Estas reclamaciones forman parte de la estrategia del Valencia por
obtener una respuesta positiva de las administraciones local y
autonómica sobre el nuevo programa urbanístico que presentó a mitad del
pasado mes de marzo en el Ayuntamiento de Riba-roja.
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha recibido un requerimiento del Valencia club de fútbol en el que le reclama el pago de 25 millones de euros como compensación por la anulación del PAI de Porxinos por parte del Tribunal Supremo en el caso de que el nuevo plan tampoco salga adelante, ya que se encuentra actualmente en la conselleria de Medio Ambiente para se pronuncie sobre un posible impacto ambiental y sobre la viabilidad técnica del proyecto urbanístico.
Estas reclamaciones forman parte de la estrategia del Valencia por obtener una respuesta positiva de las administraciones local y autonómica sobre el nuevo programa urbanístico que presentó a mitad del pasado mes de marzo en el Ayuntamiento de Riba-roja y con el que intentaba conseguir el beneplácito tras la decisión del Tribunal Supremo de tumbar este programa urbanístico en el que están previstas la construcción de 2.400 viviendas, un campo de golf y zonas deportivas sobre una superficie de 1'2 millones de metros cuadrados de suelo reclasificado.
El Valencia renunciaba a reclamar, a través de su empresa Litoral del Este como agente urbanizador, una indemnización por la anulación del PAI "condicionada a la tramitación y aprobación de un nuevo programa de actuación integrada en el Mas de Porxinos y a mantener las aportaciones realizadas por el agente urbanizador", fijadas en un total de 25 millones de euros, según el escrito presentado el 19 de noviembre de 2014.
Sin embargo, el urbanizador pretende conservar ahora el derecho al resarcimiento del daño ocasionado por la anulación del PAI y, por ello, ha registrado el escrito de responsabilidad patrimonial contractual para el caso en el que el nuevo plan no reciba el beneplácito de la Generalitat y del ayuntamiento antes de que finalice el plazo de un año desde que se conoció la sentencia del Supremo -el 17 de junio de 2015- que dejaba en papel mojado el programa urbanístico.
Por ello, el agente urbanizador pretende recuperar -mediante la responsabilidad patrimonial contractual- los 25 millones que en su momento invirtió en el primer plan urbanístico: 5'4 millones en concepto de los derechos de aprovechamiento de los terrenos; 15 millones en inversiones de mejora en la piscina, en el centro de salud, la rehabilitación del molino junto al río y las aportaciones para el metro; 4 millones de euros para los gastos generales de tramitación del plan; y, por último, alrededor de 1 millón de euros por las indemnizaciones para los propietarios afectados.
En el caso de que el Ayuntamiento de Riba-roja no asuma la responsabilidad patrimonial contractual y devuelva los 25 millones de euros, el consistorio anuncia la exigencia de una "responsabilidad patrimonial extracontractual" cuya prescripción el pasado 17 de junio para que aporte la misma cantidad de dinero ante un posible rechazo al nuevo plan Porxinos por parte de la administración autonómica. El urbanizador aduce costes económicos de los proyectos técnicos, costes de la operación financiera, indemnizaciones de la operación financiera y los tributos satisfechos.
Cabe recordar que el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha creado una comisión de investigación para que depure posible tráfico de información privilegiada en el proceso de compra de los terrenos por parte del promotor del programa urbanístico y, por ello, ha citado a declarar al ex alcalde Francisco Tarazona, y a los ex presidentes del Valencia Juan Soler, Manuel Llorente y Amadeo Salvo, además del ex conseller Rafael Blasco, ahora en prisión por corrupción.
El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha manifestado que las reclamaciones patrimoniales "son la consecuencia lógica de la desastrosa gestión del Partido Popular en la tramitación y gestión del PAI de Porxinos, de la que formaba parte la actual portavoz María José Ruiz, y por ello el actual equipo de gobierno les vamos a exigir las responsabilidades políticas y económicas pertinentes para que afronten ellos las exigencias económicas del urbanizador, ya que en su momento les advertimos repetidamente de que no se gastasen el dinero que contemplaba el convenio firmado entre ambas partes pero obviaron cualquier solicitud".
Raga ha añadido que estas exigencias "pueden poner en una situación muy crítica la viabilidad económica del ayuntamiento ya que el dinero que en su momento ingresó por el convenio ya se ha gastado completamente; es hora de que la portavoz del PP dé la cara ante la opinión pública y explique a sus ciudadanos la verdad de lo que ocurrió en este lamentable episodio de la historia de Riba-roja y que puede poner en entredicho la viabilidad económica del municipio".
