El PSPV de Llíria ha solicitado la dimisión del alcalde de la ciudad, Manuel Izquierdo, y de la concejala de urbanismo, Remedios Mazzolari, ambos del Partido Popular, a la raíz de las investigaciones de la Guardia Civil en las que acusa a ambos de varios presuntos delitos de prevaricación en relación al funcionamiento de una gravera en suelo protegido y en la falta de penalización a una empresa constructora que no entregó las obras de un programa de actuación integrada (PAI) en el plazo establecido.
El candidato socialista a la alcaldía de Llíria, Manuel Civera, considera que "llueve sobre mojado" en los asuntos urbanísticos de la capital del Camp de Túria "en una ciudad en la que existen diversos asuntos sobre los que se ciernen veladas acusaciones y presuntas irregularidades que no hacen sino paralizar y frenar el crecimiento económico en el que ahora más que nunca las empresas y el tejido social e industrial necesitan el apoyo de su ayuntamiento cuyo equipo de gobierno, además, está más pendiente de las luchas internas para decidir el cabeza de cartel para las próximas elecciones municipales de mayo que de la gestión diaria".
Las investigaciones de la Guardia Civil se iniciaron a raíz de una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción sobre diversas presuntas irregularidades urbanísticas en el término municipal. Por un lado, la recalificación por parte del Ayuntamiento de Llíria de una parcela sobre la que se asienta la actividad de una empresa dedicada a la extracción de áridos sobre suelo protegido en zona inundable. Al carecer de permiso para su actividad, el informe de la Guardia Civil considera que el alcalde y la concejala podrían incurrir en presunta prevaricación al no haber actuado en consecuencia.
Por otra parte, el otro eje de la investigación se centra en el PAI UE47-La Cima cuyas viviendas carecen de los mínimos servicios básicos de alcantarillado, alumbrado público y red de agua potable. La empresa encargada de las obras de urbanización recibió la adjudicación en el año 2011 pero no cumplió los plazos previstos en el pliego de condiciones para finalizar las obras. Sin embargo, paradójicamente, el ayuntamiento no aplicó las penalizaciones económicas y sanciones previstas para este tipo de casos, ni tan siquiera se le incoó el pertinente expediente sancionador.
El PSPV de Llíria ha solicitado la dimisión de ambos dirigentes "a la vista de estos hechos tan graves para la vida política y urbanística de esta ciudad lastrada durante toda esta legislatura por las anomalías, problemas y presuntas irregularidades urbanísticas que se han sucedido a lo largo de estos últimos años sin que el alcalde y la concejala hayan enmendado esta situación tan negativa para los intereses de nuestros ciudadanos".
De hecho, el grupo socialista edetano ha recordado que en el plazo de dos meses escasos se han sucedido hasta tres problemas con otros tantos PAI como declarar desierto la UE18 de Monteblanco por la negativa de los bancos a avalar una garantía económica de 74.000 euros, el PAI de Sant Vicent también declarado desierto por las deficiencias halladas por los técnicos municipales para llevar a cabo correctamente las obras o, el último de ellos, la UE14 cuyas obras están paralizadas desde julio de 2012 y con la mercantil encargada de las mismas en concurso de acreedores.
El candidato socialista a la alcaldía de Llíria, Manuel Civera, considera que "llueve sobre mojado" en los asuntos urbanísticos de la capital del Camp de Túria "en una ciudad en la que existen diversos asuntos sobre los que se ciernen veladas acusaciones y presuntas irregularidades que no hacen sino paralizar y frenar el crecimiento económico en el que ahora más que nunca las empresas y el tejido social e industrial necesitan el apoyo de su ayuntamiento cuyo equipo de gobierno, además, está más pendiente de las luchas internas para decidir el cabeza de cartel para las próximas elecciones municipales de mayo que de la gestión diaria".
Las investigaciones de la Guardia Civil se iniciaron a raíz de una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción sobre diversas presuntas irregularidades urbanísticas en el término municipal. Por un lado, la recalificación por parte del Ayuntamiento de Llíria de una parcela sobre la que se asienta la actividad de una empresa dedicada a la extracción de áridos sobre suelo protegido en zona inundable. Al carecer de permiso para su actividad, el informe de la Guardia Civil considera que el alcalde y la concejala podrían incurrir en presunta prevaricación al no haber actuado en consecuencia.
Por otra parte, el otro eje de la investigación se centra en el PAI UE47-La Cima cuyas viviendas carecen de los mínimos servicios básicos de alcantarillado, alumbrado público y red de agua potable. La empresa encargada de las obras de urbanización recibió la adjudicación en el año 2011 pero no cumplió los plazos previstos en el pliego de condiciones para finalizar las obras. Sin embargo, paradójicamente, el ayuntamiento no aplicó las penalizaciones económicas y sanciones previstas para este tipo de casos, ni tan siquiera se le incoó el pertinente expediente sancionador.
El PSPV de Llíria ha solicitado la dimisión de ambos dirigentes "a la vista de estos hechos tan graves para la vida política y urbanística de esta ciudad lastrada durante toda esta legislatura por las anomalías, problemas y presuntas irregularidades urbanísticas que se han sucedido a lo largo de estos últimos años sin que el alcalde y la concejala hayan enmendado esta situación tan negativa para los intereses de nuestros ciudadanos".
De hecho, el grupo socialista edetano ha recordado que en el plazo de dos meses escasos se han sucedido hasta tres problemas con otros tantos PAI como declarar desierto la UE18 de Monteblanco por la negativa de los bancos a avalar una garantía económica de 74.000 euros, el PAI de Sant Vicent también declarado desierto por las deficiencias halladas por los técnicos municipales para llevar a cabo correctamente las obras o, el último de ellos, la UE14 cuyas obras están paralizadas desde julio de 2012 y con la mercantil encargada de las mismas en concurso de acreedores.
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