Las administraciones locales son las responsables de buena parte de la política social y, sin embargo, son las más castigadas por las leyes dictadas por la Troika y seguidas al pie de la letra por Montoro y el Partido Popular
La “reforma express” del artículo 135 de la Constitución Española abrió el camino a una serie de normas que constriñen cruelmente la capacidad de acción de las administraciones públicas, sobre todo, las más cercanas a la ciudadanía como son los ayuntamientos. A través de este acuerdo político entre PP y PSOE se introdujo una regla fiscal que limitaba el déficit público y priorizaba el pago de la deuda. A partir de esta abrupta modificación del principio constitucional se redactó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Las tres reglas fiscales que han sido convertidas en “sagradas” son: la no superación de un tope de déficit público, la no superación de un tope de deuda, y el respeto a la Regla de Gasto. Este último, es el más inexplicable de todos en términos de la lógica del interés general, ya que impide -a pesar de que haya superávit- que se dedique ese saldo positivo al gasto social o a realizar nuevas inversiones, sino que ha de utilizarse para amortizar deuda de manera anticipada aunque sea algo absurdo desde el punto de vista económico. Es decir, aunque el ayuntamiento esté cumpliendo puntualmente los plazos de amortización de deuda, deberá seguir adelantando el pago con el superávit generado. En la Ley quedó estipulado que en el momento en el que se quebrante alguna de las tres normas la administración correspondiente quedaría obligada a elaborar un Plan Económico Financiero (PEF), que no pretende ser otra cosa que comprometerse a volver al redil de cumplimiento de los preceptos fiscales convencionales.
El caso del Ayuntamiento de Madrid ejemplifica a la perfección lo absurda que es especialmente la Regla de Gasto, toda vez que limita los gastos de una administración perfectamente saneada y perfectamente capaz de llevar a cabo nuevas y mejores políticas. Pero no sólo es absurda, sino tremendamente perjudicial para los intereses de la mayoría social, y como muestra un botón: si el Ayuntamiento de Madrid respetase estrictamente la Regla de Gasto para el ejercicio 2016 tendría que recortar un 2,3% en gastos de personal, un 17,2% en gastos corrientes de bienes y servicios, un 11,8% en transferencias corrientes, y un 52,6% en inversiones reales entre otros muchos recortes en relación al volumen presupuestado inicialmente.
Todas estas limitaciones exigidas por la Troika están claramente inspiradas por la ideología neoliberal, enemiga jurada del “estado social y democrático de derecho” enunciado en la Constitución de 1978. Y no son nuevas: en el año 2002 el gobierno de Aznar redujo hasta su mínima expresión uno de los impuestos municipales más importantes por entonces (el Impuesto de Actividades Económicas), de forma que la recaudación fiscal de las entidades locales sufrió un duro golpe. Por cierto, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, prometió que esa merma sería compensada por transferencias desde el Estado hacia los ayuntamientos y todavía seguimos esperando a que cumpla su promesa.
Así pues, con limitaciones a la hora de marcar la política fiscal del municipio, no pudiendo recaudar todo lo que se desearía, teniendo que cumplir religiosamente con el pago de la deuda y utilizando el superávit para compromisos económico-financieros, es muy complicado conseguir los objetivos programáticos de un ayuntamiento transformador. Eso sí, complicado, pero no imposible.
Las administraciones locales son las responsables de buena parte de la política social y, sin embargo, son las más castigadas por las leyes dictadas por la Troika y seguidas al pie de la letra por Montoro y el Partido Popular. De hecho, por si esto fuera poco, el propio ministro se ha pasado el verano enviando misivas a muchos ayuntamientos en las que exigía el cierre de entidades públicas dependientes entre las que se encuentran organismos autónomos creados para fomentar el empleo, empresas que gestionan servicios de transporte, o agencias de apoyo a la asistencia sanitaria, por poner sólo tres ejemplos. No sólo el fondo de la cuestión es intolerable sino que ha empleado formas más propias de un sheriff del viejo oeste que de un representante público al frente de una cartera ministerial. Además, ni siquiera Montoro ha seguido los procedimientos establecidos por su propia legislación, puesto que según la misma debería haber enviado las cartas a finales de 2015, pero ha esperado más de medio año para hacerlo con el objetivo de que sus perversas exigencias no se hiciesen públicas en el periodo comprendido entre las campañas electorales de diciembre de 2015 y de junio de 2016, consciente del impacto negativo que podría haber tenido en los votantes conocer sus intenciones.
