Paralelamente, la Sindicatura de Comptes ha investigado también las operaciones económicas que se llevaron a cabo en el año 2014 en el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, en el que se incluye un organigrama municipal, un inventario de bienes municipales actualizado, una relación exhaustiva de todos los certificados de actas de los órganos de gobierno de la corporación bajo mandato del ex alcalde Francisco Tarazona, del PP.
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha solicitado un informe oficial al Consell Jurídic Consultiu sobre la reclamación de 25 millones de euros que el Valencia -a través de la mercantil Litoral del Este impulsada por el club deportivo- exige a las arcas municipales por la anulación del programa de actuación integrada (PAI) de Porxinos en la que se preveían la construcción de 2.700 viviendas, un campo de golf y una ciudad deportiva sobre un área de 1'2 millones de metros cuadrados del término municipal.
El equipo de gobierno de Riba-roja de Túria -formado por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida- ha instado a este órgano que se encarga de velar por el cumplimiento del actual ordenamiento jurídico valenciano "la elaboración de un informe sobre la petición que el pasado año realizó el Valencia a este ayuntamiento con el objetivo principal de dictaminar sobre la fundamentación jurídica de la misma".
El Valencia pretende que el ayuntamiento devuelva los 25 millones al entender que el plan urbanístico de Porxinos nunca se llevó a cabo, aunque a día de hoy ese dinero se gastó completamente, a razón del 10% sobre la adquisición por el excedente de aprovechamiento, indemnización a los propietarios, gastos generales, además de obras como la piscina, el molino junto al río Túria, el centro de salud y el metro soterrado al centro del casco urbano, si bien estas dos últimas no se han ejecutado.
El gobierno de Riba-roja considera "indispensable" una opinión por parte de un organismo público "ya que se trata de una petición muy relevante para el futuro de este ayuntamiento por el riesgo económico en el que se podría incurrir por la deficiente gestión del Partido Popular en una proyecto que en su momento los que estábamos en la oposición ya avisamos, tanto por las deficiencias urbanísticas que se cometieron, el pelotazo económico que se permitió a los urbanizadores así como por las graves consecuencias financieras que pueden suponer para este consistorio".
El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha manifestado que la acción del gobierno municipal "persigue una defensa acérrima de los intereses de los ciudadanos ante una demanda de la magnitud y que si se confirmase pondría en cuestión la viabilidad futura del consistorio, por ello estamos solicitamos una opinión adicional a los informes que ya nos otorgan la razón en nuestro proceder".
El actual gobierno subraya que en el convenio que en el año 2005 rubricó el Ayuntamiento de Riba-roja y Litoral del Este, como agente urbanizador, se preveía que en caso que los tribunales anulasen el plan urbanístico "el ayuntamiento quedaba exonerado de devolver los 25 millones de euros concedidos por el mismo si se tramitaba un nuevo plan alternativo presentado por la empresa".
Así, cabe recordar que el nuevo plan de Porxinos está actualmente a la espera de que la Conselleria de Medio Ambiente se pronuncie sobre la viabilidad ambiental y técnica en el citado paraje de Riba-roja de Túria. El consistorio añade que los 25 millones de euros entregados en virtud del convenio originario "se abonaron voluntariamente por la empresa a su riesgo y cuenta, vinculados únicamente a la tramitación del plan y se aportaron cuando se aprobó definitivamente por parte de la Generalitat".
Raga ha concluido que el dictamen del Consell Jurídic Consultiu "es imprescindible para que el ayuntamiento tengan el máximo de informes que avalen la posición del ayuntamiento para proteger todos los intereses de los ciudadanos".
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