El día 26 de junio la ciudadanía española tiene una segunda oportunidad para rechazar la política económica, social y laboral que hemos sufrido en los últimos años, en especial en la pasada legislatura. Ya lo hizo en las pasadas elecciones del 20D, con un severo castigo al Gobierno del Partido Popular por imponer medidas que no han sido efectivas para salir de la crisis, pero que han sido utilizadas para deteriorar gravemente el modelo social que había construido la sociedad española en décadas de esfuerzo y de lucha.
Y ahora debe volver a decir que no a la agenda neoliberal que se sigue defendiendo desde las instituciones europeas y que la derecha quiere seguir aplicando aquí, decir no a la devaluación interior, esto es, al deterioro del Estado de bienestar y a la devaluación del trabajo. La política de austeridad compulsiva que la Troika impuso en muchos de los países del sur de Europa, España incluida, se concretó aquí en un recorte de más de 50.000 millones de euros en el gasto público que ha deteriorado gravemente tanto las prestaciones como los servicios públicos. Las prestaciones por desempleo, las ayudas a la dependencia, la política de vivienda, la sanidad o la educación han sufrido duros recortes con las tijeras de la consolidación fiscal.
El segundo gran eje de esta agenda neoliberal es la devaluación del trabajo, con dos reformas laborales –aunque con especial dureza la segunda– que han empeorado gravemente las condiciones laborales de la mayoría social, imponiendo la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el desequilibrio en las relaciones laborales a favor de los empresarios, la precariedad, el desempleo y el aumento insoportable de la pobreza laboral.
La economía ha empezado a salir de la recesión pero la sociedad sigue en crisis, porque a pesar de las tasas positivas de crecimiento España es hoy más pobre, más injusta, más desigual, con menor protección social, con más gente en riesgo de pobreza y exclusión social. Salir de la crisis es volver a tener los niveles de bienestar, de salario, de empleo, de protección, de calidad en la sanidad o la educación previos a la recesión. Y para eso falta mucho, porque esta vez la recuperación de la economía no se va a traducir automáticamente en mayor bienestar. Hace falta un giro radical en los valores y las políticas.
El movimiento sindical no ha dejado de movilizarse en estos larguísimos siete años y desde esa legitimidad llama ahora a la ciudadanía a dar continuidad a la movilización participando activamente en el proceso electoral, para repetir en las urnas lo que ya hemos dicho en la calle: queremos un modelo económico y social diferente; que el crecimiento sea sólido e inclusivo, en beneficio de todos; que permita combatir la pobreza, la desigualdad y la exclusión con una renta mínima como la promovida por CCOO y UGT a través de la ILP presentada con el aval de 700.000 firmas; que lo haga con empleo estable y con derechos en un marco equilibrado de relaciones laborales que parta de la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012; con más empleo y mejores salarios, empezando por el salario mínimo; recuperando el diálogo social a todos los niveles, dándole más fuerza a la negociación colectiva; en el que se reduzca el desempleo a la mitad al menos y se proteja a las personas desempleadas; recuperando el nivel del bienestar, con más protección y mejores servicios públicos, para lo cual hay que volver al nivel de gasto público financiado con más recursos gracias a una verdadera reforma fiscal; asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones manteniendo su poder adquisitivo; una sociedad más democrática, solidaria y libre que erradique la violencia de género y garantice los derechos fundamentales, los laborales y sindicales incluidos.
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