No deja de ser irónico que el emisor de esas misivas sea el principal responsable de que la administración central no haya cumplido nunca su objetivo de déficit público y de haber llevado a números rojos a la Seguridad Social, y de que precisamente los receptores de las misivas conformen el único sector de las administraciones públicas que presenta superávit desde 2012 y tengan una deuda inferior al 5% de toda la deuda de las administraciones públicas. Gracias al superávit de las entidades locales el déficit del conjunto del sector público es algo menor y el gobierno estatal puede ir con mejores números a las negociaciones con Bruselas. En realidad, Montoro está en deuda con los ayuntamientos, pero salta a la vista que su verdadero objetivo no es lograr la sostenibilidad de las haciendas públicas sino amputar y limitar las competencias de las entidades locales para que el tamaño y alcance del sector público sea cada vez menor y, en consecuencia, mayores las posibilidades de negocio del sector privado.
Esta legislación nos lleva al abismo, deprimiendo la economía y atacando el bienestar de la mayoría social. Es el momento pues de que nos unamos desde todas las administraciones locales que han conseguido un cambio profundo en sus políticas tras las últimas elecciones. Hemos de conseguir unidad ante estos ataques materializados en legislación al servicio de los mercados y entidades financieras.
No desaprovechemos la oportunidad que nos brinda una posible mayoría en el Congreso. Hemos de unirnos contra estas políticas austericidas que limitan nuestra capacidad para garantizar las necesidades sociales de la mayoría. En definitiva, hemos de subvertir la reforma exprés del artículo 135 y dedicar esfuerzos presupuestarios a lo que realmente es importante. Unidas Podemos.
Alberto Garzón Espinosa: Economista y diputado en el Congreso por IU.
Carlos Sánchez Mato: Responsable de Políticas Económicas de IU y concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, por Ahora Madrid.
Esther López Barceló: Ex-diputada y miembro de la Ejecutiva de IU. Directora de Gabinete de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid.
Eduardo Garzón Espinosa: Asesor del área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid.
Las tres reglas fiscales que han sido convertidas en “sagradas” son: la no superación de un tope de déficit público, la no superación de un tope de deuda, y el respeto a la Regla de Gasto. Este último, es el más inexplicable de todos en términos de la lógica del interés general, ya que impide -a pesar de que haya superávit- que se dedique ese saldo positivo al gasto social o a realizar nuevas inversiones, sino que ha de utilizarse para amortizar deuda de manera anticipada aunque sea algo absurdo desde el punto de vista económico. Es decir, aunque el ayuntamiento esté cumpliendo puntualmente los plazos de amortización de deuda, deberá seguir adelantando el pago con el superávit generado. En la Ley quedó estipulado que en el momento en el que se quebrante alguna de las tres normas la administración correspondiente quedaría obligada a elaborar un Plan Económico Financiero (PEF), que no pretende ser otra cosa que comprometerse a volver al redil de cumplimiento de los preceptos fiscales convencionales.
El caso del Ayuntamiento de Madrid ejemplifica a la perfección lo absurda que es especialmente la Regla de Gasto, toda vez que limita los gastos de una administración perfectamente saneada y perfectamente capaz de llevar a cabo nuevas y mejores políticas. Pero no sólo es absurda, sino tremendamente perjudicial para los intereses de la mayoría social, y como muestra un botón: si el Ayuntamiento de Madrid respetase estrictamente la Regla de Gasto para el ejercicio 2016 tendría que recortar un 2,3% en gastos de personal, un 17,2% en gastos corrientes de bienes y servicios, un 11,8% en transferencias corrientes, y un 52,6% en inversiones reales entre otros muchos recortes en relación al volumen presupuestado inicialmente.
