Los cuatro grupos municipales de la oposición en el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona -PSPV, Compromís, CUPO y Esquerra Unida- han solicitado al equipo de gobierno, encabezado por la alcaldesa, Mari Carmen Contelles, del Partido Popular, que adapte el precio que se cobra a los terrenos urbanizables que todavía no se han desarrollado en materia del impuesto de bienes inmueble (IBI).
el TS dictó una sentencia reconociendo este derecho de los propietarios de terrenos sin la urbanización ejecutada
Los partidos de la oposición han presentado por registro de entrada una moción donde reclaman al gobierno municipal una adaptación de esta problemática surgida a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo después de que el Partido Popular de la Pobla se negase en el último pleno ordinario a debatir esta cuestión por la vía de la urgencia. De esta forma, el texto de la moción se tendrá que discutir en la próxima sesión plenaria.
PSPV, Compromís, CUPO y Esquerra Unida consideran que el fallo del Supremo avala la tesis del escrito presentado sobre aquellos terrenos declarados como "urbanizables" pero que en la práctica no dejan de ser rústicos ya que la crisis económica y el parón inmobiliarios no atisba ningún síntoma de que se puedan desarrollar a medio plazo.
El plan general de 2005 declaró urbanizables 7 millones de metros cuadrados
La oposición recuerda que el plan general de 2005 reordena el término municipal y declara urbanizables un total de 7 millones de metros cuadrados cuyos propietarios, en muchos casos, están pagando como urbanos "terrenos rústicos que sólo son urbanizables sobre unos papeles municipales que todavía no se han concretado en planes detallados de actuación a corto plazo; de hecho, la mayoría de los expertos hablan de décadas para que se reactive nuevamente el sector, sin olvidar que muchos propietarios sufren otros problemas como el paro o los recortes, por ello la situación puede llegar a ser desesperante para estas personas y el ayuntamiento tiene la obligación de corregir esta situación".
Los cuatro partidos de la oposición subrayan que valorar "tributariamente" un inmueble por encima del precio del mercado "va en contra del principio jurídico y tributario de capacidad económica, las valoraciones catastrales desproporcionadas sólo sirven para pagar cantidades de impuestos confiscatorios; los propietarios pagan un impuesto por servicios que no recibe".
A la vista de la situación, la oposición de la Pobla de Vallbona al completo reclaman al pleno municipal un mandato al equipo de gobierno para que identifique "con exactitud" la cantidad de parcelas que se hallan en esta situación, insta a los servicios jurídicos y a la intervención que estudie las consecuencias "jurídicas y económicas" para el ayuntamiento derivadas de la sentencia del Supremo y, por último, se solicita a la Gerencia del Catastro que aplique el coeficiente reductor máximo que correspondería a las parcelas urbanas que no se han desarrollado.
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