El 9 de Julio, en el PAÍSVALENCIÁ CCOO – UGT convocan Asambleas de Delegados en las 3 provincias, finalizando con concentraciones de delegados ante la Delegación de Gobierno de Valencia, y lasSubdelegaciones de Alicante y Castellón. Se ha presentado una mociónante las Cortes Valencianas y se va hacer lo mismo en los Ayuntamientos.
El día 9 de julio, tendrán lugar concentraciones ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en toda España, en defensa de la libertad sindical y de los y las sindicalistas afectados y afectadas por los procesos. Previamente, se celebrará la asamblea de delegados y delegadas sindicales de l'Horta, convocada a las 10:00 en el salón de actos de la sede de CCOO PV en Valencia. En el País Valenciano, las concentraciones se celebrarán a las 12:00, en los siguientes puntos:
- Valencia. Delegación del Gobierno. Calle Colón, 60.
- Alicante. Subdelegación del Gobierno. Plaza Muntanyeta, 6.
- Castellón. Sudelegación del Gobierno. Plaza María Agustina, 6.
- Valencia. Delegación del Gobierno. Calle Colón, 60.
- Alicante. Subdelegación del Gobierno. Plaza Muntanyeta, 6.
- Castellón. Sudelegación del Gobierno. Plaza María Agustina, 6.
Tras la importante participación en las movilizaciones en Madrid, Navarra y Galicia, llaman a la participación en las movilizaciones convocadas en todo el país para el próximo miércoles 9 de julio dentro de la campaña "No nos van a callar" que han puesto en marcha los sindicatos en respuesta a la ofensiva penal contra el derecho a huelga y la libertad sindical.
Para CCOO y UGT, se está aplicando una restricción desproporcionada del ejercicio del derecho de huelga, que durante más de treinta y cinco años se ha venido ejerciendo de manera democrática y constitucional por parte de los trabajadores de este país y que se ha caracterizado en todo momento por la ausencia de violencia. Casi 300 sindicalistas están sometidos a un proceso judicial, algunos incluso con petición de penas de 8 años de cárcel, tan solo por el hecho de ejercer el derecho constitucional de huelga.
Según denuncian los sindicatos, se ha creado una dinámica de criminalización de la acción sindical con el fin de desalentar a los trabajadores en el derecho a movilizarse y de presentar la imagen del derecho a huelga como si fuese una práctica delictiva.
Por ello, ambas organizaciones se han dirigido al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía con el objetivo de que se cambie el Código Penal y reponer de esta manera los derechos fundamentales que se están socavando.
Toxo y Méndez se reúnen con el presidente del Consejo General del Poder Judicial
Toxo y Méndez transmiten al presidente del CGPJ la inquietud sindical por algunas actuaciones penales desproporcionadas e injustificadas
Los secretarios generales de CCOO y UGT han manifestado al presidente del Consejo General del Poder Judicial la preocupación de las organizaciones sindicales y la alarma social generada por las actuaciones penales desproporcionadas e injustificadas contra responsables sindicales y trabajadores, por el ejercicio del derecho de huelga.
Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez han hecho entrega a Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, de un estudio sobre la necesidad de la reforma del código penal en lo que se refiere al art. 315.3 y de un informe sobre la situación de los procedimientos judiciales en marcha contra responsables sindicales y trabajadores, por el ejercicio del derecho de huelga, algunos ya resueltos con sentencias judiciales.
Ambos dirigentes han manifestado su preocupación por el posible cambio de criterio en la Fiscalía del Estado en los dos últimos años, a través de los autos de calificación de los diversos supuestos porque, como ha afirmado Toxo, “en el caso de las compañeras de Pontevedra, juzgadas y sentenciadas ya por unos incidentes en una piscina municipal, la sentencia en 1ª instancia fue de 6 meses y el recurso del fiscal deriva en una sentencia condenatoria de 3 años, apelando al art. 315.3 del código penal que no se había utilizado en el juicio oral”.
“Aunque sabemos que el CGPJ no emite instrucciones a los juzgados, y conocemos la ponderación de muchas de las sentencias judiciales, queríamos transmitir a su presidente la inquietud sindical por algunas actuaciones penales desproporcionadas e injustificadas”, ha declarado el secretario general de CCOO.
Finalmente, Toxo ha hecho un llamamiento al gobierno para que acepte con prontitud las peticiones de indulto y que “ninguna persona entre en prisión por el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho de huelga”.
Ambos dirigentes han manifestado su preocupación por el posible cambio de criterio en la Fiscalía del Estado en los dos últimos años, a través de los autos de calificación de los diversos supuestos porque, como ha afirmado Toxo, “en el caso de las compañeras de Pontevedra, juzgadas y sentenciadas ya por unos incidentes en una piscina municipal, la sentencia en 1ª instancia fue de 6 meses y el recurso del fiscal deriva en una sentencia condenatoria de 3 años, apelando al art. 315.3 del código penal que no se había utilizado en el juicio oral”.
“Aunque sabemos que el CGPJ no emite instrucciones a los juzgados, y conocemos la ponderación de muchas de las sentencias judiciales, queríamos transmitir a su presidente la inquietud sindical por algunas actuaciones penales desproporcionadas e injustificadas”, ha declarado el secretario general de CCOO.
Finalmente, Toxo ha hecho un llamamiento al gobierno para que acepte con prontitud las peticiones de indulto y que “ninguna persona entre en prisión por el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho de huelga”.
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