La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha acordado interponer un recurso contencioso-administrativo contra la Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE) y, subsidiariamente, contra la Generalitat a raíz del escrito que este organismo público remitió a principios de junio en el que se negaba a limpiar y restaurar las cerca de 800.000 toneladas de residuos sólidos acumulados en el vertedero de Basseta Blanca de la localidad. El ayuntamiento solicitará, además, una auditoría ambiental para comprobar la situación del entorno natural y la comprobación del estado de los acuíferos subterráneos.
La respuesta del EMTRE del pasado 2 de junio se producía como consecuencia de la moción que el pleno del Ayuntamiento de Riba-roja aprobaba a instancias del PSPV en la que se denunciaba el estado de "abandono" y el peligro de contaminación de acuíferos que la presencia de las de 800.000 toneladas de residuos urbanos se concentran en este vertedero cuyo funcionamiento se prolongó entre los años 1983 y 1996, si bien los tres últimos años se realizaron de forma ilegal en contra de sentencias judiciales.
La petición aprobada ahora por la Junta de Gobierno de Riba-roja se centra en exigir las responsabilidades al EMTRE y a la Generalitat Valenciana, como responsable civil subsidiaria, para terminar con un foco de contaminación ambiental en los cerca de 125.000 metros cuadrados de extensión del enclave hasta el punto que las escorrentías que se generan por la presencia los residuos desciende en forma de lixiviados hasta la zona de la Canyà de la Senyoreta, un área donde existen acuíferos muy importantes.
La respuesta del EMTRE del pasado 2 de junio se producía como consecuencia de la moción que el pleno del Ayuntamiento de Riba-roja aprobaba a instancias del PSPV en la que se denunciaba el estado de "abandono" y el peligro de contaminación de acuíferos que la presencia de las de 800.000 toneladas de residuos urbanos se concentran en este vertedero cuyo funcionamiento se prolongó entre los años 1983 y 1996, si bien los tres últimos años se realizaron de forma ilegal en contra de sentencias judiciales.
La petición aprobada ahora por la Junta de Gobierno de Riba-roja se centra en exigir las responsabilidades al EMTRE y a la Generalitat Valenciana, como responsable civil subsidiaria, para terminar con un foco de contaminación ambiental en los cerca de 125.000 metros cuadrados de extensión del enclave hasta el punto que las escorrentías que se generan por la presencia los residuos desciende en forma de lixiviados hasta la zona de la Canyà de la Senyoreta, un área donde existen acuíferos muy importantes.
El alcalde acusa al EMTRE de eludir sus responsabilidades en el vertedero
El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, del PSPV, ha subrayado que la restauración de Basseta Blanca "es una asignatura pendiente que en materia de protección ambiental padecemos en nuestro municipio desde que en 1993 un decreto del entonces alcalde socialista ordenó el cierre al llegar al máximo de su capacidad de almacenamiento que, posteriormente, una sentencia del Tribunal Supremo ratificaba su cierre definitivo; sin embargo, desde entonces el PP no ha movido un dedo para regenerar el emplazamiento".
El gobierno de Riba-roja considera que entre los años 1993 -fecha de la firma del decreto del alcalde- y el año 1996 -con la sentencia del Supremo- se vertieron miles de toneladas de residuos orgánicos por parte de los municipios del área metropolitana de Valencia "de forma ilegal y provocaron el consiguiente deterioro ambiental de esta emblemática zona de nuestro municipio al que siguió un periodo de 20 años en los que el Partido Popular hizo dejación de funciones en su deber y lucha por exigir las pertinentes acciones para limpiar y regenerar la zona".
Raga incide en la firmeza "de este equipo de gobierno -formado por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida- por la protección de todo el patrimonio natural de nuestros vecinos ya que se trata de una fuente de riqueza notable por el atractivo turístico que supone la llegada de visitantes, de forma que pueden contemplar los espacios naturales y las zonas arqueológicas existentes; hay que recordar que durante años el PP ha rechazado numerosas mociones del PP y Esquerra Unida en las que reclamábamos responsabilidades por Basseta Blanca al margen de restaurarlo y sellarlo".
La resolución del gobierno de Riba-roja solicita, además, una valoración económica sobre los efectos que la acumulación de residuos sólidos en Basseta Blanca ha provocado sobre la sociedad local a lo largo de los más de 30 años que ha estado en funcionamiento "para dar servicio a los municipios del área metropolitana de Valencia sin que hasta el momento se haya recibido una contraprestación, por ello es necesario evaluar correctamente ese impacto".
La coalición de gobierno de Riba-roja recuerda que un informe municipal fijaba en 130.536 toneladas la capacidad máxima que Basseta Blanca podría albergar a lo largo de sus años de existencia, a un ritmo de cerca de 92.753 toneladas anuales, si bien estas cifras han quedado ampliamente rebasadas y superadas al contabilizarse en la actualidad más de 800.000 toneladas.
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