El Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona ha instalado cámaras de vigilancia en el parque municipal Benjamín Civera para reducir el índice de delitos y gamberradas en la vía pública, especialmente, en las áreas de mayor aglomeración los fines de semana. El PSPV ha denunciado que todavía falta la autorización del Ministerio del Interior a través de la Delegación del Gobierno y de la Agencia de Protección de Datos.
El PSPV de la Pobla considera una clara vulneración del derecho a la imagen e intimidad de las personas y los transeúntes que en la central de la policía local se puedan visionar ya las imágenes de las cámaras instaladas en el citado parque municipal antes de que el Ministerio -administración competente- autorice este procedimiento de vigilancia.
Los hechos denunciados se remontan a unas semanas atrás cuando el equipo de gobierno del Partido Popular, encabezado por la alcaldesa Mari Carmen Contelles, decidió instalar cámaras de vigilancia en el parque principal del casco urbano de la Pobla -en pleno centro- para incrementar la seguridad ciudadana y reducir el incremento de los delitos y las gamberradas juveniles.
El PSPV ha denunciado que se han instalado ya 2 cámaras en el parque municipal aunque hay previsto instalar un total de 5, otras 3 en el camino de acceso a la estación del metro y otras tantas en las principales urbanizaciones de la localidad. Sin embargo, las cámaras existentes en el parque municipal se han puesto ya en funcionamiento antes de que la Delegación del Gobierno autorice su funcionamiento ya que en las últimas semanas se han producido diversos incidentes en los alrededores.
El portavoz municipal del PSPV, Mikel Aragón, ha lamentado que la alcaldesa, Mari Carmen Contelles, del Partido Popular, y el resto del equipo de gobierno "hayan actuado al margen de la legalidad ya que un representante político debe respetar siempre el ordenamiento jurídico vigente pues deben convertirse en un espejo de pulcritud y máxima exigencia ante la opinión pública y los ciudadanos".
La gravedad del caso es mayor por cuanto la concejala de seguridad ciudadana, Sara Montañana, ha asegurado en reiteradas ocasiones en sesión plenaria -a preguntas siempre del PSPV- que las cámaras de vigilancia todavía no estaban en funcionamiento ya que carecían de su aprobación definitiva por parte de la Delegación del Gobierno. Sin embargo, el PP ha hecho caso omiso.
Las imágenes que se obtienen a través de los vídeos se pueden visualizar desde hace varios días en las instalaciones de la policía local sin ningún tipo de problema, a pesar de que carecen de un respaldo jurídico. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) establece sólo dos casos para instalar cámaras permanentes.
El primero de los casos se restringe a los Cuerpos de Seguridad del Estado por motivos de seguridad y prevención del delito y el segundo caso con cámaras privadas bajo la supervisión de la propia Agencia siempre que cumplan unos requisitos como que sólo pueden colocarlas empresas de seguridad y únicamente pueden enfocar espacios que no sean excesivos como las ventanas o los portales de los edificios. Sin embargo, en el caso de la Pobla todavía no se han obtenidos los correspondientes permisos oficiales para visualizar las imágenes de la vía pública.
El PSPV considera una "contradicción" los argumentos ofrecidos por el equipo de gobierno sobre la instalación de las cámaras de vigilancia ya que "por una parte aseguran que los delitos se han reducido en los últimos tiempos a pesar de no ofrecer ningún tipo de dato oficial y, sin embargo, deciden instalar dispositivos de captación y grabación de imágenes, sus razones carecen de lógica".
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