FACUA-Consumidores en Acción denuncia que el Gobierno haya subastado el nacionalizado Catalunya Banc a precio de saldo a costa del dinero público recortado a los ciudadanos en sanidad y educación. Este martes se ha hecho público que el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha vendido el banco que más ha costado proporcionalmente a los contribuyentes al BBVA, tras garantizar éste un pago mínimo de 600 millones y máximo de 1.187 millones de euros.
La operación de venta de la entidad demuestra, una vez más, que el dinero público movilizado para salvar a la banca sólo ha servido para que inversores privados, fundamentalmente la propia banca, adquieran activos saneados a precio de saldo, mientras los ciudadanos ven recortados servicios tan esenciales como los servicios sociales, la sanidad y la educación.
Previa a la compra de hoy, el FROB cerró el pasado 18 de julio la venta de la cartera hipotecaria minorista de Catalunya Banc, resultado de la fusión de Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa. El fondo estadounidense Blackstone se comprometió a pagar 3.615 millones por un portafolio valorado en 6.392 millones. Además, y para hacer más atractiva la venta, ha establecido un sistema de protección de los litigios que la entidad tenga en el futuro.
FACUA recuerda que el Estado ha perdido más de 51.000 millones de euros en el intento de evitar la quiebra del sector financiero desde 2009. El volumen total de recursos comprometidos en ayudas asciende a 172.000 millones, en su gran mayoría de origen público.
Mientras tanto, decenas de miles de familias han sido desahuciadas de sus casas por la banca sin que el Gobierno haya hecho absolutamente nada para detener el proceso. Ni siquiera ante sentencias como la del pasado 17 de julio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que establece que la ley española sobre los desahucios (1/2013) coloca en una situación de inferioridad al deudor respecto del banco.
FACUA denuncia que lo que sí permite el Ejecutivo es que los pisos desahuciados sean comprados ahora a precios de saldo por agresivos fondos internacionales a través de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), el llamado banco malo, en lugar de sacar al mercado las bolsas de viviendas de las entidades financieras intervenidas a precios justos, que faciliten el realojamiento de las personas en situación de desprotección.
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