El gobierno ha dejado pasar medio millón de ejecuciones hipotecarias hasta reconocer que el consumidor tiene derecho a oponerse al embargo.
La actitud prevalente de la banca y el especial control ideológico y de lobby que tiene del gobierno Rajoy ha dejando ya a medio millón de familias sin casa. Uno de los derechos básicos de la Constitución no ha merecido ni una rectificación por parte del gobierno. Lo primero ha sido la banca y sus intereses, a la que además se le han entregado, directa o indirectamente millones y millones de euros que tendremos que abordar y pagar los ciudadanos porque forman parte de la deuda del Estado.
Seis años de problemas hipotecarios, más de medio millón de ejecuciones, más de 300.000 lanzamientos, han tenido que esperar los consumidores hipotecados para que el Gobierno modifique la Ley de Enjuiciamiento Civil. A partir de ahora, el afectado por un procedimiento de ejecución hipotecaria podrá apelar para reforzar su oposición al embargo aludiendo a la existencia de cláusulas abusivas en su préstamo.
Un plazo de un mes (hasta el 7 de octubre) para quienes han perdido en el juzgado y no pudieron recurrir en su día.
El resto de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que aborda "las modificaciones legales necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de julio de 2014, modificando la Ley de Enjuiciamiento Civil",
Así, explica el Gobierno, el deudor hipotecario "podrá interponer recurso de apelación contra el auto que desestime su oposición a la ejecución, si ésta se fundara en la existencia de una cláusula contractual abusiva". Es decir, las autoridades han tenido que esperar seis años de crisis hipotecaria, más de medio millón de ejecuciones hipotecarias y unos 300.000 lanzamientos a lo largo de estos años para modificar una ley profundamente injusta y abusiva.
Medidas forzadas por Europa, pero insuficientes a jucio de la PAH y de las Asociaciones de consumidores, entre ellas ADICAE
Las Asociaciones de consumidores, la PAH y los afectados de nuevo critican duramente al gobierno por no hacer público este recurso expres que se ha visto obligado a poner en funcionamiento instado por el Tribunal Europeo, pero insisten en que la reforma que esperan es la de la dación en pago con efecto retroactivo. Lo que ellos llaman 'la segunda oportunidad'.
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