendicidad fuera un problema inmanejable pero en la actual situación sólo contribuyen a perpetuar la situación de estas personas. En 2005, Nueva York invirtió 62 millones de dólares en centros asistenciales que la mayoría de sus usuarios potenciales rechazaban y cuyo periodo de estancia casi nunca superaba los dos días. Un fracaso en toda regla.

En España hay 714 refugios con 16.687 camas donde las personas sin hogar pueden dormir, asearse e incluso guardar sus enseres, aunque con algunas limitaciones. Sin embargo, la media de ocupación diaria es del 80%. El director de la unidad de desarrollo de la Fundación Rais, Roberto Bernad, considera que la recuperación social de este tipo de personas no es abrir albergues, "sino habilitar programas que les permita estabilizarse, devolverles la autoestima en un hogar que gestionan bajo su responsabilidad para volver a coger las riendas de sus propias vidas", añade. Es la única manera de combatir la mendicidad crónica. Y los datos le dan la razón. El estudio realizado por la Fundación Rais a un grupo experimental de personas sin hogar en Londres durante 24 meses reflejó que 89% recuperó el contacto con sus familias, el 40% empezó a recibir la visita de sus hijos en sus casas y el 15% tienen un empleo o se encontraban participando en cursos de formación.

Pero la medida choca con múltiples escollos. El más importante es que puede ser válida desde una perspectiva política, pero en la actual situación económica donde los recortes del gasto social y la alta tasa de desempleo parece difícil de asumir. "¿Por qué va obtener ventajas un persona sin hogar y no otra cualquiera con hijos que lo ha perdido todo durante la crisis?", se pregunta un comerciante del centro de la capital de España. La derecha lo rechaza porque supone dar un tratamiento especial a personas que no lo merecen; y la izquierda, porque su concepto universal del bienestar exige cálculos numéricos fríos del costo y del beneficio. Y las cifras aportadas no compensan por completo tanto esfuerzo. Hay demasiados problemas que afrontar en estos tiempos.

Fernando tiene apellido pero se lo reserva. Nacido en Miranda de Ebro, ha vivido 15 años a caballo entre Madrid y Vitoria, y llega puntualmente a la cita en el restaurante donde trabaja su hija. Fernando es una de esas almas invisibles que la última Encuesta sobre Pobreza y Desigualdades Sociales que el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco ha sacado a la luz. "No es lo mismo vivir en Madrid o en Eibar, como tampoco es lo mismo hacerlo en Bilbao o en Villalva. Las cosas como son. El alcance de las ayudas es distinto, también el de las políticas de protección y los programas de integración están mejor dirigidos. Mejor los pueblos que las ciudades, el contacto con los servicios sociales es más personalizado y también es más fácil empezar a trabajar", asegura. Se refiere a la existencia de la brecha que separa la frialdad de la ciudad con la hospitalidad del campo. 

"La pobreza monetaria ha crecido más en las zonas urbanas durante la crisis que en las rurales. El motivo es que las tasas de desempleo han afectado mucho más a las ciudades. Pero si en lugar de utilizar los indicadores monetarios analizamos otros indicadores sobre el nivel de vida, vemos que el deterioro en ambas franjas geográficas ha sido altísimo pero se acorta la diferencia", apunta el investigador Luis Ayala. En España, 4,2 millones de personas residentes en zonas rurales, el 34,8% del total, se encuentran en riesgo de caer en la pobreza. Son las últimas cifras aportadas por el Eurostat siguiendo los indicadores más crudos de la pobreza colocan al país en el séptimo puesto entre las tasas más altas de la UE. "Esto echa por tierra esa imagen idílica que tenemos del campo como refugio contra la crisis", confirma Ayala.