El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria aprobó en la sesión celebrada ayer lunes, 8 de febrero, la devolución de los 3'5 millones de euros a la empresa Litoral del Este que depositó en su día esta mercantil al consistorio para la ejecución del programa de actuación integrada (PAI) de Porxinos para la construcción de la futura ciudad deportiva del Valencia, un campo de golf y la construcción de 2.440 viviendas.
La petición formulada por el Valencia, la aprueba el pleno por unanimidad
La devolución de los 3'5 millones, ratificada por unanimidad de todos los grupos políticos, supone el último paso administrativo después de que en junio del pasado año el Tribunal Supremo al detectar que en la tramitación del mismo plan -aprobado por el anterior gobierno encabezado por el ex alcalde, Francisco Tarazona, del PP- concurrían hasta tres ilegalidades: la falta de agua en la zona, la ausencia de un informe de impacto ambiental y, por último, la adjudicación irregular a Litoral del Este porque en el proceso no existió ni publicidad ni concurrencia.
El acuerdo plenario de ayer atiende el escrito que a mediados de diciembre pasado presentaron en el Ayuntamiento de Riba-roja Luis Cervera y Kim Huat Koh en representación de Litoral del Este -empresa creada en su día por el Valencia para desarrollar el plan urbanístico- tras los informes favorables obtenidos por parte del arquitecto municipal y del secretario.
El "pelotazo" urbanístico que se llevó a cabo en el PAI de Porxinos y que provocó una enorme polémica por las plusvalías económicas de hasta 100 millones de euros que se generaron alrededor del mismo derivó a finales de julio con la creación de una comisión de investigación con el objetivo los enigmas y los interrogantes sobre todo el proceso administrativo llevado a cabo desde su inicio en el año 2005 con la firma del convenio suscrito entre el ex alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona, el ex presidente del Valencia Juan Bautista Soler y el ex conseller de Territorio Rafael Blasco.
Entre las medidas adoptadas en la comisión de investigación destaca la solicitud al Registro de la Propiedad de Benaguasil sobre todo el movimiento de compra y venta de terrenos en Porxinos y en los alrededores entre los años 2004 y 2005 -fecha de tramitación y aprobación del PAI- con la finalidad de depurar posibles delitos por información privilegiada o de tráfico de influencias, entre otros.
Tras la anulación del PAI de Porxinos, el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria está a la espera de que el Valencia presente una alternativa urbanística tal y como acordó en su día con el ex alcalde Francisco Tarazona para evitar la devolución de 160 millones a la empresa Nozar por la venta de los terrenos cuya vigencia estaba supeditada a la recalificación del suelo como urbanizables.
El equipo de gobierno de Riba-roja ha subrayado que con la devolución del dinero "se pone el punto y final al proceso que en su día auspició el Partido Popular y que la justifica se encargó de tumbar con absoluta claridad por las deficiencias y la mala gestión realizadas; ahora estamos abiertos a la nueva propuesta que presentará el Valencia de acuerdo a la legislación vigente sin olvidar que la última palabra para la tramitación depende de la Generalitat".
La petición formulada por el Valencia, la aprueba el pleno por unanimidad
La devolución de los 3'5 millones, ratificada por unanimidad de todos los grupos políticos, supone el último paso administrativo después de que en junio del pasado año el Tribunal Supremo al detectar que en la tramitación del mismo plan -aprobado por el anterior gobierno encabezado por el ex alcalde, Francisco Tarazona, del PP- concurrían hasta tres ilegalidades: la falta de agua en la zona, la ausencia de un informe de impacto ambiental y, por último, la adjudicación irregular a Litoral del Este porque en el proceso no existió ni publicidad ni concurrencia.
El acuerdo plenario de ayer atiende el escrito que a mediados de diciembre pasado presentaron en el Ayuntamiento de Riba-roja Luis Cervera y Kim Huat Koh en representación de Litoral del Este -empresa creada en su día por el Valencia para desarrollar el plan urbanístico- tras los informes favorables obtenidos por parte del arquitecto municipal y del secretario.
El "pelotazo" urbanístico que se llevó a cabo en el PAI de Porxinos y que provocó una enorme polémica por las plusvalías económicas de hasta 100 millones de euros que se generaron alrededor del mismo derivó a finales de julio con la creación de una comisión de investigación con el objetivo los enigmas y los interrogantes sobre todo el proceso administrativo llevado a cabo desde su inicio en el año 2005 con la firma del convenio suscrito entre el ex alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona, el ex presidente del Valencia Juan Bautista Soler y el ex conseller de Territorio Rafael Blasco.
Entre las medidas adoptadas en la comisión de investigación destaca la solicitud al Registro de la Propiedad de Benaguasil sobre todo el movimiento de compra y venta de terrenos en Porxinos y en los alrededores entre los años 2004 y 2005 -fecha de tramitación y aprobación del PAI- con la finalidad de depurar posibles delitos por información privilegiada o de tráfico de influencias, entre otros.
Tras la anulación del PAI de Porxinos, el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria está a la espera de que el Valencia presente una alternativa urbanística tal y como acordó en su día con el ex alcalde Francisco Tarazona para evitar la devolución de 160 millones a la empresa Nozar por la venta de los terrenos cuya vigencia estaba supeditada a la recalificación del suelo como urbanizables.
El equipo de gobierno de Riba-roja ha subrayado que con la devolución del dinero "se pone el punto y final al proceso que en su día auspició el Partido Popular y que la justifica se encargó de tumbar con absoluta claridad por las deficiencias y la mala gestión realizadas; ahora estamos abiertos a la nueva propuesta que presentará el Valencia de acuerdo a la legislación vigente sin olvidar que la última palabra para la tramitación depende de la Generalitat".
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