Lista de detenidos y fianzas impuestas a cada uno/a en el asunto que afecta al PP valenciano
El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el 'caso Imelsa', ha acordado citar al concejal del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Novo, para tomarle declaración como investigado en la causa que se sigue contra 29 personas por un presunto amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana.
Junto a las 24 personas que fueron detenidas en la operación anticorrupción desarrollada el martes y que ya han sido puestas en libertad provisional, en la causa hay otros 5 investigados que no fueron arrestados. Todos ellos, entre los que se encuentra Novo, serán citados por el titular de Instrucción 18.
Novo deberá comparecer el próximo miércoles por un presunto delito de blanqueo de capitales por estar (junto a otra persona que también declarará como investigada) autorizado para disponer de la cuenta de la Agrupación local del Partido Popular.
La investigación se centra en Imelsa (empresa vinculada a la Diputación de Valencia), la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la capital, Ciegsa (empresa creada por la Generalitat para la construcción de infraesturas educativas) y la Fundación Jaume II El Just, por realizar adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales. Se investigan contratos desde el año 2003.
Entre los 24 detenidos se encuentran el expresidente de la Diputación de Valencia, exalcalde de Xàtiva y expresidente del Partido Popular en la provincia de Valencia, Alfonso Rus; el exvicepresidente de la Corporación Provincial y exsecretario autonómico de Educación, Máximo Caturla; el exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Moncada, Juan José Medina; el exsecretario autonómico de Deporte y exdiputado en las Cortes Valencianas, David Serra; la exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, María José Alcón; el exgerente de la Fundación Jaume II El Just y exjefe de gabinete del Consell Juridic Consultiu, Vicente Burgos; el exalcalde de Genovés, Emilio Llopis; la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster y Salvador Deusa Ibanco, exjefe de sección de Evaluación y Planificación de la Diputación de Valencia. Además, fueron arrestados 12 empresarios, como supuestos cohechadores, dos arquitectos y un extrabajador del Ayuntamiento de Valencia (personal de confianza del grupo Popular).
Para cinco de ellos, (Rus, Caturla, LLopis, Medina y García Fuster) el fiscal solicitó prisión, petición que fue denegada por el magistrado instructor por entender que no concurrían los dos motivos que había esgrimido el Ministerio Público: riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. A los cuatro primeros, no obstante, el juez les impuso, como medida cautelar, la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.
Todos los arrestados están ya en libertad provisional. Mantienen su condición de investigados en esta causa en la que se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.
El instructor ha impuesto a 14 de ellos fianzas que oscilan entre los 15.000 euros y los dos millones de euros. Las fianzas impuestas no son para eludir la prisión. Son fianzas pecuniarias (no carcelarias) para garantizar la responsabilidad civil que tendrían que pagar los investigados en caso de ser condenados.
Este es el detalle:
1º. El exsecretario autonómico de Deportes y ex diputado en las Cortes Valencianas, David Serra: fianza pecuniaria de 15.000 euros.
2º. La secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster. Fianza pecuniaria de 150.000.
3º. El exgerente de la Fundación Jaume II El Just y exjefe de gabinete del Consell Juridic Consultiu, Vicente Burgos: fianza pecuniaria de 150.000 euros.
4º. Empresario. Exsuegro del exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, también investigado en la causa: fianza pecuniaria de 500.000 euros.
5º. Exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, María José Alcón: fianza pecuniaria de 150.000 euros.
6º. El exvicepresidente de la Corporación Provincial y exsecretario autonómico de Educación, Máximo Caturla: fianza pecuniaria de dos millones de euros.
7º. El expresidente de la Diputación de Valencia, exalcalde de Xàtiva y expresidente del Partido Popular en la provincia de Valencia, Alfonso Rus: fianza pecuniaria de dos millones de euros.
8º. El exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Moncada, Juan José Medina: fianza pecuniaria de un millón de euros.
9º. El exacalde de Genovés, Emilio Llopis: fianza pecuniaria de un millón de euros.
10º. Salvador Deusa Ibanco, ex jefe de sección de Evaluación y Planificación de la Diputación de Valencia: fianza pecuniaria de 200.000 euros.
11º. Empresario. Libertad provisional. Fianza de 200.000 para cubrir responsabilidad civil.
12º. Empresario. Libertad provisional. Fianza de 500.000 para cubrir responsabilidad civil.
13º. Empresario. Libertad provisional. Fianza de 500.000 para cubrir responsabilidad civil.
14º. Empresario. Libertad provisional. Fianza de un millón de euros para cubrir responsabilidad civil.
Todos, salvo la exconcejal de Cultura y un empresario que pasó ayer a disposición del juez, se acogieron a su derecho a no declarar.
En la operación, llevada a cabo en colaboración con la delegación en Valencia de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y el Crimen Organizado y con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil desarrollada por la Fiscalía y Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y se llevaron a cabo 34 entradas y registros en las tres provincias de la comunidad. Se registraron domicilios particulares de los investigados, sedes sociales de empresas (entre ellas la empresa pública CIEGSA) y fundaciones (entre ellas la Fundación Jaume II), la sede de un equipo de fútbol (Club Deportivo Olimpic de Xàtiva, del que Rus fue presidente) y la sede del grupo municipal del Partido Popular en Valencia.
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