El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), José Ignacio Fernández Toxo, registró la semana pasada en el Congreso de los Diputados un documento esclarecedor sobre el futuro de las pensiones. Se trata de un estudio riguroso y fundado en la realidad social y económica de nuestro país que, en apenas treinta páginas, demuestra la viabilidad del sistema público de pensiones y aporta medidas progresivas que, sin desbordar la legislación actual, permiten elevar en 70.000 millones de euros el potencial recaudador de la Seguridad Social y garantizar pensiones dignas en el presente y en el futuro. El documento cifra en 15 puntos del PIB el coste de las pensiones en 2050, cuando los 9 millones de jubilados actuales pasen a ser 14. El peso de las pensiones será entonces similar al que ahora tiene en Francia. El texto aporta medidas para garantizar la solidaridad entre las generaciones.
El estudio de CCOO enmienda la plana a los agoreros interesados en acabar con el sistema público de pensiones dignas para fomentar los fondos privados de pensiones. Esos "catastrofistas" a los que se refirió Toxo en su intervención el lunes pasado en la comisión del Pacto de Toledo quieren convertir en "complementario" el actual sistema público y no son otros que la patronal, la banca y las aseguradoras. Bien es cierto que su principal aliado para conseguir ese objetivo ha sido hasta el momento el Gobierno del PP, cuya gestión ha arrastrado a la Seguridad Social a un déficit creciente desde 2012 hasta alcanzar 1,6 puntos del PIB (más de 17.000 millones de euros) este año. Para paliarlo, el Ejecutivo ha apelado una y otra vez al Fondo de Reserva, que se agotará en 2017, sin observar la norma que situaba en el 3% el límite de crédito anual de esos recursos.
Según explicó Toxo, "es bueno que la sociedad española sepa que las cotizaciones a la Seguridad Social han servido en muchas etapas de nuestra reciente historia para cubrir otros agujeros de déficit en cuantías muy importantes, hasta el punto de que si esto no hubiera sido así hoy tendríamos un fondo de reserva, una hucha, de alrededor de 520.000 millones de euros, con lo cual no estaríamos hablando (de la crisis del sistema)". El dirigente de CCOO desveló la afirmación de Mariano Rajoy en su última reunión en La Moncloa de que no podrán reducir el déficit más de una o dos décimas el año entrante. Y a continuación coincidió con la representante de la Cepyme, Teresa Díaz de Terán, en que las "tarifas planas" y la reducción de cuotas a la contratación han de sufragarse vía impuestos y no con cargo a las cotizaciones al sistema.
Para el dirigente sindical la primera causa del desequilibrio que amenaza la cuantía de unas pensiones dignas está en el desempleo y los fenómenos de devaluación salarial y precarización, asociados al modelo de recuperación económica que vivimos. Esto exige la derogación de la reforma laboral que el PSOE ya ha planteado en el próximo pleno ordinario. Los sindicatos suscriben, por supuesto, el objetivo de alcanzar los 20 millones de empleados en 2020, anunciado por Mariano Rajoy. Pero reclaman contratos dignos.
A corto plazo, las propuestas aportadas por el secretario general de CCOO pasan por la conversión de tarifas planas y reducciones de cuotas en "bonificaciones" financiadas por el Ministerio de Empleo, que actualmente representan 1.800 millones. Si se operase sobre el sector agrario, la cuantía sería superior. Toxo entiende que esas reducciones de las cuotas "no están sirviendo para la generación de empleo y mucho menos de empleo de calidad", aunque deberían mantenerse para algunos colectivos como las víctimas de violencia de género, las personas con discapacidad y algún otro colectivo específico.
La segunda medida es el incremento coyuntural de 2 puntos en las cotizaciones sociales. Estamos hablando de un potencial de 7.000 millones de euros. Cada punto de cotización a la Seguridad Social viene a representar del orden de 3.500 millones de euros. Sería un viaje temporal a la inversa al realizado en la década de los ochenta hasta 1995, en el que las cotizaciones sociales se vieron reducidas en el orden de 4 puntos.