Todas estas limitaciones exigidas por la Troika están claramente inspiradas por la ideología neoliberal, enemiga jurada del “estado social y democrático de derecho” enunciado en la Constitución de 1978. Y no son nuevas: en el año 2002 el gobierno de Aznar redujo hasta su mínima expresión uno de los impuestos municipales más importantes por entonces (el Impuesto de Actividades Económicas), de forma que la recaudación fiscal de las entidades locales sufrió un duro golpe. Por cierto, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, prometió que esa merma sería compensada por transferencias desde el Estado hacia los ayuntamientos y todavía seguimos esperando a que cumpla su promesa.
Así pues, con limitaciones a la hora de marcar la política fiscal del municipio, no pudiendo recaudar todo lo que se desearía, teniendo que cumplir religiosamente con el pago de la deuda y utilizando el superávit para compromisos económico-financieros, es muy complicado conseguir los objetivos programáticos de un ayuntamiento transformador. Eso sí, complicado, pero no imposible.
Las administraciones locales son las responsables de buena parte de la política social y, sin embargo, son las más castigadas por las leyes dictadas por la Troika y seguidas al pie de la letra por Montoro y el Partido Popular. De hecho, por si esto fuera poco, el propio ministro se ha pasado el verano enviando misivas a muchos ayuntamientos en las que exigía el cierre de entidades públicas dependientes entre las que se encuentran organismos autónomos creados para fomentar el empleo, empresas que gestionan servicios de transporte, o agencias de apoyo a la asistencia sanitaria, por poner sólo tres ejemplos. No sólo el fondo de la cuestión es intolerable sino que ha empleado formas más propias de un sheriff del viejo oeste que de un representante público al frente de una cartera ministerial. Además, ni siquiera Montoro ha seguido los procedimientos establecidos por su propia legislación, puesto que según la misma debería haber enviado las cartas a finales de 2015, pero ha esperado más de medio año para hacerlo con el objetivo de que sus perversas exigencias no se hiciesen públicas en el periodo comprendido entre las campañas electorales de diciembre de 2015 y de junio de 2016, consciente del impacto negativo que podría haber tenido en los votantes conocer sus intenciones.
No deja de ser irónico que el emisor de esas misivas sea el principal responsable de que la administración central no haya cumplido nunca su objetivo de déficit público y de haber llevado a números rojos a la Seguridad Social, y de que precisamente los receptores de las misivas conformen el único sector de las administraciones públicas que presenta superávit desde 2012 y tengan una deuda inferior al 5% de toda la deuda de las administraciones públicas. Gracias al superávit de las entidades locales el déficit del conjunto del sector público es algo menor y el gobierno estatal puede ir con mejores números a las negociaciones con Bruselas. En realidad, Montoro está en deuda con los ayuntamientos, pero salta a la vista que su verdadero objetivo no es lograr la sostenibilidad de las haciendas públicas sino amputar y limitar las competencias de las entidades locales para que el tamaño y alcance del sector público sea cada vez menor y, en consecuencia, mayores las posibilidades de negocio del sector privado.
Esta legislación nos lleva al abismo, deprimiendo la economía y atacando el bienestar de la mayoría social. Es el momento pues de que nos unamos desde todas las administraciones locales que han conseguido un cambio profundo en sus políticas tras las últimas elecciones. Hemos de conseguir unidad ante estos ataques materializados en legislación al servicio de los mercados y entidades financieras.
No desaprovechemos la oportunidad que nos brinda una posible mayoría en el Congreso. Hemos de unirnos contra estas políticas austericidas que limitan nuestra capacidad para garantizar las necesidades sociales de la mayoría. En definitiva, hemos de subvertir la reforma exprés del artículo 135 y dedicar esfuerzos presupuestarios a lo que realmente es importante. Unidas Podemos.
Alberto Garzón Espinosa: Economista y diputado en el Congreso por IU.
Carlos Sánchez Mato: Responsable de Políticas Económicas de IU y concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, por Ahora Madrid.
Esther López Barceló: Ex-diputada y miembro de la Ejecutiva de IU. Directora de Gabinete de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid.
Eduardo Garzón Espinosa: Asesor del área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid.
Publicado primero en eldiario.es
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