La comisión investiga el "pelotazo" derivado de este plan urbanístico
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha citado a declarar en la denominada comisión Porxinos al ex conseller de Territorio Rafael Blasco, a los ex presidentes del Valencia Amadeo Salvo y Juan Bautista Soler y al ex alcalde Francisco Tarazona, del Partido Popular. La citación queda fijada para el próximo 5 de abril a las 12 del mediodía en las dependencias municipales.
La comisión Porxinos quedó constituida el pasado 22 de julio de 2015 con el propósito de investigar todas las cuestiones que rodean el denominada Programa de Actuación Integrada (PAI) en virtud del cual el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria firmó en el año 2005 un convenio con la empresa Litoral del Este -vinculada al Valencia- para la creación de una ciudad deportiva, un campo de golf y la construcción de 2.440 viviendas en este paraje de la localidad, situado en el suroeste del término municipal.
El Tribunal Supremo anuló en julio de 2015 el citado convenio entre el ayuntamiento y la empresa promotora al considerar que se incumplían algunas estipulaciones legales como la falta de recursos hídricos y la falta de una mayor publicidad y concurrencia en el procedimiento administrativo previo a la adjudicación del programa urbanístico.
La convocatoria de la comisión Porxinos del próximo 5 de abril contará con la participación del alcalde, Francisco Tarazona, del PP, que firmó el convenio junto al entonces conseller de Territorio Rafael Blasco y el ex presidente del Valencia Juan Bautista Soler, en lo que este último denominó "un pelotazo" monetario, en relación al proceso de recalificación de los terrenos sobre los que se asentó el plan urbanístico, alrededor de 1'2 millones de metros cuadrados que pasaron de tener una categoría de rústico a residencial y que, tras la sentencia del Supremo, han vuelto a su estado original.
El entonces conseller de Territorio Rafael Blasco cumple actualmente una condena de 8 años de cárcel y 20 de inhabilitación en el centro penitenciario de Picassent por el denominado caso Cooperación, por el trato de favor al empresario y a una fundación por la cual adjudicó 1'8 millones de euros por proyectos en Nicaragua, aunque finalmente sólo se destinaron 43.000 euros mientas que el resto se dedicó en inversiones en pisos y garajes en la ciudad de Valencia.
Además, el Valencia ha reclamado al Ayuntamiento de Riba-roja de Túria 25 millones de euros por la anulación del PAI de Porxinos, aunque el consistorio aduce informes jurídicos al respecto en los que queda probado que se han cumplido escrupulosamente todos las cláusulas contenidas en el convenio rubricado en el año 2005, en el que en caso de anulación el ayuntamiento volvería a tramitar uno nuevo, extremo que ahora está a expensas del dictamen de la conselleria de Medio Ambiente.
El equipo de gobierno considera que con la citación del próximo 5 de abril "conoceremos la versión de las tres personas que fabricaron e impulsaron un plan urbanístico que nunca se debería haber llevado a cabo en Riba-roja y que aprovecharon para permitir un pelotazo de más de 100 millones de euros como el propio Soler calificó aquella operación a costa de los ciudadanos de nuestro municipio".
El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha destacado la importancia de esta comisión de investigación "tras la desastrosa gestión que el Partido Popular con su alcalde Francisco Tarazona y al actual portavoz María José Ruiz realizaron en su momento y que ahora puede suponer un grave perjuicio económico para las arcas municipales a pesar de las advertencias de la sociedad civil".
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