Junto a ello, el estudio del sindicato también plantea a corto plazo la asunción por parte del Estado de los gastos de administración de la Seguridad Social: 3.825 millones de euros en el año 2016. Esta cantidad debería ser mayor para paliar las carencias de personal que afectan tanto a la Seguridad Social como al conjunto de la función pública, que ha sufrido un brutal recorte de plantillas y unas tasas de reposición del 10%. Para los sindicatos, el deterioro es especialmente grave en servicios públicos tan estratégicos como la administración de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, la inspección de Trabajo, la sanidad pública y la enseñanza. En el caso de la Seguridad Social, el número de empleados se ha reducido un 15% en los últimos diez años, lo que supone 4.890 empleos menos, una pérdida de más de 400 cada año, con el consiguiente riesgo del modelo de gestión directa y sin plusvalías privadas interpuestas como persigue la derecha.
Otra medida a corto plazo es la equiparación de las bases medias de cotización del régimen de autónomos y el régimen general. "No parece lógico –sostiene Toxo– que la base mínima del régimen de autónomos sea superior a la base mínima del régimen general de la Seguridad Social, del orden de 130 euros más o menos. Tampoco parece lógico que la base máxima sea inferior a la base máxima del régimen general. Una operación de cotización sobre bases reales, base mínima igual a la del régimen general y situar lo mismo en relación con la base máxima, debería combinarse con una operación en materia fiscal para acomodar, no sobre estimación, sino sobre ingresos reales, la tributación fiscal de los trabajadores y trabajadoras autónomos".
El incremento de la base mínima de cotización como consecuencia del aumento paulatino del salario mínimo (SMI) hasta alcanzar el 60% del salario medio, tal como aprobó el Congreso a propuesta de Unidos Podemos (UP), reportaría al sistema 3.470 millones de euros en incremento de la cotización. El impacto de la subida del 8% del SMI, pactada por el Gobierno con el PSOE, es un primer paso en la dirección propuesta por los sindicatos. Al respecto, Toxo recuerda que en 2005 ya se pactó un aumento del salario mínimo hasta 800 euros mensuales y con el compromiso gubernamental se situará en 707 euros al mes en 2017.
También va en la dirección propuesta por Comisiones Obreras la decisión gubernamental de elevar un 3% la base máxima de cotización (de 3.642 a 3.751 euros), lo que reportará al sistema entre 300 y 330 millones de euros más en cuotas en 2017, según el cálculo realizado por el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos. Pero es un "paso mínimo" para los sindicatos. Según Toxo, el "destope" de las bases máximas tiene un gran potencial, aunque también supondrá un mayor desembolso a medio y largo plazo. El sindicato estima que incrementaría en 26.000 millones de euros la masa de cotización y que si se actuase sobre el conjunto aportaría unos 7.500 millones en cuotas a la Seguridad Social. Las bases máximas de cotización en España son las más bajas de los países de nuestro entorno, que van desde los 30.000 euros en Francia a los 100.000 en Italia.
Luego ya, con independencia de que el estudio de CCOO contempla la asunción por parte del Estado, vía impuestos, de las pensiones de viudedad y orfandad (22.000 millones de euros), sin que esto signifique desvincularlas del régimen general de la Seguridad Social, la lucha contra el fraude y la economía sumergida reportaría al sistema unos recursos al menos equivalentes a los que se pueden derivar para Hacienda de la reducción de 2.000 a 1.000 euros de los pagos en efectivo. "¿Y por qué no lo llevamos a 50 euros si ya el 50% de los pagos se hace con medios electrónicos?", se pregunta Toxo. "Aunque a lo mejor es exagerado", reconoce, e insta al Gobierno a combatir el fraude laboral, incluido el de las bajas, que las mutuas estiman en torno a 4.000 millones anuales.
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