Tras la anulación del PAI de Porxinos, los bancos como propietarios de los terrenos que en su día vendió el Valencia a la empresa Nozar -tras obtener unas plusvalías de 100 millones al comprar los terrenos por 60- supeditados a la aprobación del plan pueden exigir al urbanizador la devolución de los 160 millones de euros de la venta. A su vez, el Valencia puede hacer lo propio con los 25 millones de euros que en su día destinó al Ayuntamiento de Riba-roja en inversiones de mejora que ya se ha gastado.
Estas reclamaciones forman parte de la estrategia del Valencia por obtener una respuesta positiva de las administraciones local y autonómica sobre el nuevo programa urbanístico que presentó a mitad del pasado mes de marzo en el Ayuntamiento de Riba-roja y con el que intentaba conseguir el beneplácito tras la decisión del Tribunal Supremo de tumbar este programa urbanístico en el que están previstas la construcción de 2.400 viviendas, un campo de golf y zonas deportivas sobre una superficie de 1'2 millones de metros cuadrados de suelo reclasificado.
El Valencia renunciaba a reclamar, a través de su empresa Litoral del Este como agente urbanizador, una indemnización por la anulación del PAI "condicionada a la tramitación y aprobación de un nuevo programa de actuación integrada en el Mas de Porxinos y a mantener las aportaciones realizadas por el agente urbanizador", fijadas en un total de 25 millones de euros, según el escrito presentado el 19 de noviembre de 2014.
Sin embargo, el urbanizador pretende conservar ahora el derecho al resarcimiento del daño ocasionado por la anulación del PAI y, por ello, ha registrado el escrito de responsabilidad patrimonial contractual para el caso en el que el nuevo plan no reciba el beneplácito de la Generalitat y del ayuntamiento antes de que finalice el plazo de un año desde que se conoció la sentencia del Supremo -el 17 de junio de 2015- que dejaba en papel mojado el programa urbanístico.
Por ello, el agente urbanizador pretende recuperar -mediante la responsabilidad patrimonial contractual- los 25 millones que en su momento invirtió en el primer plan urbanístico: 5'4 millones en concepto de los derechos de aprovechamiento de los terrenos; 15 millones en inversiones de mejora en la piscina, en el centro de salud, la rehabilitación del molino junto al río y las aportaciones para el metro; 4 millones de euros para los gastos generales de tramitación del plan; y, por último, alrededor de 1 millón de euros por las indemnizaciones para los propietarios afectados.
En el caso de que el Ayuntamiento de Riba-roja no asuma la responsabilidad patrimonial contractual y devuelva los 25 millones de euros, el consistorio anuncia la exigencia de una "responsabilidad patrimonial extracontractual" cuya prescripción el pasado 17 de junio para que aporte la misma cantidad de dinero ante un posible rechazo al nuevo plan Porxinos por parte de la administración autonómica. El urbanizador aduce costes económicos de los proyectos técnicos, costes de la operación financiera, indemnizaciones de la operación financiera y los tributos satisfechos.
Cabe recordar que el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha creado una comisión de investigación para que depure posible tráfico de información privilegiada en el proceso de compra de los terrenos por parte del promotor del programa urbanístico y, por ello, ha citado a declarar al ex alcalde Francisco Tarazona, y a los ex presidentes del Valencia Juan Soler, Manuel Llorente y Amadeo Salvo, además del ex conseller Rafael Blasco, ahora en prisión por corrupción.
El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha manifestado que las reclamaciones patrimoniales "son la consecuencia lógica de la desastrosa gestión del Partido Popular en la tramitación y gestión del PAI de Porxinos, de la que formaba parte la actual portavoz María José Ruiz, y por ello el actual equipo de gobierno les vamos a exigir las responsabilidades políticas y económicas pertinentes para que afronten ellos las exigencias económicas del urbanizador, ya que en su momento les advertimos repetidamente de que no se gastasen el dinero que contemplaba el convenio firmado entre ambas partes pero obviaron cualquier solicitud".
Raga ha añadido que estas exigencias "pueden poner en una situación muy crítica la viabilidad económica del ayuntamiento ya que el dinero que en su momento ingresó por el convenio ya se ha gastado completamente; es hora de que la portavoz del PP dé la cara ante la opinión pública y explique a sus ciudadanos la verdad de lo que ocurrió en este lamentable episodio de la historia de Riba-roja y que puede poner en entredicho la viabilidad económica del municipio".
Tras la anulación del PAI de Porxinos, los bancos como propietarios de los terrenos que en su día vendió el Valencia a la empresa Nozar -tras obtener unas plusvalías de 100 millones al comprar los terrenos por 60- supeditados a la aprobación del plan pueden exigir al urbanizador la devolución de los 160 millones de euros de la venta. A su vez, el Valencia puede hacer lo propio con los 25 millones de euros que en su día destinó al Ayuntamiento de Riba-roja en inversiones de mejora que ya se ha gastado.
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