El debate sobre la Transición ha vuelto al primer plano. La mayor parte de las veces se sustancia de manera un tanto simplista, oscilando entre un relato sacralizado de aquel proceso político y una versión condenatoria del mismo. Quizás porque muy a menudo se utilice como munición en querellas políticas de hoy. Pero como dijo el filósofo holandés del siglo XVII, Baruch Spinoza, no se trata de reír ni de llorar, sino más bien de comprender la realidad.
Lo cierto es que los asesinatos de los abogados de la calle Atocha, el 24 de enero de 1977, hace ahora 40 años, constituye uno de los hechos clave para comprender la Transición política española.
A menudo se piensa que, crecimiento económico mediante, los años finales del franquismo fueron una especie de dictablanda. Nada más lejos de la realidad. A partir de 1970 hubo una reactivación de las luchas y especialmente de las huelgas y otras formas de protesta obrera. El franquismo recrudeció la represión y la violencia política estatal, dejando un reguero de sangre de huelguistas en Granada, Madrid, Ferrol, San Adrián del Besós o Barcelona. Miles de militantes sindicales y de otros movimientos sociales fueron detenidos y procesados por el Tribunal de Orden Público (TOP) y otros tantos fueron llevados a centros de detención y comisarias, donde recibieron malos tratos y sufrieron tortura.
En ese contexto, la muerte de Franco espoleó las movilizaciones por las libertades políticas, de manera que el primer trimestre de 1976 concitó una actividad huelguista sin precedentes desde 1936. Una oleada de protestas que implicó a la práctica totalidad de los sectores de actividad y al conjunto de grandes ciudades del país. Fue esa movilización la que intimidó a los poderes franquistas y la que hizo caer al primer gobierno de la Monarquía. Se trataba, no se olvide, de un gobierno continuista de la dictadura. Pero hacer fracasar al Gobierno de Carlos Arias Navarro resultó un esfuerzo costoso, como pusieron en evidencia los crímenes de Vitoria, en marzo de 1976.
Luego, a partir de julio, Adolfo Suárez tomó la iniciativa y consiguió sacar adelante el referéndum para la reforma política. No sin que antes CCOO, UGT y USO, todavía en la ilegalidad y agrupados en la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS), convocásemos una huelga general el 12 de noviembre de 1976. De todas maneras, la reforma política que Suárez hizo aprobar a finales de 1976 no incluía en su diseño el tipo de democracia resultante del proceso de Transición. Muy al contrario, fue necesaria todavía más movilización. Y en este contexto, ha de entenderse la respuesta de masas a los asesinatos de Atocha.
Con el primer gobierno Suarez, la represión policial y la violencia política experimentaron una clara continuidad de la mano de Rodolfo Martín Villa, ministro de la Gobernación. Martín Villa había sido un par de años atrás gobernador civil y jefe provincial del Movimiento –el partido único de la dictadura– en Barcelona. El caso era que la policía continuaba reprimiendo de oficio cualquier intento de ejercer el derecho de manifestación. En consecuencia, la llamada semana negra, previa a los asesinatos de la calle de Atocha, también estuvo teñida de represión y violencia política. En efecto, ya el 11 de diciembre de 1976 el GRAPO (siglas de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre, un grupo de extrema izquierda, tradicionalmente infiltrado por la policía) secuestró a Antonio María de Oriol y Urquijo, una personalidad que, dentro del franquismo, se ubicaba en sus círculos más reaccionarios y que al mismo tiempo era el presidente del Consejo de Estado. El domingo 23 de enero, víspera de los crímenes de Atocha, en una manifestación por la Amnistía, fallece el estudiante y militante de CCOO Arturo Ruiz, de un disparo efectuado por un agitador de la extrema derecha. En aquél clima de tensión, la extrema derecha actuaba abiertamente en la calle, bajo cobertura policial.
