Se trata de 58.000 metros cuadrados en Montealcedo ocupados hace 30 años sin llevar a cabo el parque planificado
El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado un reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de 879.340 euros para el pago de los terrenos que la administración local ocupó hace más de 30 años para construir un parque en la zona de Montealcedo de cerca de 58.000 metros cuadrados, que finalmente no se llevó a cabo, y que desde entonces no ha abonado a sus propietarios por falta de acuerdo entre ambas partes, el consistorio y la familia propietaria.
El acuerdo plenario ha sido aprobado por unanimidad de todos los grupos con representación, el equipo de gobierno formado por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida, además, del Partido Popular, Ciudadanos y Riba-roja Pot.
La aprobación del pago de los 879.340 euros supone el cumplimiento de un fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano en el que se obliga al Ayuntamiento de Riba-roja al pago de esta cantidad por los terrenos que se ocuparon y que no se pagaron a la familia propietaria durante un periodo de más de 30 años. A la vista de la inacción del ayuntamiento, los dueños de los terrenos exigieron la expropiación y que la Junta Provincial de la Expropiación que cuantificaba su valor en 1'6 millones de euros.
Mientras un informe técnico del Ayuntamiento de Riba-roja valoraba los terrenos en los 879.000 euros, la familia propietaria cifraba en 6'7 millones su precio real. Al tiempo el citado tribunal de la expropiación zanjaba la cuestión con los referidos 1'6 millones de euros que fue recurrida por el propio consistorio en mayo de 2015, a pocas semanas de la cita electoral, al considerar elevado este precio.
Sin embargo, la sección cuarta del TSJ acordaba como medida cautelar el pago de los citados 879.340 euros a la familia propietaria por falta de un acuerdo o consenso entre ambas partes para fijar el precio de la expropiación.
El auto del alto tribunal valenciano recuerda que en su día se debió fijar en el presupuesto del ayuntamiento de Riba-roja de Túria "el reconocimiento del pago del justiprecio, que es lo que ahora se reclama, por lo que ya debe estar de sobra reconocido; no se comprende por qué se desestimó el recurso de reposición pudiendo minorar el pago de lo debido".
El equipo de gobierno ha afirmado que este acuerdo plenario "es la prueba fehaciente de la forma de actuar y gestionar que tenía el Partido Popular durante sus 20 años de mandato, del que formaba parte la actual portavoz María José Ruiz, sin ningún tipo de consenso o diálogo cuya ausencia nos privó de llegar a un acuerdo y, por tanto, una rebaja de la cantidad a pagar".
El acuerdo plenario ha sido aprobado por unanimidad de todos los grupos con representación, el equipo de gobierno formado por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida, además, del Partido Popular, Ciudadanos y Riba-roja Pot.
La aprobación del pago de los 879.340 euros supone el cumplimiento de un fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano en el que se obliga al Ayuntamiento de Riba-roja al pago de esta cantidad por los terrenos que se ocuparon y que no se pagaron a la familia propietaria durante un periodo de más de 30 años. A la vista de la inacción del ayuntamiento, los dueños de los terrenos exigieron la expropiación y que la Junta Provincial de la Expropiación que cuantificaba su valor en 1'6 millones de euros.
Mientras un informe técnico del Ayuntamiento de Riba-roja valoraba los terrenos en los 879.000 euros, la familia propietaria cifraba en 6'7 millones su precio real. Al tiempo el citado tribunal de la expropiación zanjaba la cuestión con los referidos 1'6 millones de euros que fue recurrida por el propio consistorio en mayo de 2015, a pocas semanas de la cita electoral, al considerar elevado este precio.
Sin embargo, la sección cuarta del TSJ acordaba como medida cautelar el pago de los citados 879.340 euros a la familia propietaria por falta de un acuerdo o consenso entre ambas partes para fijar el precio de la expropiación.
El auto del alto tribunal valenciano recuerda que en su día se debió fijar en el presupuesto del ayuntamiento de Riba-roja de Túria "el reconocimiento del pago del justiprecio, que es lo que ahora se reclama, por lo que ya debe estar de sobra reconocido; no se comprende por qué se desestimó el recurso de reposición pudiendo minorar el pago de lo debido".
El equipo de gobierno ha afirmado que este acuerdo plenario "es la prueba fehaciente de la forma de actuar y gestionar que tenía el Partido Popular durante sus 20 años de mandato, del que formaba parte la actual portavoz María José Ruiz, sin ningún tipo de consenso o diálogo cuya ausencia nos privó de llegar a un acuerdo y, por tanto, una rebaja de la cantidad a pagar".
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