La otra corrupción política de la que no se habla, responsable de la escasa protección al consumidor en España porVicenç Navarro

El caso más conocido de corrupción y con mayor visibilidad mediática se produce cuando un grupo económico o financiero paga directamente a un político para que este tome decisiones que les son beneficiosas. Otro caso, también conocido y visible en los medios, se da cuando el político, bien a título personal o representando a un partido, exige un pago de la empresa como condición para que se la contrate para el desarrollo de una actividad o servicio. En ambos casos, la base de dicha corrupción es la complicidad que se desarrolla entre personas o instituciones políticas por un lado, y personas e instituciones económicas o financieras por el otro. España es uno de los países de la Unión Europea de los Quince (UE-15) (el grupo de países de mayor desarrollo económico de la Unión Europea) donde estos tipos de corrupción están más extendidos.

 

Pero hay otra corrupción política que es masiva en las instituciones políticas españolas de la que raramente se habla en los medios y que responde también a esta complicidad entre el mundo de los negocios y el de la política, complicidad que está dañando enormemente a la ciudadanía española. Me estoy refiriendo a la enorme falta de protección del consumidor en España, que se encuentra totalmente desamparado frente a los abusos en la provisión de bienes y servicios realizados por intereses económicos y financieros que se realizan con la complicidad del poder político, es decir, del Estado español. Estos abusos, resultado de tal complicidad, se dan con más frecuencia con los partidos de derechas (partidos conservadores, como el PP, y partidos liberales, como Convergència Democràtica -ahora Partit Demòcrata Europeu Català-, que pertenece a la misma familia política que Ciudadanos) que con los partidos de izquierdas (aunque también se han dado en gobiernos del PSOE). Y ello como consecuencia de que su proximidad al mundo empresarial es mayor (por lo general) que la de los partidos de izquierdas (que suelen estar más próximos a los sindicatos y movimientos en defensa del consumidor).

 

Esta situación ha sido una constante en la historia de España, incluyendo durante su periodo democrático. La manera inmodélica como se hizo la transición de la dictadura a la democracia perpetuó la enorme influencia del mundo de las grandes empresas financiera e industriales sobre el Estado español (que había dominado el Estado dictatorial), influencia que corrompe la democracia española y que afecta negativamente a la calidad de vida no solo de los trabajadores (los salarios están entre los más bajos de la UE-15), sino también de los consumidores españoles (que tienen una de las protecciones más débiles y limitadas en la UE-15). Ejemplos de ello hay a miles.

 

Uno de los casos más aparatosos (que ha tenido muy poca visibilidad mediática) ha sido el de la empresa alemana productora de automóviles, Volkswagen, la cual era plenamente consciente del daño que estaba causando a la salud (tanto de los usuario de sus vehículos como de la población en general), al alentar el uso de un combustible, el llamado nuevo diesel, que es altamente tóxico y contaminante. Y para ocultar tal gravedad, esta empresa había desarrollado un sistema de gestión del combustible en el vehículo que ocultaba la contaminación de los motores de sus modelos de coche con diesel en las pruebas de emisiones. Para evaluar correctamente el significado de esta canallada (y no puede ser definida de otra manera) hay que ser consciente de que tal producto mata a miles de personas en el mundo, pues es altamente tóxico. La empresa Volkswagen sabía de ello, pues la evidencia científica sobre su toxicidad es abrumadora. Algo idéntico ha pasado en España, por cierto, con la producción y utilización del amianto, sustancia altamente tóxica, un hecho que las empresas productoras ocultaron, dañando enormemente a los trabajadores del amianto y a las comunidades expuestas a tal contaminación (como ha sido el caso del municipio de Cerdanyola del Vallès en Catalunya). Ningún empresario de estas compañías ha terminado en la cárcel. Y tampoco irán los productores de los vehículos Volkswagen que están diseñados para ocultar el impacto contaminante, dañino y mortal del combustible del nuevo diesel.

 

Cuando tal ocultación de la intensidad del efecto contaminante en los automóviles Volkswagen se descubrió en Estados Unidos, hubo una demanda de que se sancionara a Volkswagen por sus prácticas deshonestas y perjudiciales hacia los usuarios de sus vehículos y a la sociedad en general. Y muchos países, incluido EEUU, han sancionado a esta compañía, desde que en septiembre de 2015 se descubriera tal canallada. Pero España no es uno de ellos. Con predecible cinismo (y podría añadirse "cara dura") el Estado español ha dicho "que lo están estudiando", comentario que ha sido la respuesta continua del gobierno Rajoy del Partido Popular, y que ha colmado la paciencia de la Comisión Europea, que por fin ha abierto un expediente (¡ya era hora!) al Estado español, denunciando su pasividad (pasividad, por cierto, de la que la propia Comisión Europea ha sido también cómplice). Predeciblemente, el Sr. Ministro de Justicia del gobierno del PP, el Sr. Rafael Catalá, respondió a la Comisión Europea indicando que el ministerio lo estaba estudiando (lo han estado estudiando por más de un año). El Ministro de Industria (que era el que "lo está estudiando" desde hace ya más de un año) era el Sr. José Manuel Soria, conocido por su supuesta conexión con los papeles de Panamá, y que fue propuesto por el gobierno del PP para ocupar un alto cargo en el Banco Mundial (siendo un gran amigo del Ministro de Economía, el Sr. Luis de Guindos). Es interesante señalar que el Sr. Manuel Soria tuvo que renunciar al puesto debido a sus supuestas relaciones con los papeles de Panamá, pero nunca se consideró que su complicidad con Volkswagen, evitando con ello sancionar a tal compañía, fuera un motivo que justificara su dimisión. La falta de protección al consumidor que existe en España se basa precisamente en la complicidad entre el Estado español y las industrias altamente contaminantes que continúan gozando de una enorme inmunidad en este país.