El mismo 24 de enero los españoles desayunaron con la noticia de que los GRAPO había vuelto a actuar, secuestrando al teniente general Emilio Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. Más tarde, hacia el mediodía, en una nueva manifestación de repulsa por el asesinato de Arturo Ruiz, uno de los botes de humo lanzados por la policía alcanzó a la estudiante Mari Luz Nájera, que murió al instante. Luego, esa noche, fue cuando un grupo de pistoleros de extrema derecha, vinculados a las cloacas del estado franquista, llamó a las puertas del despacho de abogados del número 55 de la madrileña calle Atocha. Preguntaron por Joaquín Navarro, el líder de las Comisiones Obreras del transporte urbano de pasajeros. El sector había concluido una exitosa huelga y los trabajadores hasta hacía un rato se habían reunido en el despacho para evaluar el acuerdo logrado con la patronal. Una patronal agrupada en el sindicato vertical del transporte y acostumbrada a poner la pistola encima de la mesa cuando se sentaba a negociar con los trabajadores.
Sin embargo, Navarro ya no estaba. Los pistoleros dispararon a discreción. Fallecieron Luis Javier Benavides, Enrique Valdelvira, Javier Sauquillo, Serafín Holgado, todos ellos abogados de CCOO y del PCE. También murió Ángel Rodríguez, administrativo del despacho. Además, quedaron malheridos Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos, Dolores González y Miguel Sarabia, también abogados.
Al día siguiente se celebraron asambleas en los centros de trabajo y el 26, con ocasión del entierro de algunas de las víctimas en Madrid, se produjo una gigantesca manifestación de carácter pacífico que en silencio clamó por la solidaridad con las víctimas y por las libertades. Esa enorme demostración democrática de masas hizo de acelerador del proceso de cambio político. Así, en abril de 1977 fueron legalizados el PCE y los sindicatos, y el 15 de junio tendrían lugar las elecciones generales. De manera que el efecto perseguido por los pistoleros y por los que les enviaron a cometer los asesinatos del 24 de enero de 1977, que no era otro que quebrar el proceso democrático, resultó justamente el contrario.
Los autores materiales de los asesinatos fueron detenidos con prontitud. El juicio tuvo lugar en marzo de 1980. En aquel juicio, el juez instructor del caso fue Rafael Gómez Chaparro, un franquista de estricta observancia que había pertenecido al TOP. Dificultó la investigación hasta tal punto de que nunca pudieron dilucidarse las conexiones existentes entre los asesinos materiales y el aparato del estado franquista, en el que anidaban los instigadores. Además, concedió un permiso penitenciario a uno de los inculpados que fue aprovechado para fugarse. Gómez Chaparro sería finalmente apartado de la instrucción ante tamaño escándalo. Durante la vista oral, en la misma sala en la que se celebraba, jóvenes fascistas insultaron a las víctimas y a sus abogados, mientras vitoreaban a Franco y la policía se lo permitía. En fin, una muestra de las rémoras del cambio democrático.
Ahora, justo 40 años después de su injusta y terrible muerte queremos recordar a nuestros compañeros asesinados. Valorar su esfuerzo y su generosa militancia. Los abogados laboralistas fueron unos grandes aliados de los trabajadores en nuestra lucha contra la dictadura, por los derechos laborales y por la mejora de las condiciones de vida. No sólo nos representaban ante la Magistratura de Trabajo, también nos defendía ante el TOP y acudían a las comisarías y cuartelillos cuando nos detenían por tratar de ejercer derechos democráticos. En sus despachos nos recibían para asesorarnos y nosotros nos reuníamos allí para acordar estrategias de lucha. Los despachos laboralistas eran una suerte de zonas liberadas de la dictadura; espacios de solidaridad en los que se actuaba de un modo no jerárquico. Configuraban, además, el germen de lo que hoy son los servicios jurídicos de CCOO. Cuando asesinaron a los cinco de Atocha eran las diez de la noche. Iban a comenzar una reunión de trabajo. Eso nos da idea de su compromiso y de su esfuerzo militante. Formaban parte de la mejor juventud.
Por eso, hoy les rendimos nuestro emocionado homenaje. Son parte de nuestra alma, de nuestro ADN y de nuestra orgullosa historia.
(*) Ignacio Fernández Toxo es secretario general de Comisiones Obreras (CCOO).
* Creative Commons, primero en CuartoPoder
40º aniversario del asesinato de losabogados de Atocha
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