La FSC de CCOO en el País Valencia se ha reunido con el nuevo director general de Administración Local, Antoni Such, quien se ha comprometido a reclamar la modificación de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la administración local en el ámbito autonómico. La aplicación de esta norma, que es de carácter estatal, dificulta la contratación de personal en los municipios para poder llevar a cabo las competencias que éstos tienen atribuidos.
Desde que se tuvo conocimiento del cambio de la ley, el sindicato ha mantenido una campaña sostenida de movilizaciones, ya que considera que recorta los servicios públicos a la ciudadanía. El anterior Gobierno autonómico había dictado normativa propia en desarrollo de la Ley 27/2013 que podía suponer la perdida de servicios prestados por los ayuntamientos valencianos.
Al objeto de preservar estos servicios se ha valorado la conveniencia de que la Dirección General emita una circular aclaratoria de la Orden 1/2015 de 26 de mayo, que regula el procedimiento de obtención de informes para el ejercicio de las competencias en la administración local. La intención es que las corporaciones locales que cumplan los criterios económicos no tengan dificultades añadidas para seguir prestando servicios complementarios a los autonómicos en diversas materias: fomento de empleo, educativos, de servicios sociales, etc.
CCOO ha planteado también la necesidad de establecer foros de participación y negociación para tratar sobre las materias de competencia autonómica que afectan a las administraciones locales. Entre estas materias está el desarrollo obligatorio de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que se tendrá que realizar en tanto la norma estatal no sea derogada, modificada o anulada por el Tribunal Constitucional.
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